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Trabajadoras denuncian a ACORN, que viola derechos laborales

Por Redaccion

En un comunicado de prensa firmado bajo el nombre de Trabajadoras en lucha por sus derechos humanos laborales, cuatro de sus integrantes — Lilia León, María Antonieta Robles, Carmen Valadez Pérez y Raquel Herrera— denuncian a la organización ACORN México, filial de ACORN Estados Unidos, por su «práctica contra los derechos laborales y la salud de trabajadoras mexicanas» en la ciudad de Tijuana.

La Association off Community Organizations for Reform Now Mexico, AC –Asociación de Comunidades Organizadas para la Reforma Ahora. México AC (ACORN México)– es una organización que asume, en sus escritos, la defensa de los derechos de la ciudadanía y la clase trabajadora, pero actúa violando los derechos de las organizadoras comunitarias empleadas en su afiliada en Tijuana, señalan.

Exigen el pago del laudo a favor de dos promotoras despedidas injustificadamente; el pago de 4 catorcenas adeudas a una organizadora comunitaria y de sus gastos médicos en el IMSS, y la indemnización (por falta de cumplimiento al contrato de trabajo) de otras dos promotoras.

La organización (ACORN) perdió la demanda laboral por despido injustificado de dos de sus promotoras en octubre del 2007, dicen, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) «sin que haya mostrado intención alguna de cumplir con la indemnización que fija la Ley Federal del Trabajo (LFT)».

Son Wade Rathke, fundador y jefe organizador en Estados Unidos y a nivel Internacional de ACORN, y los asociados y responsables legales, Maude Hurde (presidenta del Consejo Directivo de ACORN Estados Unidos y México) e Irvin Figueira, todos de nacionalidad estadounidense, quienes para las trabajadoras despedidas deben de «cumplir y responder por las condiciones laborales que marcan las leyes mexicanas y nuestra Constitución».

Según informa en su página Web, ACORN trabaja en más de 75 ciudades en los Estados Unidos buscando «mejorar las condiciones de viviendas de personas económicamente en desventaja, ampliar seguridad comunitaria, conseguir salarios dignos para todos los trabajadores y mejorar la calidad de las escuelas locales».

Sus integrantes participan en reuniones locales y trabajan activamente en campañas (Mejores Escuelas, Préstamos Depredadores, Servicio de Salud), elijen líderes a nivel local y nacional, y contribuyen para los gastos más básicos de la organización con cuotas y actividades para recolectar dinero.

A nivel internacional tienen oficinas en Argentina, Perú, Canadá, República Dominicana y México.

LOS DESPIDOS

En un recuento de los hechos, las organizadoras relatan que en agosto del 2005 ACORN abrió operaciones en México, otorgando el poder legal a un despacho de abogados empresariales (Silva y Zayago) con el objeto de que realizaran todos los registros legales y fiscales para constituir una Asociación Civil, incluyendo contratos de trabajo, afiliaciones al IMSS y todas las prestaciones de ley para las organizadoras comunitarias.

De agosto del 2005 a enero del 2006 contrataron a 6 organizadoras comunitarias, garantizándoles todas las prestaciones de las leyes mexicanas.

Posteriormente, «por los servicios excesivamente caros y erróneos del despacho de abogados, así como por la deficiente coordinación entre las oficinas de ACORN en Estados Unidos y la organizadora principal en Tijuana, Laura Gutiérrez,» se generaron problemas financieros que terminaron con el despido injustificado, el 1º de septiembre de 2006, de dos organizadoras comunitarias: Lilia Antonia León Medina y María Antonieta Robles Barja.

Tras considerar que el despido se hizo por una causa no imputable a ellas, las organizadoras pidieron el pago de una indemnización apegada a lo que estipula la LFT, ACORN se negó a otorgarla, lo que las llevó a entablar una demanda laboral en la JLCA de Tijuana.

De acuerdo al comunicado de prensa, en las actuaciones frente a la Junta, la organizadora principal, Laura Gutiérrez, y el abogado de ACORN, Rodolfo Gutiérrez Duarte, incurrieron en falsas declaraciones e irresponsabilidad, burlando los derechos de las organizadoras despedidas.

A Rodolfo Gutiérrez lo señalan como integrante de sindicatos charros fantasmas de la CROC –que venden la protección a las maquiladoras en contra de sus trabajadoras y trabajadores– y de haber participado como golpeador de trabajadores de la maquila.

El dictamen final de la JLCA, informan, resultó a favor de las organizadoras, pero bajo el argumento de que no tienen recursos para las indemnizaciones. ACORN a través de su Jefa Internacional, Ercilia Sahores, la ex jefa de Tijuana Laura Gutiérrez y la actual Jefa en Tijuana Suyapa Amador no han querido responder el laudo, sin tomar en cuenta la disposición para llegar a un acuerdo por parte de las organizadoras despedidas.

PRESTACIONES LABORALES, EL FIN

En octubre del 2006, «sin notificar debidamente» ACORN instruyó a la organizadora principal para recortar las prestaciones laborales a las demás organizadoras, medida que tuvo consecuencias al siguiente año.

Hubo también otras anomalías: dejó de pagar las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las promotoras sufrieron constantes presiones laborales e irregularidades en el pago de sus salarios «lo que les provocó serios daños en su salud física y mental, sin recibir la atención médica del IMSS», se expone en el boletín.

Una consecuencia de no contar con servicios médicos fue que, en septiembre del 2007, Isabel Garita tuvo un embarazo de alto riesgo y dio a luz en una clínica privada.

De acuerdo al relato de las organizadoras, ACORN nunca cubrió los gastos del parto ni la hospitalización y presionando a Isabel Garita «la hizo firmar su finiquito» pagándole solamente tres de las cuatro catorcenas que le debían (desde agosto del 2007) y que también adeudan a Carmen Valadez.

A finales de marzo del 2007 a Carmen se le diagnosticó diabetes, tuvo una grave crisis y fue hospitalizada por 8 días en terapia intensiva en una clínica del IMSS, como no contaba ya con seguridad social contrajo una deuda con esta institución de $49 mil pesos que, según denuncia de las organizadoras, ACORN no ha querido asumir.

En junio, la organizadora Raquel Herrera tuvo que renunciar ya que «su salud se afectó por el estrés y el polvo de las calles» sin que pudiera recibir después atención médica.

Así a finales de agosto, ACORN dejó de pagar las catorcenas a las organizadoras y luego presionó a Isabel Garita para que renunciara, aceptando una cantidad menor al adeudo de las catorcenas y al costo de su parto, mientras que Carmen Valadez «tuvo que iniciar una demanda por rescisión de contrato por falta de cumplimiento de las condiciones pactadas».

ACORN

David Sepúlveda, abogado recientemente contratado por ACORN, afirma que se haga lo que se haga, dicen las organizadoras en el comunicado, la Asociación no pagará ni las indemnizaciones, ni los adeudos por atención médica, ni las catorcenas y adeudos.

Por tanto, sostienen, está faltando a sus principios y lo que pregona en las calles y medios de comunicación. «En México hay leyes que deben acatar. No podemos permitir que organizaciones civiles o privadas, al igual que las maquiladoras, violen las leyes de protección a las y los trabajadores mexicanos».

Ante esta situación exigen: el pago del laudo a favor de las promotoras despedidas injustificadamente Lilia León y María Antonieta Robles; el pago de las 4 catorcenas adeudas a Carmen Valadez y sus gastos médicos en el IMSS, y la indemnización constitucional para Raquel e Isabel.

08/CV

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