Hay incertidumbre sobre el futuro que tendrá en el Congreso de Tlaxcala la Iniciativa Popular para tipificar como delito, en el Código Penal, la trata de personas, dice el Centro Fray Julián Garcés, a través de su informe de actividades 2006 «Grito de un pueblo en movimiento», que se presenta hoy.
Esta Iniciativa Popular, presentada ante la Cámara local desde diciembre de 2005, con el apoyo de 25 mil firmas de la ciudadanía, se encuentra aún en discusión para ser dictaminada en la Comisión de Puntos Constitucionales, a la cual fue turnada para su análisis.
Según el informe, en enero de este año dicha Comisión les informó que además de la Iniciativa Popular existen otras tres propuestas para sancionar la trata de personas, presentadas por las diputadas Lorena Cuéllar, Anabel Ávalos Cempoaltécatl y Romilia Espino Barba, con las cuales se tendrá que conjuntar la Iniciativa Popular.
Pero hasta ahora, dice el Centro, sólo ha mostrado «un aparente interés frente a la acción y propuesta ciudadana, una disponibilidad a recibir argumentos y observaciones»
No obstante, subraya el documento, los intereses partidistas y la reticencia al empoderamiento de la mujer y de la sociedad civil son factores que podrían poner en riesgo los resultados esperados.
Al respecto, el Fray Julián Garcés solicitó ser parte de la discusión, con el objetivo de que «los puntos que consideramos esenciales para la tipificación de la trata de personas sean considerados en el dictamen y sirva realmente en la práctica para el acceso a la justicia de aquellas personas que son víctimas de esta explotación».
FOROS DE DISCUSIÓN
El Centro acordó con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Equidad y Género llevar a cabo tres foros de discusión respecto a este tema en los Congresos de Tlaxcala, Apizaco y Zacatelco, respectivamente, en este mes de marzo.
Reconoce el Centro que aunque la integración del delito de Trata de Personas en el Código Penal «no basta para contrarrestar una problemática tan compleja, multifactorial y multidimensional», sí favorece a la cultura de denuncia y contribuye a combatir este fenómeno «que cada día adquiere mayor fuerza y violenta la dignidad y derechos intrínsecos de miles de mujeres, adultas y menores».
QUÉ ES LA INICIATIVA POPULAR
La Iniciativa Popular se creó entre 2002 y 2003 por el Fray Julián Garcés y la Universidad de Tlaxcala, tomando como base la investigación de campo sobre la presencia y las características del problema que presenta la región, describe el informe.
Asimismo explica que se analizó la legislación, el sistema público de asistencia social, de procuración y administración de justicia. Con este análisis se ubicaron los vacíos legales y estructurales que impiden la atención adecuada a la problemática.
Finalmente, con los resultados se desarrollaron dos paquetes de propuestas: de reformas y adiciones al Código Penal del estado de Tlaxcala, para introducir el delito de Trata de Personas y establecer agravantes en delitos conexos; y de reformas estructurales, normativas, operativas de diferentes instituciones públicas.
Así, el documento fue presentado al Congreso del estado de Tlaxcala el 7 de diciembre de 2005, junto con 23 mil 973 firmas ciudadanas recopiladas hasta esa fecha.
La Iniciativa Popular, explica el texto, incluye la presentación y fundamentación de la iniciativa; la exposición de motivos; la propuesta de reformas y adicciones al Capítulo III y artículos 170, 171, 172 y 173 del Código Penal del estado de Tlaxcala; las adiciones a los artículos 232, 235, 240, 245 del Código Penal del estado de Tlaxcala; y las Reformas y Adiciones al artículo 93 del Código de Procedimientos Penales del estado de Tlaxcala.
EL TRABAJO CON LAS ORGANIZACIONES
Dice en su informe el Centro que además de su trabajo con el Congreso local ha destacado entre las organizaciones la necesidad de ampliar la agenda respecto a los derechos de las mujeres, con el fin de lograr un apoyo mutuo para erradicar la trata de personas, en particular, y la violencia hacia las mujeres en general.
Los propósitos del Centro para este año son: continuar el proceso de la iniciativa en el Congreso; definir una agenda ciudadana amplia en lo que respecta a los derechos de las mujeres y «colocar la discusión respecto a las políticas públicas que tiene que definir el gobierno del estado, para lo cual es antes necesario que reconozca el problema», indica el texto.
07/HVR/GG/CV
