Trabajadoras del hogar son víctimas de trata en Uruguay

En Uruguay, las trabajadoras del hogar cuentan con una ley que equipara sus derechos laborales a los de los demás trabajadores; participan como sector en los Consejos de Salarios y tienen una organización sindical, no obstante enfrenta desafíos y viven ante el riesgo de ser víctimas de trata de personas.
 
Trabajadoras del hogar sindicalizadas analizaron los desafíos que enfrentan en un seminario auspiciado por el Banco de Previsión Social (BPS), el Plenario Intersindical de Trabajadores de la Convención Nacional Trabajadores (PIT-CNT), los ministerios de Desarrollo Social (Mides), Educación y Cultura (MEC) y Relaciones Exteriores (Mrree), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar).
 
En el encuentro se dijeron conscientes de que su trabajo es valioso: las y los empleadores dejan a su cuidado nada menos que a sus familias, pero les cuesta reconocerse como trabajadoras.
 
La causa hay que buscarla en las condiciones en que realizan su labor: dispersas, aisladas, en el interior de hogares ajenos, cara a cara con las personas que las contratan, con estrechos lazos con ellas les juegan en contra. Es difícil decir que no aunque las asista el derecho.
 
Estas características dificultan su proceso de sindicalización, sobre todo en el interior del país y la participación en las actividades consecuentes, como quedó claro durante el seminario realizado en Montevideo. No sólo porque las presentes eran pocas en relación a su número real, sino porque ellas mismas expusieron sus dificultades.
 
Entre las demandas, esgrimieron la especialización para trabajar en casa de familia, pero no cualquiera sino de un nivel similar al de las formaciones técnicas. También reclamaron categorización para que no les pidan cualquier tipo de tarea y contrato de trabajo en el que se determinen obligaciones y derechos.
 
CONDICIONES LOCALES
 
Una trabajadora de Bella Unión, departamento de Artigas, evocó los primeros intentos de organización. Fue en 2006 cuando se reunieron tres trabajadoras con el apoyo de la representación de los trabajadores del BPS; acudieron a la prensa para convocar a sus compañeras, pero no tuvieron eco.
 
Intentaron durante dos años, hasta que desistieron. El peso de las condiciones sociales locales se hace sentir: en Artigas las patronas que no son acaudaladas, son asalariadas como ellas; muchas son jefas de hogar con carencias, que las necesitan para poder salir a trabajar y mantener a la familia, dijo en Montevideo la trabajadora.
 
La realidad no fue muy distinta en Paysandú, donde la convocatoria para organizarse se hizo en 2010 con el apoyo de la Udelar. Las trabajadoras locales no querían formar un sindicato. No obstante, se logró constituir una comisión que se presentó ante la prensa. Hoy hay 50 afiliadas al sindicato, aunque con mucha rotación.
 
TRÁFICO Y TRATA AL ACECHO
 
La trata y el tráfico de personas acechan a las trabajadoras del hogar en tiempos de gran movilidad territorial como los actuales. Llegan mujeres desde el extranjero con expectativas fundadas en promesas de contratos de trabajo ventajosos, pero también llegan desde el interior del país uruguayas a Montevideo.
 
Graciela Espinosa, integrante de la filial Canelones del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD), vivió la experiencia en carne propia. A los 14 años llegó desde Canelones a la capital del país y paso tres años esclavizada.
 
“Se pide de todo por la misma paga; a las extranjeras los empleadores les quitan la documentación, no les dan de comer, prometen enviar dinero a las familias pero no les llega, y si se accidentan las devuelven a sus países sin siquiera pagarles lo que trabajaron.
 
“Las trabajadoras llaman al sindicato, pero no pueden salir de la casa donde están empleadas y tampoco podemos nosotras entrar allí. Los jueces se resisten a dar la orden según quién sea el patrón”, narró Espinosa.
    
En el caso de las mujeres bolivianas empleadas en una casa de Carrasco, que llegó a la justicia y a la prensa el año pasado, ellas lograron pedir auxilio al SUTD, pero “al inspector del Ministerio de Trabajo le costó mucho conseguir entrar”, recordó Espinosa, para quien es fundamental sensibilizar a la sociedad y al Poder Judicial sobre las condiciones en que se realiza el trabajo doméstico.
 
