Inicio » Una “farsa”, cumplimiento de El Cairo en región mesoamericana

Una “farsa”, cumplimiento de El Cairo en región mesoamericana

México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua “simulan” cumplir con los compromisos que adquirieron hace 17 años en el Consenso de El Cairo –signados para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres–, toda vez que en la región mesoamericana prevalecen los servicios de salud deficientes, el desabasto de anticonceptivos y la penalización del aborto.

Especialistas de esos cuatro países advierten que el incumplimiento en el respeto de los derechos sexuales y reproductivos femeninos se refleja en las altas tasas de embarazos en adolescentes, el aumento de casos de mujeres con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), y la mínima reducción de la muerte materna (MM).

Dora Amalia Taracena, de la organización guatemalteca Convergencia Cívico Política de Mujeres, señala que en su país hay avances jurídicos para garantizar esos derechos, pero no se traducen en mejoras sustanciales en las condiciones de vida de las mujeres.

Apunta que los avances en políticas públicas son “relativos”, ya que todavía “existen funcionarios que anteponen sus creencias religiosas antes que el respeto por la Constitución, las leyes y convenciones internacionales” en la materia.

LOGROS DE PAPEL

María Eugenia Romero, directora de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, afirma que México enfrenta un panorama semejante: “Hay avances en normas, programas e incluso presupuestos que no derivan en el bienestar de las ciudadanas”.

Las organizaciones civiles consultadas coinciden en que difícilmente México y las naciones centroamericanas cumplirán con las metas fijadas para el 2014 en la cumbre de El Cairo.

Este 13 de septiembre se cumplen 17 años de que 184 países suscribieron el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en la capital de Egipto. Por primera vez, la Organización de Naciones Unidas (ONU) puso como eje de los acuerdos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Una de las metas del Consenso de El Cairo es que los Estados brinden una amplia gama de métodos anticonceptivos a su ciudadanía. Pero en México y otras naciones de Mesoamérica no es así.

En nuestro país, la necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) es de 10 por ciento; para las jóvenes aumenta a 18 por ciento y en las adolescentes se dispara a 25 por ciento, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009.

De acuerdo con la Enadid, de 1997 a 2009 la cobertura de métodos anticonceptivos para las jóvenes disminuyó de 45 a 44 por ciento.

En 10 años, el uso de métodos de control natal aumentó sólo 2.5 puntos porcentuales (de 68.5 a 71 por ciento). Para las mujeres indígenas la tasa disminuye a 52.4 por ciento, lo que nos habla de un “evidente estancamiento del programa de Planificación Familiar”, observa Romero.

Guatemala vive una situación similar, ya que mientras el promedio nacional de uso de anticonceptivos es de 54.1 por ciento, la proporción de indígenas que los utilizan es de 40.2 por ciento, reporta Tierra Viva Organización de Mujeres.

ADOLESCENTES EN EL OLVIDO

Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia realizó entre 2007 y 2010 una investigación para fiscalizar el acceso, abasto y uso de métodos anticonceptivos en México.

Descubrió que en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala, así como en el Distrito Federal, las mujeres enfrentan obstáculos para regular su fecundidad. En Chiapas, durante 2010, sólo 31 por ciento de las usuarias entrevistadas recibió un método anticonceptivo en la unidad de salud.

La NIA y los deficientes servicios de salud para las más jóvenes tienen consecuencias como el aumento de embarazos en adolescentes. En México cada minuto nacen tres niñas y niños, uno de los cuales fue parido por una menor de 20 años de edad.

Por ejemplo, en el estado de Tamaulipas cada año se registran 14 mil embarazos en adolescentes de 12 a 17 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Tierra Viva señala, con base en información oficial, que en Guatemala, durante 2009, hubo 41 mil 529 embarazos en mujeres menores de 20 años.

En nuestro país, la Secretaría de Salud (Ss) refiere que el riesgo de morir por complicaciones en el embarazo, parto o puerperio se incrementa de dos a cinco veces si la embarazada tiene entre 10 y 18 años de edad.

