No siempre la historia se escribe desde el poder, lo que en México frecuentemente quiere decir desde la impunidad que otorga el poder. A veces, algunas veces, gana la justicia. Y a veces, menos veces, gana a pesar de la impunidad y los prejuicios, que suelen ser, estos últimos, tan poderosos como el poder a secas. Por eso, y a pesar de los pesares, el caso Castaños debe formar parte de una nueva historia.
La semana pasada, por primera vez en la historia reciente de nuestro país –y al parecer de toda Latinoamérica– cuatro soldados del Ejército Mexicano fueron condenados, no por el fuero militar, sino por el fuero común, por el delito de violación cometido contra 14 mujeres en el municipio de Castaños, Coahuila.
El conocido como caso Castaños derribó más de una barrera que se suponía infranqueable. Juzgar a militares, en momentos en que sus servicios contra el crimen organizado son más valorados y ensalzados que el petróleo, las remesas y el turismo, no es poca cosa.
Por otra parte, se derribó la barrera de los prejuicios, tan a flor de piel cuando se trata de la violación a mujeres; máxime cuando se dedican al trabajo sexual. Como si una agresión sexual no fuera lo mismo para una monja o para una bailarina.
El 11 de julio de 2006, militares pertenecientes al 14 Regimiento de Caballería Motorizado, destacados en Castaños, Coahuila, tenían el encargo de resguardar material electoral. Uno de ellos, vestido de civil, acudió a la zona de tolerancia compuesta por dos salones Las Playas y El Pérsico. Tras enfrentarse a golpes con unos parroquianos, fue sacado del sitio por policías municipales.
Al regresar al destacamento y contar lo sucedido, una veintena de compañeros regresaron a la zona, uniformados, con armas y vehículo militar, y durante más de cuatro horas mantuvieron tomada la zona.
Golpearon a parroquianos y policías. En Las Playas violaron a dos mujeres y en El Pérsico a doce más, además de amenazarlas con sus armas y humillarlas. En las agresiones sexuales participaron doce soldados, quienes fueron plenamente identificados por las víctimas.
Al día siguiente, las mujeres y los policías presentaron denuncias ante el Ministerio Público. Ocho de esos soldados fueron detenidos poco después, tres están prófugos y uno más fue liberado días más tarde.
Con la intervención de diversas autoridades estatales y federales, de la iglesia estatal, de organizaciones civiles y del periodismo comprometido, con visión de género, comenzó el vía crucis que significan demandas de justicia de este tipo. Especialmente tratándose de militares.
El vía crucis constó de 52 mil 532 fojas, 19 expedientes, 102 audiencias, 418 personas que concurrieron en distintos momentos del juicio y 32 apelaciones. También incluye un bebé, producto de una de las violaciones, muchas lágrimas, mucha rabia, muchas vidas por recomponer; entre ellas, claro, las de las víctimas y sus familias, pero también las de las familias de los victimarios.
A poco más de un año, cuatro militares fueron declarados culpables por el delito de violación agravada. Tres purgarán penas que van de 20 a 40 años de prisión. El otro, acusado de violar sólo a una de las víctimas, pagará una fianza superior a los 20 mil pesos.
Tres de los cuatro soldados restantes, fueron absueltos del delito de violación –una vez que sus víctimas se retractaron–. Pagarán fianzas por lesiones cometidas contra policías. El otro soldado –cuya víctima también se retractó– fue absuelto del todo.
Las sentencias absolutorias han generado profunda inconformidad entre las agraviadas. No todas pudieron tener el temple, la fortaleza y valentía necesarios para soportar intimidaciones, presiones y acoso.
Y es que en nuestro país las víctimas son las más desprotegidas; de modo que no es inusual que en el camino se retracten. Tampoco es inusual que el juzgador no tome en cuenta muchos otros elementos que permitirían hacer justicia.
En todo este largo camino estuvo presente el periodismo comprometido y con perspectiva de género de Cimacnoticias, que generó 111 notas, la mayoría de Soledad Jarquín, quien por su reportaje ganó el Premio Nacional de Periodismo. Ella le dio seguimiento al caso de manera profesional y sensible, lo cual, sin duda, contribuyó a derribar los prejuicios tan presentes en este tipo de agresiones.
Por todo ello creo que, a pesar de los pesares, el caso Castaños debe formar parte de una nueva historia. Una que siente precedente. Una que apunte que, independientemente de la institución a la que se sirva, quien comete un delito debe ser castigado por ello. Una que ayude a derribar prejuicios. Una que, más allá del poder y los prejuicios, permita que la justicia se siente a la mesa.
* Periodista y feminista mexicana en Quintana Roo, integrante de la Red Internacional con Visión de Género.
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