Lucrecia iba caminando sobre la calle Camino Real en Cholula rumbo a su casa; acababa de salir de clases en la Universidad de las Américas Puebla. Cuando cruzaba la calle un sujeto le aventó la motocicleta. Después de la conmoción se dio cuenta de que era su ex novio.
Él estudiaba la misma carrera, ahí se conocieron. Una tarde, durante su noviazgo, ella se encontraba en un salón de clases escribiendo en su celular. Él, con tal de saber con quién hablaba, intentó quitárselo a la fuerza. Ella se lo arrebató y forcejearon. Su ahora ex novio le apretó la mano hasta lastimarla y lograr que soltara el teléfono. Una semana después, y tras hablar con sus padres, Lucrecia terminó con él.
Luego comenzó el acoso que duró un año y aunque lo buscó, Lucrecia encontró poco apoyo en su universidad.
FALTA DISCIPLINARIA
Para la mayoría de las universidades poblanas un caso de acoso u hostigamiento sexual es sólo una falta disciplinaria.
Únicamente dos de las siete instituciones revisadas por LADO B, entre las que se incluyen las más prestigiadas a nivel local, cuentan con protocolos específicos para la atención de estos delitos: BUAP e Ibero, aunque ello no garantiza su correcta aplicación.
El acoso y el hostigamiento sexuales son delitos contemplados en el Código Penal del estado de Puebla en los artículos 278 bis y ter.
El acoso se refiere a conductas verbales, físicas o ambas, que pongan en riesgo, causen daño o sufrimiento psicoemocional a cualquier persona.
El hostigamiento, por otro lado, se da cuando alguien se vale de su jerarquía laboral, docente, doméstica o de cualquier otro tipo para asediar, hacer propuestas, utilizar lenguaje lascivo o solicitar cualquier acto de naturaleza sexual.
El director de Licenciatura de la Escuela Libre de Derecho, Roberto Mendoza Zárate, explicó a LADO B que para que el delito se configure no es necesario que haya tocamientos en los genitales, sino que puede ser a través de palabras, miradas o aproximaciones que pongan en riesgo la estabilidad psicoemocional de la persona.
En el estudio “La percepción del hostigamiento y acoso sexual en mujeres estudiantes en dos instituciones de educación superior”, de Claudia Alejandra Hernández, Martha Jiménez y Eduardo Guadarrama, se plantea que si las universidades no dan un tratamiento adecuado del acoso sexual, los casos pueden incrementarse, además de generar un ambiente hostil que limite la capacidad de los y las estudiantes.
Tras revisar los protocolos y reglamentos de siete universidades poblanas, así como entrevistar a sus respectivas autoridades, la constante encontrada es que el acoso y el hostigamiento no son conductas específicas susceptibles de sanción incluidas en los reglamentos internos, sino que las instituciones atienden los casos como faltas disciplinarias, es decir, como cualquier falta a la sana convivencia.
El acoso y hostigamiento sexuales son delitos que van a la alza en Puebla: de 2011 a 2015 se triplicó el primero, y el segundo subió 137 por ciento, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal.
El problema se agrava al considerar que, de acuerdo con Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Ibero Puebla, la cifra negra -es decir los delitos que no se denuncian- ronda el 94 por ciento.
Como contexto, el estado destaca por violencia en el ámbito escolar a nivel nacional. La CEAV refirió en su informe de 2016 que las Secretarías de Educación Pública federal y estatales reportaron 616 casos de violencia sexual contra mujeres, 106 de los cuales tuvieron lugar de 2010 a septiembre de 2015 en Puebla, el estado con más incidentes.
Asimismo, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 indica que en Puebla 24.1 por ciento de las mujeres de 15 años o más sufrieron violencia en el ámbito escolar; de ellas una de cada diez sufrió violencia de tipo sexual.
Y sólo uno de cada diez casos de violencia sexual que se denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado, de enero de 2010 a junio de 2015 llegaron a los tribunales, es decir, que en nueve de cada diez casos la investigación no prosperó, de acuerdo con el Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México, que dio a conocer Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
LUCRECIA: ACOSO DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA
Durante los últimos meses del semestre, el ex novio de Lucrecia la seguía por la universidad y hablaba con sus amigos para que la convencieran de regresar con él. Una tarde al llegar a su casa se dio cuenta de que la había seguido; en ese momento le pidió que la dejara en paz. Pero el acoso continuó. Ella ya no quería ni salir de su cuarto.
