Aunque el decreto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de personas fue aprobado desde el pasado 26 de abril en la Cámara de Diputados, «durmió el sueño de los justos» hasta el 4 de septiembre, próximo pasado, cuando la minuta fue presentada a la Comisión de Justicia del Senado de la República.
Perdida en el limbo por más de 4 meses, la minuta de Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, que reforma y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales, y que reforma, adiciona y deroga el Código Penal Federal, está en espera de ser dictaminada para ser aprobada por el pleno, en el presente periodo ordinario de sesiones.
Dicha Ley es considerada por organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, como una medida urgente para México, ya que en este país ha cobrado dimensiones alarmantes la presencia y expansión de las redes nacionales e internacionales del crimen organizado dedicadas a la trata de mujeres, adolescentes, niñas y niños, como advirtió la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización para las Migraciones (OIM).
Sin embargo, hasta el momento, en la Comisión de Justicia del Senado de la República, que preside el panista Alejandro González Álvarez, no se tienen una fecha para que se reúnan sus integrantes para estudiar y dictaminar la minuta de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas.
La minuta presenta algunas modificaciones al dictamen aprobado por la Cámara de Senadores, entre las que destaca el Artículo 13, en el que se establecía la creación de un Programa Nacional para prevenir y sancionar la trata de personas, mismo que debería incluir políticas públicas en esa materia y protección a las víctimas, con la participación de la sociedad civil.
Sin embargo, el programa fue cambiado por una Comisión intersecretarial, que señala la participación para efectos consultivos de las organizaciones civiles, académicos y expertos en el tema, pero sólo con invitación para hacerlo.
La modificación al Artículo 18 de la Ley, en su capítulo cuarto fracción tercera, precisa que se otorgarán facilidades a las víctimas de trata extranjeras para permanecer en el país, mientras dure el proceso judicial.
Al momento de ser aprobada la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Maricela Contreras Julián, señalaba que de ser aprobada en el Senado dicha ley, «estaríamos contando con un marco normativo que proteja contra la trata de personas, sancione a los responsables y se atienda de manera adecuada a las víctimas».
Para la legisladora perredista la falta de un marco jurídico en México ha propiciado que sea «una actividad ilícita de delincuencia organizada, que tiene varias aristas en nuestro país, y la tercera en generar mayores recursos económicos, de manera ilícita.
En su momento, la diputada por Nueva Alianza, Mónica T. Arriola Gordillo, denunció que la pobreza, discriminación, desigualdad y la falta de oportunidades económicas es la cara de la trata de personas en México.
La legisladora Mónica Arreola aseveró que con dicha ley se busca cubrir la carencia de normas concretas que permitan prevenir y sancionar, de manera efectiva, la trata de personas en México, por lo que una de las funciones de las y los legisladores es la de perfeccionar la ley y adecuarla a la legislaciones locales para hacerla efectiva.
Las voces de las organizaciones civiles también se dejaron escuchar, por lo que la directora de Sin Fronteras, Fabiene Venet, manifestó su preocupación por las modificaciones que la Cámara de Diputados hizo a la Ley de Trata de personas aprobada el 26 de abril, en los artículos 13 y 18, en lo referente a que la participación de la sociedad civil estará sujeta a invitación y que la protección de la justicia a las víctimas de trata extranjeras está condicionada, respectivamente.
En ese entonces, Fabiene Venet cuestionaba que los académicos, expertos y organizaciones civiles participaran en la Comisión Intersecretarial, únicamente con invitación. Respecto a lo señalado en el artículo 18, lo calificaba como grave, toda vez que «conocemos el impacto que tiene para una víctima en términos psicológicos y de su propia seguridad vivir una acción judicial», sostuvo.
No obstante consideraba que cualquier ley es perfectible, lo que se necesita es contar con un marco, que nos permita tener herramientas para empezar a combatir ese flagelo.
Las ONG, por su parte, afirmaban que en México no existen cifras oficiales de la magnitud e incidencia de la trata de personas, y sólo se cuentan con algunas cifras de organismos internacionales, como las y los veinte mil niños mexicanos y centroamericanos de que habla el Quinto Informa Anual del Departamento de Estado de EU sobre trata de personas.
México a diferencia de otros países no tiene tipificado el delito, e inclusive, se le confunde con el delito de tráfico ilícito de migrantes, o sólo se considera la trata para fines de la explotación sexual, concluían las Organizaciones no Gubernamentales.
07/MLT/GG
