En el marco de un convenio con el Instituto Estatal de las Mujeres, personal del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) inició un taller con el personal del Instituto con la finalidad de diseñar un proyecto para fortalecer las capacidades estatales en diseño y manejo de políticas con perspectiva de género y la no violencia contra las mujeres.
Itzá Castañeda, asesora principal de género para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, se encuentra en Chiapas aplicando dicho taller.
El taller se aplica al personal de Instituto estatal de las Mujeres bajo cuatro líneas de acción: armonización de género desde lo legislativo, transversalidad de género en la administración estatal, intervenciones para lograr un protocolo de actuación coordinado en enfocado a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, y generación de un sistema general de indicadores de género.
— ¿Cuando hablamos de estas líneas de acción, quiere decir que hay desconocimientos para operar el programa?—preguntamos a Castañeda.
— Más que desconocimiento, el proyecto global lo que busca es fortalecer las capacidades estatales para implementar el marco jurídico sobre igualdad de género y no violencia contra las mujeres.
En término de armonización de las leyes legislativas hay mucho trabajo, explicó la tallerista Itzá Castañeda, al señalar que existen convenios internacionales que México ha firmado. Hay además recomendaciones que han hecho los organismos internacionales a México y hay leyes federales y estatales, por lo que se trata entonces de tener un paquete de normas jurídicas armonizadas.
Respecto a Chiapas, dijo que hay varias propuestas y, reconocido que hay camino andado, no obstante se tiene que trabajar, se revisarán las propuestas. Hay que revisar los códigos civiles y ver qué hace falta. También se revisará la ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de Chiapas para ver cómo se fortalece.
El proyecto contempla hacer un manual sobre transversalidad de género que será piloteada en algunas dependencias de la administración pública estatal para trabajar con funcionarias y funcionarios, entendido que ésta es responsabilidad de servidores públicos.
En cuanto a los indicadores, se trabajará en un sistema de indicadores de género con el fin de que sirva de insumo para las políticas públicas.
Y finalmente realizan un protocolo para la atención a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, en donde haya una alineación entre las diversas dependencias.
El proyecto que se aplica en Chiapas se trabaja también en Zacatecas, Guerrero y Estado de México, en una acción coordinada entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y sus contrapartes Instituto Nacional de las Mujeres, secretarias de Salud, Educación y de Gobernación.
09/CR/GG
