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Tiene Peña Nieto cúmulo de pendientes con las indígenas

Por Gladis Torres Ruiz
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Ante la creciente pobreza en la que viven las mujeres y niñas indígenas y rurales en México, el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), pidió al Estado se asegure de que todos los programas y políticas destinadas a esa población incluyan una perspectiva de género y un enfoque intercultural.
 
En las observaciones finales hechas a México en agosto pasado, el organismo de Naciones Unidas indica su preocupación por el alto nivel de pobreza, el analfabetismo y las múltiples formas de discriminación contra las mujeres indígenas y rurales, en particular en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
 
En México la población indígena representa alrededor del 10 por ciento del total (10 millones 103 mil 571 personas), y constituyen el 60.4 por ciento de las personas que viven en municipios con alta y muy alta marginación.
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esta población se concentra principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Guerrero.
 
Los municipios donde el índice de educación, salud e ingreso por familia son los más bajos del país se ubican en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
 
El 25 de agosto de 2006 el Comité de la CEDAW emitió 20 recomendaciones al Estado mexicano para implementar acciones a favor de las mexicanas, entre ellas las relacionadas a las mujeres indígenas y que habitan en zonas rurales.
 
Ante su incumplimiento, el mismo Comité extendió el pasado 27 de julio 52 recomendaciones más en las que nuevamente se solicita al Estado que adopte medidas para abatir las disparidades que enfrentan las indígenas para obtener servicios sociales básicos, como educación y salud, así como en el acceso a la tierra y la propiedad.
 
México fue evaluado el pasado 17 de julio respecto al cumplimiento de la CEDAW, mecanismo aprobado en 1979 y ratificado por nuestro país en 1981. Las expertas del Comité analizaron los informes 7 y 8 presentados por el Estado mexicano en 2010.
 
Tales observaciones y recomendaciones son de cumplimiento obligatorio para México, por lo que corresponde al nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto tomar a cabo las medidas correspondientes para ello. 
 
De los 10 millones de indígenas que habitan el país, 46.5 por ciento no tiene instrucción académica o cuenta con primaria incompleta; 50.6 por ciento de estas personas son mujeres y las causas por las que no tienen acceso a la educación es que las niñas no van a la escuela por prejuicios de género que derivan en que dentro de las familias se privilegie la educación de los hombres.
 
El Comité también solicitó a México una estrategia general de concientización dirigida a las comunidades indígenas, para fortalecer una imagen positiva y no estereotipada de las mujeres.
 
Expresó su alerta por prácticas rurales “nocivas” que forman parte de los sistemas jurídicos indígenas basados en la asignación de roles de género estereotipados, tales como el “precio de la novia”, los cuales perpetúan la discriminación contra mujeres y niñas indígenas.
 
De acuerdo con el Inegi, el rezago educativo presente en varias generaciones ha hecho que el promedio de escolaridad de la población hablante de lengua indígena sea bajo, “aspecto que la coloca en desventaja para mejorar sus condiciones de vida”.
 
Las indígenas también tienen una menor esperanza de vida, la cual es de 63.3 años contra 75.1 años de las mujeres no indígenas.
 
El organismo de la ONU advirtió que la política de seguridad pública adoptada por el Estado contra la delincuencia organizada ha afectado negativamente a las mujeres indígenas y rurales, ya que ahora sufren más violencia, incluido el feminicidio, a manos de las fuerzas de seguridad.
 
Solicitó medidas necesarias para que los integrantes de las fuerzas armadas y los agentes del orden público que prestan servicio en las comunidades de los pueblos indígenas o cerca de ellas, respeten los Derechos Humanos (DH) de las niñas y mujeres.
 
Asimismo que se asegure la aplicación efectiva de las leyes pertinentes a fin de prevenir e investigar la violencia de género, así como enjuiciar y sancionar a los culpables y garantizar que las  victimas tengan acceso efectivo y rápido a la justicia, así como a los mecanismos de reparación del daño.
 
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