El concepto de tráfico de personas se diferencia del término contrabando de personal o traslado ilícito de personas (smuggling), y esta diferencia es importante para comprender la necesidad de proporcionar protección adecuada a las víctimas de tráfico o trata. Smuggling implica un transporte ilícito que no contiene un elemento de engaño, al menos al comienzo del proceso.
Tomando como fuente el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se entiende por tráfico o trata «la captación, transporte, traslado, recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona con fines de explotación».
De acuerdo con el mismo documento, «esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.»
Entre las características que favorecen el tráfico están la demanda o clientela y el funcionamiento impune de las redes criminales. Para las mujeres jóvenes de entre 12 y 17 años de edad, la combinación de necesidad económica; la responsabilidad como jefas de hogar; el analfabetismo o la mínima educación; la falta de preparación en habilidades técnicas y una historia de abuso físico y sexual contribuyen al riesgo de que sean víctimas de tráfico.
Las características están relacionadas con condiciones externas, como ser discriminadas por género; el desempleo y pobreza; las actitudes de desprecio y de falta de respeto a las mujeres y los menores; los débiles controles migratorios; la corrupción y el impacto de la globalización. Sí, el mercado o industria del sexo, el turismo sexual y otras formas de demanda de servicios sexuales son componentes fundamentales en la existencia de estas redes.
Quienes trafican conocen las políticas migratorias, la legislación y las prácticas, y frecuentemente operan por medios legales para propósitos ilegales. Las autoridades de policía e inmigración, que funcionan juntas en las fronteras internacionales, saben que el tráfico existe y está creciendo. Desafortunadamente, prevalece la existencia de extensas áreas fronterizas sin ningún control, la falta de personal capacitado, de equipos y sistemas de información, y una gran corrupción.
La demanda está concentrada en zonas de tolerancia, áreas turísticas, puertos; lugares situados en rutas internacionales y ciertas áreas agrícolas donde los trabajadores migrantes son mayormente hombres. Las drogas y el alcohol son utilizados para controlar a mujeres y menores; no sólo para inducir dependencia hacia el dueño, sino para incrementar la deuda de las víctimas hacia él.
El crimen de tráfico como tal no está explícitamente identificado en las legislaciones latinoamericanas. Más aún, la aplicación de las leyes vigentes contra proxenetas y facilitadores es casi inexistente, lo que contribuye a la impunidad de los traficantes. El corredor del tráfico se extiende desde Nicaragua hasta Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y el sur de México.
La región carece de formas de prevención, protección, sanción y estrategias de reintegración de las víctimas. Redes criminales de pequeña o mediana escala, incluyendo bandas juveniles o maras, actúan con casi absoluta impunidad y en ausencia de protección de las víctimas, por lo que se requiere crear un marco normativo regional, un plan de acción o conjunto de principios rectores para que existan normas compartidas contra el tráfico o la trata de personas con fines de explotación.
Debemos desarrollar acciones para reformar y armonizar la legislación; acuerdos bilaterales y multilaterales para mayor cooperación en el intercambio de información e inteligencia, y la creación de sistemas de registro consulares uniformes que reporten casos de tráfico para brindar apoyo en procesos judiciales contra los traficantes.
*Senadora del Partido Revolucionario Institucional
05/LS/YT
