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Terrorismo y Derechos Humanos

Por la Redacción

Nadie puede dudar que el 11 de septiembre del 2001 inició una nueva era para la humanidad; comenzó en realidad el siglo XXI. Todo ello empañado por el terrorismo que nos llena de pena y de dolor y nos obliga a repudiar estos delitos contra la humanidad y a solidarizarnos con los familiares de las víctimas de los atentados en todo el mundo, así con los países que han sufrido este flagelo, en especial, hoy, con Estados Unidos de América.

Los hechos de Nueva York y de Washington conllevan una grave preocupación porque dan la pauta para el inicio de una crisis mundial que ha hecho estallar una guerra que tiene como ejes geográficos Asia Central y Medio Oriente, globalizando un conflicto político, económico, social y militar que, directa o indirectamente, arrastra a varias naciones.

Preocupa también el inicio de una guerra virtual, teledirigida, controlada con el uso intensivo de medios electrónicos, donde difícilmente sabremos lo que en realidad está sucediendo, sólo lo que los estrategas políticos y militares de las grandes potencias nos quieran mostrar o decir.

Además, la “Justicia Infinita” de George W. Bush como llama así a su guerra, está siendo utilizada para construir el “Nuevo Orden Mundial”, mediante el diseño de tesis y estrategias dirigidas desde los países centrales para la nueva distribución geográfica del planeta, tomando como eje central de interés estratégico, al igual que en otros años, la producción, conducción y distribución de hidrocarburos.

Los ciudadanos del mundo, amantes de la paz, la justicia, la democracia y el respeto a la dignidad y a los derechos humanos, invocamos, antes que nada, la legalidad en todos los actos realizados por los países, los pueblos, las comunidades y las personas. Por ello repudiamos la violencia y los actos de venganza y de odio como métodos para dirimir las diferencias y para castigar a los responsables de los crímenes.

En la comisión de delitos de lesa humanidad, como es el caso del terrorismo, no creemos en los argumentos de “los buenos” y “los malos”, sino en fundamentos legales interpuestos ante instancias jurisdiccionales o ante el mismo Consejo de Seguridad de la ONU. Plantear las cosas en términos de “venganza” o de “están con el terrorismo o están con nosotros” pone en riesgo la paz mundial, la seguridad internacional y la justicia.

De acuerdo con los criterios emanados del Derecho Internacional Público, una guerra promovida por una nación fuera de estos estatutos podría ser considerada una acción de piratería, con responsabilidad internacional por la comisión de actos de agresión, convirtiéndose esa nación en Estado responsable.

Luego entonces, lo más que podría invocar un Estado agredido por criminales es un pedido de extradición, aportando pruebas a un tribunal internacional imparcial, pero no desatando una guerra ni arrastrando a otras naciones en la aventura. La guerra no declarada sería la continuación del terrorismo, porque ¿qué diferencia fundamental habría entre ambas acciones y sus consecuencias? El terrorismo, como la guerra, son devastadores; los dos siembran la muerte y el miedo entre las poblaciones.

Así las cosas, no se pueden combatir los delitos cometiendo otros delitos, como tampoco se puede justificar combatir el terrorismo político o religioso con el Terrorismo de Estado. Los dos son extremistas, los dos son fundamentalistas. Y no olvidemos que el fundamentalismo nace en 1925, precisamente en Estados Unidos, cuando un maestro fue perseguido judicialmente por haber explicado la Teoría de la Evolución de las Especies en una escuela pública del estado de Tennessee, región altamente influida por la religión, católica, considerada como “fundamental” en ese entonces.

Las manifestaciones de intolerancia de dos o más partes y las acciones unilaterales que hoy se manifiestan, podrían dar al traste con los grandes avances mundiales logrados en el campo de los derechos humanos, como es el caso de la Corte Penal Internacional, que significa una luz en la aplicación de la justicia universal, una vez que sea ratificada por 23 países (México entre ellos) y entre en vigor en el mundo.

Mediante este máximo instrumento del Derecho Internacional de Derechos Humanos, como lo es la Corte Penal Internacional, en un futuro no muy lejano, los gobernantes e individuos que generen una conflagración mundial y actos de barbarie en cualquier lugar del planeta, aún los dirigentes de las grandes potencias, podrían ser juzgados por delitos de diversa índole, entre ellos el de genocidio, que además es un delito imprescriptible de lesa humanidad.

Estados Unidos, acompañado por el belicismo y oportunismo británico, están aprovechando muy bien esta coyuntura mundial para realizar un sueño de años: posicionarse en el traspatio de Rusia, la otrora poderosa potencia comunista, en una región rica en yacimientos de gas natural y de petróleo como lo es el Asia Central. Al mismo tiempo, aprovecha para realinear a los países de América Latina, el otro escenario para las prioridades estadounidenses, no sólo para lograr el apoyo político ante los atentados, sino para imponer el ambicioso Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Para los sectores más conservadores de la Unión Americana, los atentados han servido para modificar los conceptos y estrategias sobre Seguridad Nacional vigentes desde el fin de la Guerra Fría, y para recuperar el liderazgo político y económico de Estados Unidos en el escenario mundial. Recordemos que, recientemente, este país ya no fue reelecto para ocupar un puesto en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Por otro lado, el reactivar una economía de guerra, podría sentar las bases para superar la recesión en el plano doméstico.

