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Una indígena más es ultrajada por soldados

Por Román González

La Organización Independiente de Pueblos Mixtecos-Tlapanecos, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, manifestaron su más enérgico rechazo a la violación sexual de que fue objeto Velentina Rosendo Cantú y exigen que se castigue a los militares responsables de este delito, poniéndolos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.

Hoy, en una carta enviada al presidente Vicente Fox, representantes de comisariados municipales de la región solicitaron el retiro del Ejército Mexicano de «nuestros pueblos indígenas, pues de seguir esa situación seguirán violentando nuestros derechos humanos».

Demandaron, en cambio, que el gobierno federal proporcione más educación, salud, obras sociales y financiamiento para proyectos productivos.

Los soldados que cometieron el delito en agravio de Rosendo Cantú, explicaron, se fueron a las comunidades de Barranca de Guadalupe y Barranca Tecoami de ese municipio.

Además que en la comunidad de la Palma se encuentra otro campamento de soldados que cortan sus cosechas de caña de azúcar y plátanos, por lo que es común que ronden los arroyos donde lavan las mujeres, dijeron.

Valentina Cantú, de 17 años de edad, fue sorprendida el pasado 16 de febrero por un grupo de soldados quienes la cuestionaron por supuestos guerrilleros en su comunidad. Al no recibir respuesta, la golpearon hasta que se desmayó, para luego ser violada por dos efectivos militares mientras otros seis miraban.

En tanto, el visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Hipólito Lugo, acudió al lugar de los hechos para explicar a la comunidad que la comisión tienen interés en ser coadyuvante del caso.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» (Prodh) resaltó que un sistema de coadyuvancia más activo y una mayor transparencia podría contribuir, en cierta medida, a poner fin a los abusos cometidos por militares.

Sin embargo, agregó que la única solución real es el fin a la jurisdicción militar de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares.

En tanto, Manuel Meza, encargado del área de Comunicación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», en Tlapa de Comonfort, Guerrero, dio a conocer que mañana martes –12 de marzo– realizarán un recorrido por la zona.

Dijo que tienen conocimiento de otros casos, pero que no son denunciados por la comunidad, por temor a represalias.

«Lo que nosotros hemos visto en Tlachinollan, es que las incursiones que realizan elementos militares por cuestiones de narcotráfico, dan lugar a abusos con la ciudadanía donde la población indígena es la más afectada».

       
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