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Una década trabajando por los Derechos Humanos de las salvadoreñas

Por Sonia Gerth
DefensoraAlejandraBurgosElSalvador_SoniaGerth

Alejandra Burgos es defensora de Derechos Humanos en El Salvador. Es integrante de la “Agrupación Ciudadana Por la Despenalización del Aborto terapéutico, ético y eugenésico”, y trabaja en la “Colectiva Feminista para el Desarrollo Local”, también coordina la “Red Salvadoreña de Mujeres Defensoras”.

Durante la “Misión de Solidaridad Feminista El Abrazo”, a Honduras, donde se reunieron defensoras de 13 países latinoamericanos y europeos, Cimacnoticias se entrevistó con ella a propósito de la lucha que desde los movimientos de mujeres, han emprendido por las que se encuentran privadas de su libertad por aborto, así como por la discusión que hay en torno a la despenalización del mismo en ese país centroamericano.

Cabe recordar que El Salvador es uno de los países con las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de aborto. La Constitución salvadoreña establece la prohibición absoluta del aborto sin excepciones. El aborto se permitió hasta 1998 por 3 causales: por violación o estupro, riesgo para la vida y por malformación grave del feto.

El caso de Imelda Cortez, una joven que durante años vivió violencia sexual y que fue encarcelada por tentativa de homicidio después de dar a luz a una niña, producto de la violación reiterada de su padrastro de 70 años de edad, dio un vuelco al movimiento de mujeres respecto al tema.

– Sonia Gerth (SG): ¿En qué estado de ánimo están después de la liberación de Imelda?

– Alejandra Burgos (AB): Estamos muy contentas, en primer lugar porque Imelda ha recuperado su libertad y va a tener la posibilidad de continuar con su proyecto de vida, recuperar los 20 meses que estuvo privada de libertad, pero además, intentar recuperarse de una situación de violación sistemática de la que fue víctima y ahora es sobreviviente. En el caso de Imelda, lo que vemos es el reflejo también de años de lucha. Precisamente por toda la indignación social que generó su historia, por toda la movilización autogestionada y autoconvocada que hubo para acompañar a Imelda, no la habíamos visto en otros casos y eso nos llena de profunda alegría y esperanza. Creemos que la libertad de Imelda del pasado 17 de diciembre 2018, marca un antes y un después en la historia de la lucha para la libertad de las mujeres, y sobre todo porque este caso de Imelda da cuenta de cuál es la realidad que tienen que enfrentar las mujeres y las niñas en El Salvador, debido a la absoluta penalización del aborto.

Imelda, fue víctima de violencia sexual continuada por parte de su padrastro, pero que no solamente vivió esta situación de violencia sino que se le impuso a concluir un embarazo por el cual tuvo una complicación obstétrica, y lejos de ser tratada como sobreviviente de violencia sexual, en primer lugar se le trata como victimaria.

Lo que vemos es cómo el sistema de justicia, una vez más se generó como un sistema que oprime a las mujeres y que trata con bastante inocencia a los agresores porque el padrastro de Imelda estuvo casi un año en libertad, a pesar de que Imelda cinco días después de haber tenido la emergencia obstétrica, lo denunció. Su preocupación para denunciarlo en parte era su historia, pero también de que la bébé, su hija, estuviera en la misma casa que el agresor. El día 16 de enero pasado tuvo lugar por fin la primera audiencia de Pablo Henríquez, el agresor de Imelda, un hombre de setenta y tantos años, y el juez declaró que pase a la siguiente etapa, que es la etapa de sentencia; entonces va a enfrentar un juicio. La fiscalía lamentablemente al inicio no hizo un buen papel, jugó un papel criminalizador con Imelda, pero estaba jugando un papel bastante frágil en cuanto al agresor Pablo Henríquez; y en ese sentido ha emendado su rol, pero también ha sido resultado de la presión que hemos hecho desde las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y las organizaciones feministas.

– SG: Me podrías detallar este “antes y después”, en cuanto a por ejemplo, el sistema de justicia, políticas, políticos, y la opinión pública

– AB: La historia de la absoluta penalización del aborto en El Salvador, hay que marcarlo en el hecho de que del año 1974 al 1997, El Salvador tuvo una de las legislaciones más progresistas en América Latina en cuanto al aborto, porque se consideraba eximente de responsabilidad penal cuando el aborto se diera, por ejemplo, como resultado de una violación, o cuando el embrazo tuviera complicaciones, ya sea contra la vida de la mujer gestante, o por malformación congénita e incompatible con la vida extrauterina. Eso fue hasta el año 1997. Luego, más o menos a mediados de los 90 en El Salvador empezó una reforma al Código Penal que se creía, iba a convertirse en un Código más garantista. Lejos de eso se convirtió en un Código mucho más conservador en cuanto a aborto se refiere, porque en ese marco, veníamos saliendo de la guerra civil de 12 años y seguía teniendo mucho poder la derecha consagrada en la Asamblea Legislativa, y había mucha presión tanto de la Iglesia católica como de varios sectores conservadores. Entonces, bajo esa presión se aprueba una reforma del artículo 133 del Código Penal, en la cual se eliminan los eximentes de responsabilidad, y se dice que se prohibirá y se condenará a cárcel a cualquier persona que facilite los medios, que se practique a sí misma o que genere la información necesaria para que otras personas puedan interrumpir su embarazo.

