El ombudsman de la Ciudad de México, Emilio Alvarez Icaza, exigió hoy al procurador capitalino, Bernardo Bátiz, admitir que la tortura es una práctica constante en las autoridades del Distrito Federal y emprender acciones para castigar a servidores públicos que incurran en ella.
En las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el ombudsman señaló que las declaraciones de Bátiz, quien dijo recientemente que no está de acuerdo con el concepto de tortura aplicado por la comisión, representan una negativa para erradicar esa práctica.
Tras presentar la recomendación 2/2003, que hace referencia a un caso de tortura en el Reclusorio Varonil Norte, Alvarez Icaza indicó que las declaraciones del procurador del Distrito Federal «están mal justificadas porque nuestro concepto de tortura está basado en los instrumentos internacionales de derechos humanos».
El pasado 4 de abril, Bátiz aseguró que «la caricatura del torturado ya no existe en la Policía Judicial… como resultado de las detenciones pudiera haber un exceso de fuerza y algunos forcejeos, pero no la tortura como usualmente se conoce».
Al respecto, Alvarez Icaza aseveró que Bátiz se niega a «llamar las cosas por su nombre», por lo que le solicitó redoblar los esfuerzos para que en el Distrito Federal se erradique la tortura como una práctica en el desempeño de los servidores públicos.
Hasta ahora, aseguró, no existe en la Ciudad de México un solo servidor público castigado por tortura, aunque sabemos que esta práctica es una realidad en su ejercicio cotidiano, agregó Alvarez Icaza.
Exigió al procurador capitalino «mandar un mensaje a las autoridades de que no van a permitir la tortura» a través de acciones para castigar a funcionarios públicos que recurran a esta práctica con el fin de obtener confesiones o tratar de someter a las personas.
Informó que el año pasado, la CDHDF recibió 23 denuncias de tortura, la mayoría de reclusos en los diferentes centros penitenciarios del Distrito Federal.
No obstante, reconoció que existe una «cifra negra» en materia de tortura toda vez que la CDHDF no cuenta con elementos para saber la dimensión real del problema, ya que la mayoría de los denunciantes se niegan a continuar por miedo a posibles represalias de autoridades y personal de seguridad y custodia.
2003/MM/MEL
| |
disponible para periodistas y medios de comunicación impresos y electrónicos por favor citen la fuente El servicio informativo se realiza gracias al apoyo |