Al mismo tiempo, los atentados han servido para apuntalar la tan alicaída figura de George W. Bush, quien llegó a la presidencia mediante elecciones muy cuestionadas y con los más bajos niveles de legitimidad. Hoy, por la magia de la mercadotecnia, se encuentra en los más altos índices de popularidad.

Pero además, aquí viene lo más preocupante, el gobierno de Estados Unidos, los países miembros de la Unión Europea y sus satélites (México entre ellos), han comenzado a restringir una serie de libertades fundamentales, como es el caso de la libertad de prensa, del derecho a la confidencialidad telefónica y vía Internet, de la libertad de tránsito, de la presunción de inocencia –que ahora implica en Norteamérica la detención provisional hasta por siete días– y la detención y deportación sumaria de extranjeros sospechosos. Lo anterior representa un grave retroceso en la calidad de los derechos humanos que, por naturaleza propia, son inalienables e indivisibles.

Para lograr lo anterior, se desata una muy bien conducida campaña de prensa que, dicen, pretende acabar con los terroristas en el mundo. Se busca, así, justificar e inducir consensos mundiales para cumplir los objetivos de dominación, aunque ello conlleve el “sacrificio” de los derechos humanos en el mundo; aunque para ello se tenga que fabricar una opinión pública acrítica que responda automáticamente al miedo y al terror, con asuntos tan trillados como el del “ántrax”.

Se fabrican nuevos enemigos (que antes eran aliados y “socios” de Estados Unidos, como es el caso de Osama bin Laden), se desnaturaliza el derecho a la información y, de paso, se crean las condiciones para controlar a los enemigos naturales de los norteamericanos, como podrían ser Siria, Irán e Irak, o los movimientos sociales incluidos a los globalifóbicos y a los grupos guerrilleros como el EZLN y otros.

La humanidad debe recuperar la memoria histórica. No podemos olvidar que la radicalización de los pueblos árabes, el “terrorismo” y el asunto de los talibanes en Afganistán, tienen su origen en el eterno conflicto del Medio Oriente. Concretamente, en la lucha entre Israel y Palestina por los territorios del Golán y de Cisjordania.

Los palestinos, una vez despojados de sus territorios por Israel, que siempre ha contado para su expansionismo con el apoyo político, económico, diplomático y militar de Estados Unidos –a pesar de las resoluciones de la ONU desde el término de la Segunda Guerra Mundial–, echaron mano del terrorismo como una herramienta de resistencia y de lucha por su liberación; que si la historia hubiera sido al revés, Israel hubiera hecho lo propio, como lo hizo en los tiempos de la Guerra de los Siete Días en contra de Egipto; que el hoy primer ministro Ariel Sharon, fiel representante de la extrema derecha israelí, fue uno de los que sembraron las bases de lo que hoy conocemos como “Terrorismo de Estado”; que en su momento Yasser Arafat y su organización Al Fatah por la parte palestina, sembraron el terror en Israel, y así sucesivamente.

Por otro lado, aunque de manera tardía, el gobierno mexicano ha demostrado su más amplia solidaridad con Estados Unidos y su gobierno, pero no ha fijado una posición firme, clara y congruente respecto a la respuesta bélica de Estados Unidos, debiendo anteponer, en congruencia con nuestra tradicional vocación pacifista, el irrestricto apego a los principios de la Carta de la ONU, al Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos y a nuestra Carta Magna, que en su artículo 89 fracción X obliga al titular del Poder Ejecutivo a observar los siguientes principios normativos: “‘la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

De acuerdo con lo anterior y contrario a lo declarado por el canciller Castañeda, los mexicanos debemos rechazar el término de “no regatear apoyos” a Estados Unidos. Si la justificación para montarnos en el aparato de guerra es que nacionales mexicanos murieron en los atentados al World Trade Center, entonces, bajo la misma lógica, deberíamos declarar la guerra a nuestros vecinos del norte por los casi mil 800 migrantes muertos a consecuencia de siete años de operativos fronterizos. Tampoco podemos aceptar que nuestros nacionales sean llamados nuevamente a combatir en conflictos no declarados, ajenos a nuestros intereses soberanos como nación.

Recordemos que en México nuestra legislación no define ni siquiera los términos de “Terrorismo” y de “Seguridad Nacional” y que tampoco tenemos políticas públicas claras respecto a estos temas, ni un sistema de inteligencia avanzado, a pesar de que ya se comenzaron a tomar medidas anticonstitucionales, por cierto, para combatir el terrorismo en nuestro territorio.

Por último, tampoco es aceptable el hecho de que los atentados terroristas sean un pretexto para reprimir y discriminar a los migrantes económicos y religiosos de diversas nacionalidades, que intentan llegar a los Estados Unidos y a otros países desarrollados en busca de trabajo digno y de reunificación familiar. Mucho menos podemos aceptar que el gobierno mexicano contribuya con esas políticas xenofóbicas, como ya se comienza a observar en nuestro país.

       
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