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Tras 6 años de lucha trabajadoras exigen basificación

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Empleadas del ayuntamiento de Comondú, en Baja California Sur (BCS), permanecen en plantón en la explanada del gobierno del estado en demanda de que se les restituyan sus empleos de base, luego de que “de manera arbitraria” las autoridades municipales les cambiaron su estatus laboral al de “trabajadoras compensadas”, con menos sueldo y sin prestaciones.

El ayuntamiento de Comondú tomó esa determinación desde abril del 2005. Además de otras protestas y movilizaciones, 10 trabajadoras decidieron comenzar un plantón desde hace más de dos meses y aún no obtienen respuesta.

En enero de 2005, al final de la administración municipal de Javier Gallo Reina, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se otorgaron 72 bases a trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento, de los cuales 41 eran mujeres.

Sin embargo, tres meses después, con la entrada del también perredista Marcos Covarrubias Villaseñor, 20 empleadas y empleados del ayuntamiento —de los cuales 13 eran mujeres— fueron despedidos, debido a que eran personal directivo, de confianza o no carecían de una relación laboral formal, ya que acudían a trabajar sin sueldo fijo “con la esperanza de ser contratados formalmente”.

Las restantes 52 personas a quienes se les destituyó su base, volvieron a la categoría laboral de trabajadoras “compensadas”, con una reducción de 73.8 por ciento de su salario, informó a Cimacnoticias Elizabeth Yee Shavira, empleada de ese ayuntamiento, quien, junto con nueve trabajadoras más, sostiene el plantón en la explanada de gobierno del estado.

Las y los trabajadores “compensados” ganan mil 475 pesos quincenales, no perciben ninguna prestación, ni siquiera cuentan con servicio médico, mientras que quienes tienen un empleo de base reciben 5 mil 625 pesos a la quincena, y prestaciones como bono de transporte y de riesgo de trabajo, despensa, seguro de vida, servicio médico y crédito de vivienda.

En mayo de 2005, el ayuntamiento demandó que se nulificara el cambio de categoría de las y los trabajadores (de “compensados” a personal de base), ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de BCS.

Ante dicha demanda, alrededor de 65 trabajadoras y trabajadores contestaron al Tribunal y se inconformaron por la petición del ayuntamiento, y desde mayo de 2005 comenzó el proceso jurídico para determinar si la base se les restituye o no. Actualmente el caso está en el “desahogo de pruebas y testimoniales”.

En estos seis años de lucha, las trabajadoras realizaron dos plantones en Comondú. El primero lo realizaron 15 personas en 2007, duró seis meses y fue durante la gestión del perredista Marcos Covarrubias, lo levantaron porque Víctor Guluarte, en ese entonces secretario general de Gobierno del estado se comprometió a que el Tribunal de Conciliación emitiría una sentencia en cuatro meses.

La promesa del funcionario estatal no se cumplió, por lo que en 2008 25 trabajadoras y trabajadores del municipio, de los que sólo tres eran hombres, iniciaron un segundo plantón en el ayuntamiento, esta vez tuvo una duración de nueve meses y lo levantaron debido al desgaste ocasionado por la falta de respuestas por parte de los perredistas Joel Villegas, actual presidente municipal de Comondú, y del gobernador Narciso Agúndez Montaño.

Elizabeth Yee, viuda hace nueve años, refirió que a diferencia de sus compañeras del plantón, “yo no cuento con el apoyo de un esposo, a mí me apoyan mis hijos, el mayor vende donas en Comondú para mantenerse él y mi hijo el chico”. Para la trabajadora estar lejos de su familia (a dos horas y media de camino) “hace más difícil mantener esta lucha, pero sabemos que vale la pena exigir el respeto a nuestros derechos”.

Los argumentos que durante más de un lustro han dado los funcionarios de BCS, es que dar empleos de base a las trabajadoras “inflaría la nómina del gobierno” y dicen no estar en la disposición, señaló la trabajadora Yee Shavira.

Al respecto, Iván Castro Beltrán, abogado de las trabajadoras, señaló que mientras reconocer la base de las 10 empleadas significaría un costo de 800 mil pesos anuales, este año, los 21 legisladores del Congreso saliente de BCS, “se aprobaron” un bono de liquidación de 900 mil pesos para cada uno.

Además, dijo, no sólo se trata de una cuestión económica, se están violando las garantías establecidas en el apartado B de la Ley Federal del Trabajo, las cuales indican que sólo el sindicato puede impugnar las bases otorgadas por el ayuntamiento, además ese procedimiento debe hacerse en el lapso de un mes, y no tres meses después como ocurrió con las 72 bases del personal municipal.

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