UN SERVICIO PÚBLICO DE ASISTENCIA
 
El Mides cuenta con un servicio de atención a personas en situación de trata con fines de explotación sexual, que desde 2012 atiende también a trabajadoras del hogar. Sandra Perroni lo coordina y es gestionado por la organización civil El Paso.
 
Perroni advirtió que la trata es un delito histórico, pero asimismo actual y muy dinámico. Antes Uruguay era un país de origen de la trata con fines de explotación sexual, hoy es también lugar de origen, tránsito y destino. Hay facilidades de ingreso al país, que tiene una ubicación estratégica y fronteras permeables. La crisis europea no es ajena a estas dos últimas características.
 
“La esclavitud es una forma de trata. Hoy se sigue viendo que llegan a los barrios ofreciendo trabajo bueno en Uruguay y reclutan mujeres jefas de hogar que tienen a cargo entre siete y 15 hijos. El delito se va a adaptando a nuevas formas y así surgen las agencias de colocación.
 
“La migración va adquiriendo distintas características: como la pobreza que se va haciendo femenina. Hoy las mujeres son las primeras que se van a buscar oportunidades en otros lados, antes eran los varones y las mujeres están más expuestas”, explicó.
 
En Uruguay no hay ley sobre trata, solo ley de migración que tipifica el delito. Pero el país ratificó el Protocolo de Palermo que es una ley interna aunque los jueces no la aplican.
 
El servicio del Mides encara la atención desde las perspectivas de género, generacional y de Derechos Humanos, y también incluye  la trata con fines de explotación laboral. La estrategia es detectar casos a nivel nacional, brindar asistencia psicológica, social y legal para interrumpir la situación, articular y coordinar con distintos servicios y con la sociedad civil.
 
En una primera etapa se aborda la crisis, con mecanismos de contención, obtención o regularización de documentación, atención de la salud, y generación de relaciones de confianza. En el caso de las trabajadoras del hogar el problema es que no les permiten salir para hacer esos trámites y tampoco las registran en BPS, lo que les impide el acceso a servicios de salud.
 
La segunda etapa es de elaboración de la situación de explotación: reconocerse migrante con derechos, reclamar indemnización económica con intervenciones de la Inspección del Trabajo, apoyo jurídico del consultorio de la Facultad de Derecho, etcétera. “A pesar de estar acompañadas, es un momento muy duro el de enfrentar al patrón”, reconoció Perroni.
 
La tercera etapa apunta al proyecto de vida con salida laboral y vivienda o, si la persona lo desea, retorno asistido y reunificación familiar en coordinación con la OIM.
 
Perroni llamó la atención sobre una constante en las situaciones de trata: antecedente de trabajo infantil, abandono del sistema escolar, trabajo precario, y encuentro en la migración de una esperanzadora salida que pronto se frustra.
 
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN
 
Alicia Isern es asesora en Relaciones Laborales del Mrree e integra la Mesa Interinstitucional de trata de personas. Observó que la implementación de la ley de trabajo doméstico no es buena porque resulta superada por las condiciones en que se realiza esa tarea.
 
“Las uruguayas tienen un poco más de libertad de movimientos, pero las extranjeras tienen que escaparse literalmente”. Por eso recomendó que el sindicato esté atento a conductas sospechosas, como que la trabajadora no pueda salir sola, que siempre esté acompañada y otras igualmente llamativas, y que averigüe cómo llegaron, cómo se encuentran o si tienen miedo.
 
Aunque las trabajadoras estuvieran en condiciones de ir a hacer los trámites que necesitan, no hay una ventanilla única ni se pueden hacer en la misma fecha.
 
El Mrree cuenta con una oficina de Asistencia al Compatriota, donde se brinda información, hay gente especializada para hacer un informe social que facilite la obtención gratuita de documentación, personal que maneja varios idiomas y se da acceso a teléfono y computadora para comunicarse con las familias. También allí se puede encontrar ayuda para hacer un currículum y cartas de recomendación, entre otros trámites.
 
Uruguay no rechaza a quien quiera entrar al país porque se sienta perseguido o por otras causas: si no cuenta con documentación, cualquier puesto migratorio está obligado a darle a la persona una cédula de identidad provisoria, que luego tendrá que validarse en la oficina de Identificación Civil.
 
La documentación extranjera que se porte requiere intervención de Relaciones Exteriores para la apostilla de La Haya. Las personas refugiadas cuentan con una oficina especial donde se les asiste y asesora, aunque quien en definitiva los acepta en esa condición es la Comisión de Refugiados.
 
14/IV/RMB