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Sostiene gobierno que cumple con sentencia de CoIDH

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Mientras que organizaciones y las familias de víctimas de feminicidio, en Ciudad Juárez, Chihuahua, denuncian que el Estado mexicano “simula” cumplir con la sentencia Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el gobierno federal insiste en que ya cumplió con las medidas de reparación inmediatas.

Hoy, Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, a un año de la condena internacional por feminicidio, el Estado mexicano otorgó la indemnización económica a las familias, les brindó asistencia médica, creó un banco de información genética para identificar a las víctimas de este delito y también un micrositio para registrar las desapariciones de mujeres y niñas.

Aseguró que el memorial para dignificar a las víctimas de feminicidio, halladas en Campo Algodonero, en noviembre de 2001, estará listo el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha en la que el Estado mexicano hará el reconocimiento público de responsabilidad internacional por el asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Berenice Ramírez.

De acuerdo con Irma Monreal, madre de Esmeralda Herrera Monreal, una de las tres jóvenes víctimas de feminicidio, señaló a Cimacnoticias, una semana antes del primer aniversario de la sentencia que ninguna autoridad se había acercado a su familia para brindarle atención médica o para llegar a algún acuerdo en alguno de los puntos de la sentencia.

Durante el foro Diálogos sobre Protocolos de Atención y Prevención de la Violencia de Género, que se realizó hoy en la cancillería mexicana, el funcionario detalló que en el orden federal y local publicaron la sentencia, emitida por la CoIDH en diciembre de 2009.

En correspondencia con la indicación de la Corte, “continúan con la estandarización de los protocolos de investigación de los ministerios públicos para apegarlos a estándares internacionales, que permitan la investigación y sanción de manera adecuada para quienes cometen violencia sexual y de género”, mencionó el funcionario.

Para el cumplimiento de ese resolutivo se creó un grupo de trabajo, encabezado por la Procuraduría General de la República (PGR), integrado por especialistas como Samuel González Ruiz, Efraín Nieves y a Teresita Gómez de León.

La SRE y la Unión Europea (UE) pusieron a disposición de ese grupo, el Programa de Cooperación Técnica en Derechos Humanos, para apoyar en el “esfuerzo inicial” de creación del protocolo modelo que permita investigar las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres.

El grupo de trabajo ya culminó su labor con la “propuesta de un índice de protocolo modelo”, que plantea las directrices que la PGR deberá desarrollar y aplicar en el país, refirió Alejandro Negrín.

Además, el gobierno de Chihuahua dispuso de un micrositio que actualiza los reportes de ausencia de mujeres con información regionalizada, en el que se incorpora la información de las instituciones responsables de investigar desapariciones de mujeres jóvenes y niñas.

Sin embargo, Malú García Andrade, familiar de una víctima de feminicidio y representante de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, entrevistada al respecto, denunció que el micrositio no se actualiza desde 2007, a pesar de que las desapariciones de mujeres continúan. Tan sólo este año van 37 reportes.

En el foro realizado en la SRE, el funcionario también señaló que ya crearon una base de datos nacional de investigación genética, que “permite a personal de laboratorios forenses cotejar perfiles conocidos de ADN con las muestras biológicas recuperadas en las escenas de delitos”.

De acuerdo con la activista, quien junto con otras organizaciones, ha dado seguimiento al cumplimiento de la sentencia, este banco de datos no existe.

Dos de los resolutivos, que no fueron enunciados por Alejandro Negrín, y que debieron cumplirse este año son el reinicio de las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de las tres jóvenes, y la investigación de los servidores públicos que provocaron que estos crímenes se mantengan impunes.

Para Irma Monreal esta es la principal petición, que a nueve años del asesinato de su hija y a un año de la sentencia de la CoIDH, sigue siendo ignorada por el Estado mexicano.

10/GCJ/LR

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