Cuando empezó a sentirse sobrepasada por la situación, debido a que él la seguía todo el tiempo, Lucrecia -cuyo nombre real fue cambiado para mantener el anonimato- habló con profesores y con su Decano, quienes le recomendaron mandar una carta al Consejo estudiantil (CE-Udlap), de la cual no obtuvo respuesta.
El Decano también se reunió con ella, sus padres y su ex novio para que cesara el acoso. Aunque el joven prometió dejar de molestarla, todo el verano le escribió mensajes, hablaba mal de ella, de su familia y de sus amigas. La chantajeaba constantemente, diciendo que si no regresaba con él la acusaría con su familia de cosas que eran mentira o amenazando con demandar a su padre.
La estudiante decidió entonces denunciarlo por acoso y agresión física, pero el Ministerio Público no quiso levantar la denuncia porque desde su perspectiva no se configuraban los delitos. Por eso tampoco logró conseguir una orden de protección para que su ex novio dejara de perseguirla.
Pidió entonces ayuda al Jefe de Departamento, quien le prometió presionar a la vicerrectora para que hiciera algo, y envió otra carta al CE-Udlap. Lucrecia se quedó de nuevo sin respuesta, aunque después de su caso Apoyo Estudiantil ha intentado prevenir situaciones de violencia a través de videos y charlas.
Se buscó al CE-Udlap para saber su versión sobre el caso de Lucrecia, pero la respuesta fue que los integrantes del consejo habían cambiado y que no podían saber con certeza si habían llegado las cartas referidas, ni tampoco cuál había sido la respuesta.
Poco después, en un proyecto universitario sobre violencia de género del área de Apoyo Estudiantil, ella presentó su caso. Los encargados del proyecto le dijeron que podían comunicarlo a sus superiores pero no iban a hacer nada, porque era una situación muy fuerte.
Lo último que hizo su ex novio fue demandar al papá de Lucrecia, alegando falsamente que habían trabajado juntos y le debía dinero. La demanda no procedió pero el acoso continúa. La única solución para Lucrecia fueron las redes sociales:
—Al ver que nadie me hacía caso, si me mandaba un correo o mensaje, todo lo subía a Facebook. Si la gente no sabe lo que te está pasando y quieres ayuda pues ¿qué haces?
RUBÍ: ORGANIZACIÓN VS EL HOSTIGAMIENTO
Cuando Rubí Cervantes estudiaba los primeros cuatrimestres en la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue víctima de hostigamiento por parte de un profesor que además era su tutor, esa figura institucional a la que los estudiantes se acercan en caso de tener algún problema.
“Él se llama Rafael Aluni Montes, y por lo que sé, lleva muchísimo tiempo en la Facultad. Tomé una clase con él y había miradas muy incómodas, cuando me lo encontraba en los pasillos, me invadía. Me decía que nos viéramos a solas, que (fuera) a conocer su clínica y me decía ‘pero que no venga nadie, que no vengan tus amigas’. Procuraba que yo estuviera sola. Fui a donde estaba su clínica, me la enseñó y se me empezó a insinuar, (a sugerir) que si teníamos algo.
Yo le dije que no y le hablé a una amiga, a la que le había dicho que iría, (para pedirle) ‘sácame de aquí’. Después hubo constantes insinuaciones, me seguía invadiendo, esperaba espacios como que estuviera sola para volvérseme a insinuar, y miradas lascivas. Me generó mucha ansiedad, yo no podía estar tranquila en la Universidad. En ese momento yo no sabía que estaba siendo acosada, no lo distinguía, me sentía muy incómoda con la situación”.
El asedio duró meses: mientras era su alumna e incluso después. Con el paso del tiempo Rubí se enteró de que no había sido la única víctima de ese profesor, y además se enteró de que no era el único profesor que hostigaba a las alumnas.
El colectivo “Hablemos de Género y Algo Más” resultó del interés de las estudiantes de Psicología por denunciar y emprender acciones contra las violencias de género. En marzo de este año, el colectivo realizó un escrache, una acción para denunciar y visibilizar el acoso y hostigamiento en la Universidad. En un cartel, además de estudiantes de Psicología, escribieron sus relatos alumnas de Sociología, Derecho, Administración de Empresas, Veterinaria y Antropología.
Antes del escrache, las estudiantes de “Hablemos de Género y Algo Más” fueron a la Secretaría Académica de su Facultad para preguntar cómo podían denunciar a los profesores que habían acosado a estudiantes; ahí les dijeron que debían escribir en un oficio sus nombres, matrículas, los hechos, el nombre del profesor, además de recabar y anexar toda prueba que sustentara su dicho. El procedimiento terminaría con citar al profesor acusado para hablar con él y luego a las jóvenes víctimas de su acoso.
