Casi 4.5 millones de argentinas son víctimas de alguna forma de violencia al año, a pesar de las recomendaciones de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), para combatir este flagelo en forma articulada e integral.
Durante 2008, en Argentina ingresó una denuncia por violación cada 150 minutos. Según estos datos, además, en la mitad de los casos, las víctimas fueron menores de edad.
Lo anterior se indica en el Informe Alternativo realizado por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), presentado ante el Comité en el marco de la presentación del Sexto Informe Periódico de los Estados parte en su 46 Periodo de Sesiones.
Se precisó que hasta la fecha no existe un mapa de la realidad de la violencia contra las niñas y mujeres en Argentina, a pesar de que la violencia contra ellas es abordada a través de organismos que dependen de los ministerios de Justicia, del Interior, de Desarrollo, y otras entidades gubernamentales de atención a la mujer, tanto a nivel nacional, provincial como municipal.
Y aunque también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los Colegios de Abogados a través de los servicios de patrocinio jurídico gratuito y las mismas OSC, realizan esfuerzos para enfrentar esta problemática, aún falta mucho por hacer ante un problema tan grave.
Las OSC entre las que se encuentran: Católicas por el Derecho a Decidir, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos, por mencionar algunas afirman que en el país la violencia de género sigue siendo grave
Según la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, en 2007 se reportaron 10 mil 557 delitos contra la integridad sexual, de los cuales 3 mil 276 habían sido violaciones, de ellos 12.7 por ciento es decir mil 347 resultaron en sentencias condenatorias.
De acuerdo con un informe realizado por el Consejo Nacional de las Mujeres, que revela la información de los servicios integrantes de la red de usuarios del instrumento de registros de casos de violencia familiar contra la mujer, destaca que de los 3 mil 171 casos informados hasta la actualidad, un 77.5 por ciento corresponde a violencia física.
Mientras que 90.5 por ciento corresponde a violencia psicológica, 58 por ciento a la económica y el 37 por ciento a la violencia sexual. En todos los casos, el mayor porcentaje de victimarios corresponde al concubino o cónyuge, seguido de ex parejas.
CIFRAS ERRÓNEAS E IMPRECISAS
El informe alternativo de las OSC, precisó que según el Programa Provincial de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, brindó durante enero del 2010 asesoramiento a 942 mujeres víctimas de violencia física o psicológica.
Les informó que desde el inicio del Programa en 2008, hasta el 2009, atendió a 12 mil 11 mujeres, el mayor porcentaje de víctimas atendidas en 2009, es decir 45 por ciento fueron mujeres entre los 25 y 44 años de edad.
El 47 por ciento de los casos atendidos correspondió a violencia ejercida por la pareja de la víctima y el 21 por ciento a violencia ejercida por la ex pareja o pareja.
La OSC, precisaron que estos datos difieren respecto de los aportados por la Dirección de Políticas de Género, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que informó que sólo en el primer trimestre del 2008, se habían registrado 19 mil 741 denuncias por violencia familiar y 712 denuncias por abuso sexual.
«En cuanto al Registro Unificado de Casos de Violencia Familiar, cuya creación ha informado el Estado, éste todavía es muy parcial en la recolección de datos, ya que sólo existen convenios con algunas localidades del país, ninguna de ellas siquiera es de nivel provincial».
Es por ello, agregaron las OSC en su documento dirigido al Comité de la CEDAW, los informes de este registro tienen poca difusión e impacto, además de la evidente diferencia cuantitativa según cada una de las fuentes, los datos disponibles en el país no discriminan perfil socioeconómico, etnia, religión u otros datos relevantes de las mujeres víctimas de violencia y la información sobre las edades es incompleta y errática.
«Sin duda, la falta de rigurosidad en la información cuantitativa impide realizar diagnósticos serios en todo el país, y en consecuencia diseñar políticas de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres eficaces».
10/GTR/LR/LGL
