Inicio Un año de cinismo y descaro, luego de la muerte de Ernestina

Un año de cinismo y descaro, luego de la muerte de Ernestina

Por Redaccion

La violación y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahua de 73 años de edad, a manos de elementos del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007, ha servido para dar cuenta de la burda actuación de algunos personajes oscuros que se encuentran en las esferas del poder y ha mermado aún más la frágil credibilidad de las instituciones, señaló la diputada federal Marisela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género.

De igual forma, dijo la legisladora en conferencia de prensa celebrada ayer con motivo del primer aniversario de la muerte de la mujer, destapó la cloaca en la que se encuentra sumergido el sistema de impartición y procuración de justicia en nuestro país. Además con el manejo del caso, algunos actores políticos enseñaron el colmillo y puso en evidencia su desprecio a los derechos humanos.

¿De verdad fue la gastritis la que mató a Ernestina?, se preguntó la legisladora, e inmediatamente respondió: la verdad histórica de los hechos se contrapone a la realidad que quisieron imponer Calderón y sus secuaces para este caso: José Luis Soberanes y Fidel Herrera.

CALDERÓN Y ALGUNOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO

Prácticamente por Decreto, señala Contreras, Calderón anunciaba que Ernestina había muerto por “gastritis crónica no atendida” y con ello la preocupación fue, no el esclarecimiento del caso y castigo para los responsables, tampoco la atención y protección de las víctimas, ni mucho menos atención a la demanda de justicia de los pobladores del Municipio de Soledad Atzompa; sino que la preocupación era solapar y darle verdad a la versión de muerte natural decretada.

Se alistaba a comenzar su lucha contra el narcotráfico llevando el Ejército a las calles, convirtiendo las colonias, pueblos y comunidades en cuarteles. Esa actitud y la irresponsable actuación de algunos efectivos castrenses hizo posible señalar lo vulnerable que se encuentra el respeto de los derechos humanos de la población con los operativos militares, pues cometieron violaciones en Michoacán y asesinaron a personas inocentes en Sinaloa y, recientemente, fueron acusados de haber golpeado a un sacerdote.

Por sí no fuera poco, recuerda Contreras, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) dio a conocer que Calderón nuca tuvo sustento para decretar la muerte natural de Ernestina y hace poco ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicar la averiguación previa seguida a los militares acusados, ya que sus procesos no son transparentes.

SOBERANES Y SU DESCRÉDITO

Su actuación de solapador y cómplice en el caso, afirmó Contreras Julián, llevó a Soberanes a desacreditarlo para estar frente a la CNDH; además, debilitó la confianza y la credibilidad que tenía la sociedad en esa institución.

El comportamiento de Soberanes fue seguido de cuestionamientos por parte de Amnistía Internacional sobre su papel en la represión de Atenco y Oaxaca; además la reciente evaluación que le hizo Human Rights Watch es un punto de partida para llamar a replantear el papel de la CNDH y de la permanencia de Soberanes en la misma.

Soberanes, considera la legisladora, ha hecho un uso tendencioso de los casos de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, realizando cuestionamientos discrecionales a algunas autoridades, asumiendo funciones de Ministerio Público, emitiendo recomendaciones a destiempo, criticando los informes y opiniones de organismos internacionales de derechos humanos sobre la situación de esta materia en México y tomando decisiones sin tomar en cuenta al Consejo Consultivo de la propia Comisión.

FIDEL HERRERA Y SU COMPLICIDAD

A Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, señala Contreras, no le bastó quedar en vergüenza ante el pueblo de Veracruz cuando en un inicio se mostraba duro al señalar que habría castigo para los militares que violaron a Ernestina y después decía que siempre no, que murió de gastritis.

Tampoco le bastó secuestrar a los familiares de Ernestina para que no impugnaran el no ejercicio de acción penal en el caso, llevándolos de vacaciones por la República. Eso no fue suficiente, ahora están acosando a periodistas que cubrieron el caso, pues la Procuraduría del estado ha citado a comparecer a Rodrigo Vera, reportero de Proceso, y mantiene un cerco informativo a la corresponsal en Veracruz, Regina Martínez, que cubrieron el caso para esa revista. A Rodrigo Vera lo acusan de ser el presunto responsable de publicar una foto del cadáver de Ernestina.

De igual forma, a Andrés Timoteo Morales, corresponsal del periódico La Jornada y uno de los primeros en investigar la violación y el asesinato de Ernestina, fue objeto de robos de documentos y equipo de trabajo.

A un año de los sucesos, indica Conteras, la operación de Estado sigue, pero lo que raya en lo absurdo es que ahora se pretenda castigar a compañeros suyos, a periodistas, por supuestamente publicar la foto del cadáver de Ernestina, ¿quién sancionará a Soberanes por mostrar las fotos de la necropsia que se le practicó a Ernestina?

Con el acoso a la y los periodistas Regina Martínez, Rodrigo Vera y Andrés Timoteo Morales, se está violando la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, que en su punto ocho señala que Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

Se equivocan las autoridades una vez más, dice Contreras Julián. Por ello, exigimos respeto y garantías para la labor que desempeñan estos comunicadores, pues esta intimidación pretende inhibir la cobertura periodística y vulnera con ello el derecho de la sociedad a estar informada.

A un año de la muerte de Ernestina, considera, ha existido un cinismo y desprecio de las autoridades por el respeto de los derechos humanos; impunidad a los responsables de la muerte, falta de transparencia en los procesos militares e intimidación a reporteros que cubrieron el caso.

Con el Ejército en las calles y de ser aprobadas las reformas en materia de justicia, no dudemos que miembros del Ejército que realizan funciones policiacas ingresen a los domicilios violando los derechos humanos, finaliza la diputada Contreras Julián.

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