El gobierno de Bolivia inició el viernes pasado un nuevo programa para combatir el maltrato hacia las mujeres, que según cifras oficiales afecta a 70 por ciento de la población femenina del país.
Ante la ineficacia de las sanciones legales establecidas para poner fin a ese problema, el nuevo programa busca hacer conciencia entre la población: a los hombres sobre la gravedad de agredir a la pareja, y a las mujeres sobre la necesidad de no permitirlo.
Un estudio del Viceministerio de la Mujer estableció que siete de cada diez mujeres sufren violencia física y psicológica en sus casas, de tres a cinco veces por año en promedio, y tres de ellas padecen de maltrato con mucha frecuencia, consignan los servicios informativos de Prensa Latina y Tertulia.
El informe, presentado el viernes en el lanzamiento del programa «Vivir sin violencia», precisa que nueve de cada diez bolivianas son víctimas de atropellos en sus derechos individuales por parte de sus parejas, con modalidades tales como imposiciones en la manera de vestir o en su relacionamiento social.
Según el Viceministerio, 40 por ciento de las mujeres sufre violencia económica, que consiste en que sus cónyuges les privan absolutamente de participar en el manejo de los recursos de la familia.
Solamente una de cada diez mujeres maltratadas pide ayuda a la Brigada de la Familia, unidad policial especializada en maltrato en el hogar creada en la década pasada para combatir ese problema.
Un 14 por ciento pide auxilio a sus familiares y otras reaccionan de diferente manera, pero el 53 por ciento guardan silencio, el principal aliado de la violencia contra la mujer, indica el informe.
Mientras el 11 de octubre pasado se presentaba «Vivir sin violencia», por el Día de la Mujer Boliviana, en el Palacio de Gobierno, casi en las puertas mismas de la sede presidencial, la policía especializada en reprimir manifestaciones la emprendía a bastonazos contra un pequeño grupo de trabajadoras domésticas que realizaba una concentración por sus derechos.
Los policías actuaron con inusitada violencia, según testigos, pese a que el acto callejero tenía autorización oficial.
Ante la queja presentada por Ximena Iturralde, esposa del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, las autoridades ofrecieron disculpas y aseguraron que los agentes responsables fueron sancionados.
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