La Coalición por un Código Penal Moderno y Consensuado en República Dominicana denunció, a través de un pronunciamiento difundido por la prensa local, que los sectores ultra conservadores» de la sociedad dominicana buscan confundir a la opinión pública e imponer silencio sobre el debate abierto y democrático acerca de la despenalización parcial del aborto.
La mayoría de la población no apoya la posición ultra conservadora basada en el dictado eclesiástico, dijeron las integrantes de la Coalición en rueda de prensa.
Y así parece revelarlo el debate en los diarios locales, donde Nassef Perdomo Cordero dijo hace unos días en un artículo de opinión que se reportan «(ojo, se reportan) casi 100,000 abortos al año»?, «cerca de 250 abortos diarios?, diez por hora, uno cada seis minutos».
Sostiene la Coalición que la estrategia de los conservadores sobre el debate en torno a la despenalización parcial del aborto parece obedecer al deseo de divulgar confusiones y distorsiones sobre el contenido real de la propuesta, y al mismo tiempo impedir que los actores políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía definan sus posiciones libres de manipulaciones y presiones indebidas.
«Las reglas de juego de la democracia indican que lo que estos sectores deberán hacer es tratar de convencer a la opinión pública de los méritos de su posición, en base a argumentos bien sustentados y respetuosos», sostiene la Coalición.
Por el contrario, lo que se observa son tretas para desviar la atención de lo que realmente se está debatiendo en el Congreso Nacional, explica el organismo, que estuvo representado por Colectiva Mujer y Salud; Centro de Investigación para la Acción Femenina; Centro de Estudios de Género de INTEC, Comité de América Latina y el Caribe para los Derechos de la Mujer y por Participación Ciudadana.
REAL DEBATE
El debate debe ser «si el Estado dominicano tiene el derecho de obligar a una mujer violada o a una niña víctima de incesto a llevar a término un embarazo indeseado, y si tiene el derecho de obligar a una mujer a arriesgar su vida cuando el embarazo supone una amenaza inminente de muerte», resalta.
La Coalición considera que la gran mayoría de las y los dominicanos no está de acuerdo con la posición ultra conservadora, basada en el dictado eclesiástico, de que es mejor que se produzcan dos muertes (mujer y embrión), antes que un aborto terapéutico.
Asegura que la mayoría de la población tampoco está de acuerdo con la prohibición de los anticonceptivos o del uso del condón para la prevención del VIH/SIDA. «No entienden que en una sociedad democrática no tienen cabida las actitudes autoritarias, los absolutismos morales, las imposiciones unilaterales».
Afortunadamente, el atraso político que representan estas posturas va dando paso al reconocimiento de que en una democracia todos y todas tenemos el mismo derecho a participar y a decidir, y que tenemos que atenernos a las mismas reglas de juego», sostiene.
La coalición entiende que en la coyuntura actual no sólo está en juego la despenalización del aborto terapéutico, sino también la posibilidad de avanzar en el desarrollo de una cultura política verdaderamente democrática y en la vigencia plena de nuestros derechos constitucionales, escamoteados por tanto tiempo.
Con descalificaciones personales, amenazas políticas e imputaciones absurdas de presuntos sobornos a legisladores, los sectores ultra conservadores opuestos a la despenalización parcial del aborto están tratando de silenciar el debate racional, democrático y transparente que por primera vez se viene desarrollando en el país en torno al tema.
Su estrategia parece responder a dos objetivos: por un lado, enturbiar el debate y confundir a la opinión pública en cuanto al contenido real de la propuesta de despenalización parcial; y por el otro, impedir que los actores políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía se expresen libremente y definan sus posiciones al margen de manipulaciones y presiones indebidas.
Las reglas de juego de la democracia indican que lo que estos sectores debieran hacer es tratar de convencer a la opinión pública de los méritos de su posición, en base a argumentos bien sustentados y respetuosos.
Por el contrario, lo que observamos son tretas para desviar la atención de lo que realmente se está debatiendo en el Congreso, es decir: si el Estado dominicano tiene el derecho de obligar a una mujer violada o a una niña víctima de incesto a llevar a término un embarazo indeseado, y si tiene el derecho de obligar a una mujer a arriesgar su vida cuando el embarazo supone una amenaza inminente de muerte. En la coyuntura legislativa actual, lo que se está debatiendo sobre el aborto es eso y nada más.
Entendemos que la gran mayoría de las y los dominicanos no está de acuerdo con la posición ultra conservadora, basada en el dictado eclesiástico de que mejor dos muertes (mujer y embrión) que un aborto terapéutico, como tampoco está de acuerdo con la prohibición de los anticonceptivos o del uso del condón para la prevención del VIH/SIDA.
De ahí que en vez de apelar al debate franco de sus ideas, prefieran camuflarlas detrás de pronunciamientos sobre el derecho a la vida -siempre y cuando se trate de la vida de un embrión, nunca la de una mujer con un embarazo ectópico, por ejemplo.
También llama la atención que estos sectores no hayan externado preocupación alguna por otros aspectos preocupantes del anteproyecto de Código Penal, como establecer la inimputabilidad penal al violador que contrae matrimonio con la menor de edad violada, la falta de tipificación de la explotación laboral contra niños, niñas y adolescentes, la derogación de la Ley 24-97, incluyendo disminución de penas y no tipificación de la violencia contra la mujer, entre otros.
Esas voces de ultraderecha no se han levantado para denunciar, en nombre de la vida y la dignidad de mujeres y menores, la violación de derechos humanos fundamentales que estos artículos representan.
Más aún, la criminalización del aborto terapéutico en base a dictados religiosos constituye una clara violación a la libertad de conciencia y culto consagrada en la Constitución dominicana.
En una sociedad democrática, las enseñanzas morales de una religión son asumidas de manera voluntaria por sus creyentes, nunca impuestas por la fuerza de la ley a toda la ciudadanía, al margen de las creencias religiosas de cada cual.
¿Por qué los sectores ultra conservadores evitan por todos los medios discutir este punto? Estos sectores no entienden –o no quieren entender– que la sociedad dominicana está transitando por un proceso de desarrollo democrático donde las posiciones encontradas se tienen que dirimir mediante el diálogo, la negociación y la concertación entre todas las partes en igualdad de condiciones y derechos.
No entienden que en una sociedad democrática no tienen cabida las actitudes autoritarias, los absolutismos morales, las imposiciones unilaterales.
Afortunadamente, el atraso político que representan estas posturas va dando paso al reconocimiento de que en una democracia todos y todas tenemos el mismo derecho a participar y a decidir, y que tenemos que atenernos a las mismas reglas de juego.
Por eso entendemos que en la coyuntura actual no sólo está en juego la despenalización del aborto terapéutico, sino también la posibilidad de avanzar en el desarrollo de una cultura política verdaderamente democrática y en la vigencia plena de nuestros derechos constitucionales, escamoteados por tanto tiempo.
Confiamos en que nuestros representantes electos no se dejarán amedrentar por las amenazas y chantajes que actualmente enfrentan, y que reafirmarán su compromiso con la democracia y el estado de derecho que tantos sacrificios le han costado a nuestro pueblo.
07/GG