Entonces, ahí vemos de 2 a 8 años de lo que se estipula como pena por aborto. Pero el año siguiente, no solamente reforman el Código Penal, sino que en 1999 se reforma la Constitución, el artículo uno, y ahí se dictamina que “la vida empieza desde el momento de la concepción”, con lo cual se generó una persecución también a nivel mediático, discursivo, al nivel de todas las narrativas de noticias que se iban produciendo, lo cual generó una autocensura en el movimiento social, movimiento feminista, y una sensación de persecución al personal médico. Se sentía de manos atadas, con obligatoriedad de denunciar para no verse procesados también, a causa de esta ley.

En ese marco, en el año 2006, se conoció el caso de una mujer, Karina Climaco, quien recuperó su libertad en el año 2009, después de casi tres años de lucha. Fue bien difícil. Al principio había muy pocas compañeras, tres o cuatro las que empezaron esa lucha.

Alguna gente se unió, pero cuando empezaron a ver que la acusación no era aborto de manera simple, sino que tenía la acusación de homicidio agravado, debido al cambio de delito que pide Fiscalía por este cambio de la Constitución, se empezaron a retirar. Pero luego se logró una movilización social, y se logró una revisión de sentencia con peritajes nuevos, con los cuales se demostró que Karina no había hecho ninguna acción para quitarle la vida a su bebé, sino que éste murió en el momento del parto o minutos antes de que le diera luz. Así es como Karina recupera su libertad, y cuando lo hace, dice: ‘¡Yo no soy la única!’ Entonces ahí es donde nace la “Agrupación Ciudadana”, en el año 2009, con el objetivo de luchar por la libertad de las mujeres que se encontraban criminalizadas, debido a la absoluta penalización del aborto y también con el objetivo de cambiar la ley, y cambiar el imaginario al nivel social.

En esos 10 años de lucha, hemos logrado la libertad de 28 mujeres, las estrategias han sido revisiones de sentencias, son los recursos judiciales que más se han utilizado. Sólo en pocos casos, hemos llegado a tiempo antes de que sean condenadas. Muchos casos los encontramos cuando tienen una condena en firme. Entonces hay que luchar con amparos, con indultos, algunos procesos de casación también, que buscan revertir las penas y conseguir que las penas sean más proporcionales al delito que se les está imputando.

– SG: En el caso de Teodora Vázquez fue conmutación ¿no?

– AB: En el caso de Teodora, ella recupera su libertad después de haber luchado en un juicio de revisión en el cual no se dio su libertad, pero a través de otra estrategia legal, vinculado al Ejecutivo, y también a algunos beneficios penitenciarios a los que ella ya podía tener acceso debido a que ya había cumplido casi 7 años de pena.

Teodora estaba condenada a 30 años, Teresa estuvo condenada a 40 años y recuperó su libertad a través de un proceso de revisión de sentencia. Teresa por ejemplo, es una mujer que ha recibido asilo político en Suecia, la primera vez que se da por este tema, debido a que Suecia consideró que mientras el aborto estaba penalizado en El Salvador, es un riesgo para ella regresar. Entonces creo que a eso nos referimos cuando decimos que el caso de Imelda marca un antes y un después, porque lo que hemos tenido a lo largo de estos 10 años, son luchas específicas por casos específicos y ha sido bien difícil, ha sido poca la gente que estaba vinculada a estas defensas.

Algunas organizaciones internacionales, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), como IM Defensoras, como Amnistía, como el Centro de Derechos Reproductivos, como IPAS, han acompañado en esta lucha. Y algunas organizaciones sociales de Derechos Humanos y feministas de El Salvador.

Pero con el caso de Imelda, también se da en el marco que veníamos desde 2016 luchando por que se cambiaran las leyes. 2 años de un amplio debate social, político, en el marco de lograr una despenalización en cuatro causales. El 11 de octubre de 2016, la diputada Lorena Peña del FMLN (partido de izquierda) presentó una propuesta de ley para reformar el Código Penal en el artículo 133, justamente para que se volviera a la tipificación de delitos que teníamos antes de la reforma del año 1998. Esto fue importante, porque se instaló en el imaginario social de  El Salvador cuáles eran las razones por las que se buscaba la despenalización del aborto. Considero que también hay un cambio generacional en El Salvador, que la gente tiene más acceso a la información. Hay gente joven que está vinculada mucho más, se debate más en las universidades, se han hecho muchas encuestas de opinión pública, y también creemos que ha sido el trabajo de toda la movilización social, incidencia política lo que ha generado que la gente de El Salvador esté al tanto de la problemática. Y se da cuenta que ese tema sólo afecta a mujeres en situación de pobreza. La marea verde, de Argentina, que se convirtió en tsunami, ha tenido un impacto positivo, ha interpelado a quienes defendemos Derechos Humanos, a las feministas, para poder vincularnos más a buscar estrategias creativas para que las legislaciones cambien.