A Rubí le dijeron que debido a la antigüedad de su caso y el de sus compañeras, era preferente que encontraran a una joven que recientemente hubiera sufrido hostigamiento por el mismo profesor y que quisiera denunciar, para que ellas se sumaran a la denuncia.
Así, decidieron difundir la información y aunque recibieron testimonios recientes, ninguna de las que se acercaron al colectivo quiso denunciar formalmente a su profesor.
El Procedimiento para la Atención de Denuncias sobre Hostigamiento y Acoso Sexual en la BUAP, como protocolo para estos casos, implica presentar una denuncia (escrito libre, por web o de forma oral) ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, en donde se señale: nombre, edad y domicilio tanto de la víctima como del victimario; la descripción de la relación académica, el relato detallado de los hechos, las pruebas, firma, lugar y fecha de denuncia.
LADO B entrevistó a la Defensora de los Derechos Universitarios, Miriam Olga Ponce Gómez, quien explicó que en la mayoría de los casos “lo que hacemos es conciliar; cuando la situación es muy grave la abogada general es la que conoce el procedimiento, cuando el caso amerita una sanción, la abogada es la única que puede sancionar. Nosotros somos como una institución conciliadora y de buena fe. Llamamos a las partes, platicamos con ellas. Incluso a las compañeras las mandamos a apoyo psicológico”.
En el procedimiento se establece que la Defensoría es la encargada de documentar la versión de los acusados para turnar los asuntos al Despacho de la abogada general para resolverlos y sancionarlos.
—Nosotros desde un principio vamos a las unidades académicas y lo que hacemos es prevención. Este programa de Cuenta Conmigo llevó a las unidades académicas un violentómetro –dice la Defensora de los Derechos Universitarios.
—La universidad nunca nos dijo: esto es acoso y esto se tiene que hacer, todo lo tuvimos que descubrir nosotras. Nadie nos lo dijo. Este procedimiento ni siquiera es algo preciso, porque una oficina dice una cosa distinta a lo que dice la otra ¿cómo sabes qué es lo que tienes que hacer? es muy confuso. No hay un protocolo, no existe un protocolo, o al menos no que sea visible –asegura Rubí Cervantes.
Mediante una solicitud de información se sabe que en 2014 hubo siete denuncias: cuatro de alumnas de la Facultad de Medicina, una de Cultura Física, una de Derecho y Ciencias Sociales, y una del Instituto de Física. En 2015 hubo una denuncia de una alumna en el Hospital Universitario. En 2016, otra, de la Facultad de Ingeniería, y en 2017 una de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales.
En la misma solicitud de información se preguntó cómo se había sancionado a los profesores señalados como acosadores, pero la respuesta no ofreció ningún dato al respecto.
A finales de 2016 la Universidad lanzó su campaña “Cuenta conmigo”, entre cuyos objetivos se estableció el “educar en condiciones de igualdad fomentando la equidad”.
Con base en ello se le solicitó a la BUAP información sobre las fechas marcadas en su metodología para capacitar con perspectiva de género a los docentes. ¿La respuesta? Un foro, un conversatorio y cuatro ciclos de conferencias abiertos a todo público, que se llevarán a cabo entre agosto del 2017 y enero del 2018. Ninguna acción específica.
—No pasa nada, no se están sancionando esas conductas y no se está haciendo nada para evitarlas. La Facultad, la Universidad tiene cosas muy buenas, finalmente mi formación ha sido ahí, pero también tiene que ser criticada y juzgada bajo un enfoque que no se tiene –dice Rubí.
ALEXANDRA: ACOSO SISTEMÁTICO EN LA BIBLIOTECA
El viernes 5 de mayo de 2017 Alexandra García Perrusquía tuvo el día libre en el trabajo, por lo que decidió pasar la mañana y la tarde leyendo en la biblioteca de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), como cuando era estudiante. Estaba en los cubículos individuales, ubicados en el segundo piso, cuando a eso de las cinco y media de la tarde un joven delgado tocó la puerta. Este le propuso contestar una encuesta, y Alexandra accedió, así que el joven se sentó en la silla de enfrente.
No llevaba hojas ni nada en qué anotar; sólo le pidió el pie a Alexandra. Le dijo que estudiaba Fisioterapia y necesitaba revisarla. Ella, un poco extrañada, se descalzó y le dio el pie.
Las primeras preguntas no le parecieron extrañas a Alexandra: ¿Te duele alguna parte? ¿Haces ejercicio? ¿Caminas mucho? Ella respondía mientras él masajeaba su pie.
