Técnicas de explotación del subsuelo violan derechos femeninos

Grupos civiles de América Latina (AL) que defienden el medio ambiente y los Derechos Humanos (DH) hicieron un llamado urgente para que los gobiernos de la región impidan la explotación del subsuelo conocida como “fracking”, ya que esta práctica vulnera garantías de la población y contamina la tierra de las comunidades.
 
En conferencia de prensa a la que convocó la Fundación Heinrich Böll Stiftung a propósito del Día Mundial contra el Fracking (que se celebra cada 11 de octubre), especialistas de Argentina, Bolivia, Colombia y México denunciaron que la explotación de hidrocarburos no convencionales en comunidades pobres o marginadas viola garantías de la población, por lo que exigieron alternativas energéticas más sustentables, baratas y eficientes.
 
El “fracking” es una práctica frecuente en Estados Unidos (donde sus impactos negativos ya han sido documentados) que empieza a ejecutarse en países de Centro y Sudamérica. Consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos, para romper rocas que concentran gas y petróleo, por lo que se contamina el agua y el aire de las comunidades donde se realiza esta práctica.
 
Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking, conformada por más de 50 organizaciones nacionales e internacionales, denunciaron que la reforma energética recientemente aprobada en el Congreso y promulgada por el Ejecutivo permite que empresas explotadoras de hidrocarburos invadan el territorio de las comunidades sin que la legislación proteja a sus poblaciones, tal y como sucede en estados como Chihuahua y Sonora.
 
Nathalie Sguin, representante en México de la organización Freshwater Action Network (FANMex), advirtió que el “fracking” vulnera la garantía del derecho al agua, a un medio ambiente sano, a la salud, la alimentación y la vivienda.
 
Además efecta los derechos laborales y otras garantías económicas, sociales y culturales, así como derechos políticos de la población cercana a las comunidades explotadas.
 
Académicos y activistas, como el argentino Eduardo D’Elia, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), y el mexicano René Sánchez Galindo, integrante de la organización Acciones Colectivas –quienes explicaron las consecuencias del “fracking”–, coincidieron en que esta operación tiene un impacto mayor para las mujeres, ya que el contacto con el agua y la contaminación del medio ambiente produce cambios en su organismo.
 
El impacto desigual del “fracking” también se produce porque los principales dueños de la tierra (quienes toman decisiones y negocian su tenencia) son los varones, lo que reduce la posibilidad de las mujeres a participar en las asambleas y tomar decisiones.
 
El “fracking” también produce desabasto de agua en las comunidades donde las mujeres son las principales usuarias de este recurso y las responsables de su consumo, por lo que el acarreo del líquido les implica a ellas y su descendencia recorrer varios kilómetros y realizar dobles jornadas de trabajo.
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), las mujeres son quienes recogen, utilizan y administran el agua no sólo en los hogares, sino también en la agricultura pluvial y de riego, por lo que la contaminación y el desabasto de ésta afecta directamente a la población femenina de las comunidades.
 
Como botón de muestra del impacto negativo de éstas y otras prácticas de explotación del territorio –según ha reportado Cimacnoticias–, el envenenamiento del agua por un derrame de ácido sulfúrico de la Mina Buenavista de Cananea al río Sonora y Bacanuchi, en el norteño estado de Sonora, a principios de agosto pasado, trastocó la vida de las mujeres que subsistían de la elaboración y venta de productos típicos que ofrecían a visitantes y enviaban a Hermosillo, capital de la entidad.
 
Ante el derrame, las pobladoras tienen que recorrer varios caminos hasta el único distribuidor de agua potable, se les niega el ingreso a baños públicos, el líquido está restringido para las familias, y trasladar agua hasta sus hogares les implica duplicar sus tareas cotidianas.
 
En este contexto, las y los activistas exigieron a los gobiernos impedir el “fracking” en sus territorios, y que aseguren la protección de los recursos hídricos y de la salud de las personas.
 
Demandaron también que se implementen políticas públicas que permitan la transición energética verdaderamente sustentable, con pleno respeto a los DH y que aseguren la provisión energética futura.
 
Recordaron que las poblaciones y gobiernos locales tienen el pleno derecho de negar actividades de “fracking” que puedan afectar sus entornos.
 
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