– SG: ¿Cuáles son las cuatro causales? Y… al final, la ley no se dio, ¿verdad?

– AB: Las cuatro causales eran despenalizar el aborto cuando hubiera algún tema de complicación en la salud de las mujeres, otro era en caso de malformación congénita incompatible con la vida extrauterina, otro era violación en mujeres adultas, y la otra era violación en niñas, es decir, estupro o incesto.

Lo que encontrábamos en los diálogos con las legisladoras y legisladores, es que sí entendían la causal salud y malformación en algunos casos, y violación de niñas, pero había mucha resistencia para el tema de violación en adultas. Hay un arraigo bastante fuerte en dudar de los testimonios de las mujeres víctimas de violencia.

Vivimos en una sociedad todavía muy machista, que puede ser progresista para algunas cosas, pero no para otras. Nos faltó voluntad política de parte de algunos partidos que nos decían que teníamos sus votos, pero que al final… no estuvieron a la hora de votar. ¡En dos ocasiones! Porque además, en 2017 hubo un diputado que presentó una propuesta de ley para que se penalizara el aborto con hasta 50 años de cárcel y había una tercera propuesta, que era de otro diputado, que buscaba que se despenalizara en dos causales: sólo en violación de niñas y salud de mujeres adultas.

Pero pareciera que no hubo un respaldo partidario en bloque a esta problemática. Creo que ahora mucha gente ha dicho que se alegra con la libertad de Imelda, pero además de alegrarse hay que hacer algo, hay que cambiar la ley. Ha habido ya varios llamados de atención a nivel internacional, recomendación de la CDH, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el mismo Alto Comisionado en su visita anterior en diciembre 2017 hizo un llamado para que eso se cambiara. Además, han habido resoluciones de la Sala de lo Constitucional en dos ocasiones pero todavía hace falta voluntad política para que esto cambie.

En el caso de Imelda hemos visto cómo la movilización ha sido un respaldo político importante para su libertad. Creemos que esto es una señal de esperanza, que la lucha por la libertad de las mujeres es una demanda social, ciudadana, y lo que nos hace falta únicamente, es que las políticas, los políticos, representantes y funcionarios del Estado, estén a la altura de esas demandas ciudadanas.

– SG: Aparte de la audiencia que ahora están esperando para el padrastro de Imelda ¿cuáles son los próximos pasos?

– AB: Tenemos otro caso, muy similar de Imelda, una joven de nombre Evelyn, ella fue condenada a 30 años de cárcel. La Cámara de lo Penal ya ha dictaminado que es una pena desproporcional, que no se encuentran los elementos suficientes de dolo para demostrar que ella tuvo intención de hacerle daño a su bebé, que efectivamente lo que tuvo es una complicación obstétrica también.

Es una joven de 20 años en este momento, y estamos a las puertas de que se celebre un nuevo juicio en las próximas semanas. Entonces esperaríamos que así como el juez que llevó el caso de Imelda, que había estudiado el caso, que vio los elementos necesarios para que Imelda recuperara su libertad, en este caso también, el juzgado estudie, analice, y lo vea desde una perspectiva amplia, una perspectiva de Derechos Humanos, con enfoque de género porque lo que ha sucedido en muchos de estos casos, es que los jueces y las juezas emiten juicios estereotipados, argumentando por ejemplo, instinto materno, o argumentando que “toda mujer sabe” cuáles son los dolores de parto, o argumentando que toda mujer debería de tener una conducta heroica y martirial a la hora de tener un parto, y ofrecer su vida para salvar la vida de su hija o hijo.

¿Qué fue lo que dijo el juez en el caso de Imelda? No se le puede exigir a una persona que está inconsciente, perdiendo sangre, una conducta heroica. Esperamos entonces que esta sentencia sea un ejemplo para este nuevo proceso, y esperamos que Evelyn como Imelda recupere su libertad y que pueda continuar con su proyecto de vida. Por supuesto, vamos a seguir luchando para la libertad de las mujeres. En este momento, hay más de 20 mujeres privadas de libertad todavía, siempre acusadas de delitos vinculados al aborto, o complicaciones obstétricas. Y vamos a seguir luchando para que la ley cambie, para que ninguna mujer tenga que pasar por lo que Imelda, Evelyn, Teresa, Teodora, Mayra, Cristina, Karina pasaron.

– SG: ¿Crees que pueda ser algo para la próxima legislatura?

– AB: Esta legislatura, 2018-2021, tiene responsabilidad. Y esperamos que no pase de esta legislatura un cambio en este sentido.

19/SG/LGL

 

 

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