MUERTE MATERNA

En Nicaragua, durante la primera mitad de 2009, se registraron 33 decesos de mujeres y adolescentes por MM, 13 más que los casos registrados en el mismo periodo en 2008.

Hace dos años –en ocasión de la revisión del cumplimiento del Consenso de El Cairo– el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) indicó que en esa nación centroamericana la razón de muerte materna (RMM) era de 250 decesos por cada 100 mil nacidos vivos.

En contraste, el gobierno nicaragüense reportó que la RMM era de 63 fallecimientos, 187 menos que los detectados por el organismo de la ONU.

Raffaela Schiavon, directora de Ipas-México, explica que las condiciones de desventaja que enfrentan las indígenas (pobreza y acceso deficiente a servicios de salud) aumentan las probabilidades de que fallezcan por razones ligadas a la maternidad.

Chiapas, estado donde 25 de cada 100 mujeres son indígenas, es una de las siete entidades federativas en México que concentra el 60 por ciento de las muertes maternas a nivel nacional. En 2009 la RMM en Chiapas era de 75 fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos.

En 2009 la RMM en el país fue de 62.2 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, y para 2010 disminuyó a 49.7, según la Ss.

En Guatemala la RMM es de 153 decesos por cada 100 mil nacidos vivos; es decir cada día mueren dos mujeres por esa causa.

AL ALZA, VIH FEMENINO

La falta de métodos anticonceptivos, como condones femeninos y masculinos, deriva en la propagación del VIH en mujeres, enfermedad que en México va en ascenso.

Tamaulipas también es un botón de muestra de esa realidad: la Ss estatal informa que antes había tres hombres con la enfermedad por cada mujer seropositiva, y ahora la proporción es de dos hombres por cada dos mujeres con el virus.

A pesar del entorno negativo, los presupuestos destinados a la salud sexual y reproductiva de las mexicanas han sufrido severas reducciones.

Por ejemplo, los montos para planificación familiar (PF) tuvieron una disminución anual de 2.4 por ciento de 2003 a 2007, y para 2011 se etiquetaron 170 millones de pesos para ese programa, de acuerdo con un análisis del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dependiente de la Ss.

Otra muestra: En Veracruz la Ss estatal destinó en 2009 para PF 5 millones 277 mil pesos, pero en 2010 dejó el monto en tan sólo 317 mil 202 pesos.

CRIMINALIZACIÓN

La activista María Eugenia Romero observa que la penalización del aborto en 17 estados de México generó una “confusión” entre el personal de salud, toda vez que ahora se niega a dar tratamiento a mujeres con padecimientos vinculados al aborto inseguro por temor a incurrir en alguna ilegalidad.

La directora de Equidad de Género aclara que el Consenso de El Cairo obliga a los países firmantes a brindar atención médica a esas mujeres. Subraya que la despenalización de la interrupción del embarazo disminuiría la incidencia del aborto en condiciones inseguras, y por ende reduciría los casos de muertes maternas.

Carmen Nava, directora del Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez”, en Colima, lamenta que este estado haya sido uno de los primeros en México en prohibir la interrupción del embarazo, lo que representa uno de los “más graves retrocesos en el cumplimiento del Consenso de El Cairo” por parte de nuestro país.

María Eugenia Romero y la guatemalteca Dora Amalia Taracena critican también la “injerencia de la Iglesia católica” en las leyes y políticas públicas en México y países de Centroamérica, ya que se han aprobado normas “regresivas” que criminalizan a las mujeres que abortan.

Cuatro años después de firmar el Consenso de El Cairo, El Salvador penalizó el aborto en todas las causales. En ese país la interrupción del embarazo es un crimen aunque la vida de las mujeres esté en riesgo, el producto no sea viable y cuando el embarazo resulte de una violación sexual.

Nicaragua enfrenta una situación semejante: Desde 2006 el aborto es un delito a pesar de que las mujeres sean víctimas de incesto o de una agresión sexual.

Carmen Nava acusa que esta realidad demuestra que las acciones de México y de esos países centroamericanos a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres “sólo se prestan a la simulación”.

11/GCJ/RMB

Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles. Acepto Leer más