Úrsula Pardo Rodríguez es uno de los casos de discriminación que ejemplifican con toda claridad los contrastes entre el Estado de derecho y la vida cotidiana que vivimos todos los mexicanos y mexicanas.
Las leyes de este país, en principio, son bondadosas en términos de igualdad, bienestar y justicia. Oficialmente y en los discursos público y privado no existe el racismo; en los hechos las indias y los indios de México padecen la discriminación y el desprecio.
Las leyes y las normas ambientales aprobadas por el gobierno mexicano para hacerse gracioso a los Estados Unidos (en los tiempos en los que se negociaba el Tratado de Libre Comercio) están a la altura de las de los países desarrollados; en los hechos, el medio ambiente desfallece, los bosques del país se extinguen, la contaminación afecta irremediablemente las aguas, los aires y los suelos, corroyendo la salud y el futuro de millones de mexicanos.
Lo mismo ocurre con las leyes y con la situación real en la que viven las personas con discapacidad. El caso de Ursula provoca vergüenza y aterra por la falta de respuesta institucional, justo en estos tiempos supuestamente caracterizados por el cambio.
Con su caso se demuestra que nuestras instituciones no siempre son el canal más adecuado para trasmitir e intentar resolver una situación de ultraje social, familiar e individual: como el que se ha cometido en contra de Ursula Pardo Rodríguez, joven de 25 años, con parálisis cerebral y dependiente de una silla de ruedas para desplazarse.
De hecho las instituciones a las que se ha recurrido para resolver este caso no han estado a la altura de las circunstancias: más bien se han mostrado tendenciosamente favorables a la parte agresora, en este caso la llamada Universidad Americana de Morelos (UAM), quien decidió expulsar a Ursula por incapacidad intelectual y por documentación supuestamente incompleta.
Ursula Pardo Rodríguez nació con un problema de parálisis cerebral hace 25 años, el 22 de agosto de 1977, no obstante, pudo concluir sus estudios hasta la preparatoria; cuyo último grado lo cursó en Estados Unidos, donde vivió un año en compañía de sus padres.
De regreso a México ingresó a la Universidad Americana de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, para estudiar la licenciatura en Comunicación.
Luego de cursar seis semestres, el 26 de junio del 2001, la universidad citó a la madre de Ursula para darle a conocer que la institución había decidido retirar a la joven de la universidad; entre otros motivos por no tener capacidad intelectual para continuar su carrera y por representar un desprestigio para la escuela.
Ursula es una joven entusiasta, inteligente y con ansias de vivir. Además de sus capacidades normales, posee también un enorme deseo de superación. Ella es una persona con discapacidad y es al mismo tiempo una persona normal, quizá más sensible, y tal vez más observadora que el común de las personas; ciertamente, muy consciente de su mundo y con una profunda vida interior.
El hecho de padecer parálisis cerebral (uno de cada 400 niños nacen con parálisis cerebral en Europa y los Estados Unidos) y de moverse en silla de ruedas no la hace menos humana que el resto de las jóvenes de su edad.
Ella padece muchas limitaciones, pero comparte con sus congéneres alegrías, frustraciones, esperanzas y sueños; no es pues un objeto pasivo, sino un sujeto activo y lleno de imaginación y voluntad, que ama y siente como el resto del mundo.
La universidad de referencia, lo mismo que muchos sitios públicos de México, no posee instalaciones e infraestructura de apoyo para gente como ella. La escuela donde Ursula tomaba sus clases es descrita por su madre, Carmen Rodríguez de Pardo (maricarpa@hotmail.com), como “una cárcel, rodeada de muros y escaleras”: un sitio infranqueable, un obstáculo más en la larga lucha de Ursula por encontrar su lugar en esta sociedad que parece decidida a cerrarle las puertas.
Los argumentos de la Universidad Americana de Morelos para expulsar a Ursula van de la puerilidad a lo ofensivo. Primero argumentaron el supuesto desprestigio que la universidad enfrentaría por darle un título universitario a Ursula; más adelante, el centro de la argumentación fue la ausencia de la certificación del año escolar cursado en los Estados Unidos.
Los padres de Ursula señalan haber entregado desde el momento mismo de la inscripción los documentos que les fueron requeridos para su registro normal y oficial, incluido el certificado del año de estudios efectuados en Gloucester, Massachusetts, en los Estados Unidos, avalado por el consulado mexicano en Boston.
El próximo 28 de noviembre tendrá lugar una junta de audiencia civil en los juzgados correspondientes del estado de Morelos, en la que continuarán los trámites, los careos y la presentación de pruebas para desahogar este caso.
De seguir la dinámica anterior de este juicio, es posible que las influencias de la universidad continúen desvirtuando la verdadera naturaleza del caso, que debería motivar a resarcir el daño moral y económico efectuado en contra de Ursula Pardo.
La joven, sin embargo, no está completamente sola. Además de muchas muestras de simpatía por parte de distintos grupos sociales, ha recibido un desinteresado y crucial apoyo de una importante institución: el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Estado de Morelos, en persona de su rector el doctor Pablo Martín Buitrón, y del director de la licenciatura en ciencias de la comunicación, quienes han abierto sus puertas para que Ursula pueda continuar allí sus truncados estudios.
En el Tecnológico, Ursula está recibiendo gratuitamente apoyo académico con la finalidad de que presente el examen de admisión para el próximo ciclo escolar. Su defensa legal, no obstante, enfrenta problemas económicos y lucha contra muchas influencias.
Ursula no es un caso aislado de exclusión social en México. Los casos de discriminación por discapacidad, por razones económicas, raciales, sexuales o religiosas abundan: asumir su causa es asumir la de todos aquellos que padecen del estigma o del olvido.
¿A quién le corresponde defender los derechos de Ursula? ¿A nuestros legisladores? ¿Al Instituto Nacional de las Mujeres? ¿A las organizaciones ciudadanas o partidos políticos que simpatizan con las causas de las mujeres o de las minorías?
¿A los organismos oficiales que se han creado para enfrentar los problemas de exclusión que enfrentan los discapacitados? ¿A las comisiones públicas o civiles de defensa de los derechos humanos? ¿A la esposa del presidente de la república que tradicionalmente se ocupa de los niños y las familias de México?
Son muchas las organizaciones públicas y privadas que se ocupan de estos problemas, sin embargo, Ursula está a punto de perder su caso.
El autor es profesor-investigador del Área de Política Ambiental El Colegio de México, y coordinador de la Red de Desarrollo e Investigación sobre Calidad del Aire en Grandes Ciudades. joseluislezama2002@hotmail.com
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