Luego le pidió permiso para quitarle la calceta; Alexandra se sintió un poco incómoda pero le dio permiso. Él siguió con las preguntas: ¿Usas algún aparato ortopédico? ¿Tienes alguna molestia? Ella le dijo que ninguna, que lo único es que estaban un poco resecos.
Entonces las preguntas cambiaron de tono: el joven le dijo que si había escuchado sobre prácticas fetichistas, porque el semen era muy bueno para hidratar la piel. Alexandra intentó quitar el pie, pero él lo sostuvo y mirándola a los ojos le dijo: ¿Lo has probado? ¿Te gustaría probarlo? Estaba impactada y alcanzó a decir “no” varias veces, mientras quitaba el pie para ponerse rápidamente la calceta. El joven se paró, le dijo que tenía unos pies muy bonitos y se fue, dejándola congelada en la silla.
Después de diez minutos sin saber qué hacer, Alexandra bajó corriendo las escaleras de la biblioteca y pidió ayuda al personal de seguridad, quien revisó las cámaras para identificar al joven delgado y lo rastreó al poco tiempo: aún estaba dentro de la Udlap. Mientras intentaban calmar a Alexandra diciendo que nunca había pasado algo así en la institución, los guardias de seguridad sacaron al joven y prometieron que nunca más entraría. Alexandra habría preferido que llamaran a la policía, pero nunca le preguntaron si quería proceder y el joven simplemente se fue.
Al día siguiente Alexandra quiso levantar una denuncia por acoso sexual, pero la ministerio público que la atendió, Elizabeth Contreras García, le dijo que no procedía ya que el joven no la violó y no le tocó sus “partes íntimas”, además de que ella accedió a darle el pie.
El código penal de Puebla establece que el acoso puede consistir en palabras, actos o ambos relacionados con la sexualidad, pero no menciona que sea necesario tocar los genitales o ciertas partes del cuerpo para que se configure el delito.
Alexandra le contestó que sí accedió a darle el pie, pero no con intenciones eróticas. Contreras sólo levantó un registro de atención con el número 762/2017/CHOLULA y le dio un documento dirigido a Juan Luis Galán Ruiz, director de la Policía Ministerial, pidiéndole que investigara los hechos, que entrevistara a testigos y demás datos útiles para esclarecer el caso.
La semana siguiente Alexandra llevó el documento a las oficinas centrales de la Fiscalía, ubicadas sobre el bulevar 5 de Mayo, y hasta allí quedó el asunto penal.
De acuerdo con el Artículo 278 del Código penal del estado de Puebla, el delito de acoso sexual se persigue de oficio en caso de que la víctima sea menor de edad o estuviera privada de razón, y en los demás casos “se procederá contra el responsable a petición de parte ofendida”.
El mismo día que Alexandra sufrió la agresión escribió lo que le había pasado en su muro de Facebook; en las horas y días subsecuentes la joven recibió quince mensajes de mujeres contando que el mismo joven las había abordado y de personas diciendo que a una mujer cercana –novia o amiga- también le pasó un incidente similar. Casi todas las víctimas estaban dentro de las instalaciones de la Udlap cuando las acosó el joven delgado, la mayoría se encontraba sola en los cubículos –como Alexandra- y a algunas les tomó fotografías de los pies.
Las historias de acoso que le escribieron a Alexandra transcurrieron durante finales de 2016, pero sobre todo en fechas próximas a vacaciones de semana Santa de 2017 y algunas, incluso, días antes del incidente de Alexandra. Ninguna de las chicas a las que el joven acosó antes que Alexandra denunció, muchas de ellas sintieron vergüenza, no supieron qué hacer o no le dieron importancia debido a que no las tocó, aunque se sintieron incómodas con la propuesta de masajear sus pies y la insistencia del joven.
LADO B buscó a las autoridades de la Udlap para conocer su versión sobre el caso. El director de Comunicación, Izraim Marrufo Fernández, respondió por medio de un correo electrónico que no hay casos de acoso sexual en la universidad y que en el caso de Alexandra el implicado era un externo y no un estudiante, además se le ofreció “denunciar con acompañamiento legal, pero Alexandra decidió en ese momento no ir a denunciar”, aunque en el momento en que ella lo desee se le brindaría el apoyo y acompañamiento legal.
La joven sí denunció la agresión, pero la universidad nunca le brindó la asesoría legal y hasta el momento no le han ofrecido acompañamiento de ninguna clase.
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
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