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Sonorenses aguardan amparo contra reforma antiaborto

Por Carolina Velázquez, enviada

El porcentaje de nacimientos en madres adolescentes menores de 20 años en el estado de Sonora es de 18.7 por ciento, superior a la media nacional que es de 17.8 por ciento.

Una de las causas de muerte materna (MM) en esta entidad federativa, ubicada al norte de la República Mexicana, es el aborto, según el informe “Rendición de Cuentas 2007”, de la Secretaría de Salud (Ssa), con un índice de 44.4 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 55.8.

En esta región, 65.7 por ciento de las adolescentes —con 12 años de edad o más— con vida sexual han estado embarazadas, de acuerdo con un reporte de Cimacnoticias.

En 2008, entre la población juvenil —de 15 a 19 años de edad— el 36.4 por ciento de las mujeres usó el preservativo en su primera relación sexual, señala esta agencia informativa.

La infección más común fue la candidiasis urogenital, con una incidencia de 99.22 casos por cada 100 mil habitantes, le siguió la sífilis adquirida con 16.82 y el Virus del Papiloma Humano (VPH) con 7.33.

En México, Sonora fue el primer estado que acordó modificar la Constitución como parte de la estrategia de organizaciones de derecha para “proteger la vida” desde el momento de la concepción-gestación y criminalizar así el aborto legal.

El Congreso local aprobó el 21 de octubre de 2008 la reforma al artículo 1º de la Constitución estatal, la cual estipula que “el estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural”.

La reforma se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del estado en abril del 2009.

A partir de esta modificación –el mismo día de la reforma– los ayuntamientos recibieron el mandato de analizar y aprobar en sus Cabildos la reforma que blinda al Estado contra futuras propuestas para despenalizar el aborto.

Así, a inicios de abril de 2009, 43 de los 72 municipios aprobaron la Ley 174 de la reforma constitucional, y con ello se determinó que se cubrieron los requisitos que establece el artículo 163 de la Constitución Política estatal, permitiendo la entrada en vigor y efectivo cumplimiento de la nueva reforma.

Pese a estas modificaciones, el Código Penal permite la interrupción legal del embarazo en algunas causales.

El artículo 269 de ese código dice que la interrupción legal del embarazo se permite cuando sea resultado de una violación o sea provocado accidentalmente (o, como dice la ley por conducta culposa).

El artículo 270 señala que también se permite cuando “de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora”.

A inicios de mayo de 2009, mujeres de diversas organizaciones no gubernamentales del sur del estado de Sonora pidieron juicio político contra Jorge Sáenz Félix, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por no haber defendido sus derechos humanos al negarse a interponer la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al artículo 1º de la Constitución del estado.

Tres semanas más tarde, 72 mujeres de los municipios de Hermosillo, Empalme y Cajeme, presentaron amparos ante los Juzgados de Distrito en el estado por considerar que la reforma constitucional estatal vulnera y desconoce los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución federal.

A inicios de junio de 2009, los jueces de Distrito de Sonora admitieron los amparos y aún están en trámite.

Esta información se presentó hoy en esta ciudad en el taller “Por una Maternidad Libre y Voluntaria” con periodistas estatales, y se comentará el próximo domingo en Ciudad Obregón durante un encuentro con profesionales de la comunicación.

Ambos eventos forman parte de la campaña que lleva el mismo nombre y que se promueve, con apoyo de la Fundación Ford, en 18 entidades federativas de la República Mexicana y cuatro países de Centroamérica (Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador).

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