La tragedia que vive Tabasco es política más que ambiental y a la falta de políticas de mitigación y adaptación (por corrupción, por negligencia, por incapacidad o por cualquier otra causa) hay que agregar la deforestación, es decir, la falta de políticas públicas adecuadas destinadas a proteger los bosques de todo el país y en este caso, los de Tabasco y Chiapas, advirtió la organización ambientalista Greenpeace en un comunicado.
La situación de los bosques en Tabasco contribuyó a agravar el impacto y la extensión de estas inundaciones, explicó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace México.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Tabasco es uno de los tres estados que han sufrido mayor transformación de su cubierta forestal en zonas de uso agropecuario.
Este estado sufrió, entre 1981 y 1992, una reducción del 29 por ciento en su cobertura vegetal natural y un incremento de ocho por ciento en las zonas de uso agropecuario. Es decir, en sólo once años, la superficie destinada a la agricultura y ganadería pasó del 61 por ciento al 69 por ciento de todo su territorio, dijo Magallón.
Y es que al perder bosques por tala, ganadería, agricultura o cualquier otra razón, perdemos la capacidad de estos ecosistemas para absorber CO2, para capturar el agua de lluvia y filtrarla al subsuelo y, por el contrario, lo que provocamos es que los bosques destruidos generen CO2 adicional y que en vez de capturar el agua de lluvia, se erosionen y deslaven los suelos y se arrastre toda la materia orgánica de las zonas altas a los ríos, azolvándolos y ocasionando que se desborden, explicó.
En cambio, una capa vegetal de bosques bien conservada retiene el suelo con sus raíces, disminuye la fuerza del agua de lluvia y promueve su infiltración hacia el subsuelo.
De hecho, tragedias como la del domingo pasado en Juan Grijalva, donde un cerro se desgajó sobre la comunidad, también pueden ser prevenidos con una adecuada política forestal, ya que la cobertura forestal ayuda a evitar los deslaves.
No es casual que las consecuencias de este tipo de fenómenos sean más graves en las regiones donde la deforestación ha sido más aguda, como es el caso de Chiapas, uno de los cuatro estados más deforestados del país, y donde se encuentra la cabecera o zona de captación de agua de la Cuenca del Río Grijalva: Villahermosa.
Esto, sin duda, ocasiona que el flujo de agua hacia la parte baja de la cuenca sea mucho mayor de lo que sería si hubiera una cobertura forestal adecuada en Chiapas y en el propio estado de Tabasco, explicó Magallón.
LLAMADO A LA CÁMARA
En este contexto, de agudización de impactos del cambio climático debido a la deforestación, Greenpeace hizo un nuevo llamado a las y los diputados para que modifiquen el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2008, dado que la actual política forestal no reducirá la tasa de deforestación. De hecho, nuestro país perdió la mitad de su superficie forestal en sólo 50 años.
«La actual política forestal, reflejada en el PPEF 2008, ahondará aún más la crisis que enfrentan actualmente nuestros bosques, acelera el cambio climático y nos hará cada día más vulnerables. Proteger los bosques es parte de las políticas de prevención y mitigación indispensables en nuestro país para reducir los impactos del cambio climático», dijo Magallón.
CALDERÓN, LIMITADO
Los bosques de nuestro país desaparecen a un ritmo de entre 500 y 600 mil hectáreas por año. En vista de esto, el PPEF propuesto por el Felipe Calderón para la conservación de los bosques es insuficiente, ya que pretende asignar sólo 7 mil 80 millones de pesos a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Las y los legisladores tienen la oportunidad de revertir esta situación, modificando el PPEF 2008, para fortalecer los programas que sí ayudan a detener la deforestación, a mitigar el cambio climático y sus impactos, y que mejoran la calidad de vida de los 13 millones de personas que viven en los bosques.
Para lograrlo, es necesario incrementar 2 mil 600 millones a la Conafor, mil 136 millones a la Conanp y 504 millones a la Profepa, y asignar estos aumentos a los programas que sí ayudan a revertir la problemática forestal: Procymaf, Prodefor, Proders, consolidación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y combate a las bandas de talamontes», dijo Magallón.
Tal como está actualmente el presupuesto, pretende destinar únicamente 752 millones de pesos a los programas que promueven el Manejo Forestal Sustentable (MFS), es decir a Prodefor y Procymaf.
Es decir, los programas que sí ayudan a revertir la grave crisis de los bosques de nuestro país recibirán 132 millones de pesos menos que lo que se destinará a promover las plantaciones (que recibirá 38 por ciento de los recursos asignados) y mil millones de pesos menos que el programa de reforestación (que, con suerte, funciona en 50 por ciento).
«Necesitamos compromisos y políticas claras y concretas del Ejecutivo para mitigar y adaptar, pero en estos momentos también llamamos al Legislativo a hacer su parte: sembrar arbolitos sin ton ni son no es conservar los bosques, no es detener la deforestación y no evita catástrofes como las que estamos viviendo en Tabasco y Chiapas. En sus manos tienen darle un giro radical al presupuesto forestal, a fin de que los bosques que todavía tenemos se conserven y nos protejan», finalizó Magallón.
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