Una “simulación”, nuevo procedimiento para activar AVG

El gobierno federal decretó una reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para proteger la vida de las mexicanas, pero las organizaciones civiles aseguran que en realidad se legalizan los obstáculos para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en los estados donde más asesinatos se cometen contra ellas.
 
Para conmemorar el 25 noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno federal publicó una reforma a la LGAMVLV, una modificación que estuvo en manos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) junto con expertos, académicos y sociedad civil.
 
La reforma fue una demanda de hace meses por parte de agrupaciones integradas al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), una red que señaló que el anterior  reglamento, publicado en 2008, impedía la implementación de la AVG, un mecanismo de emergencia para paliar las agresiones de género.
 
Ante la insistencia del OCNF y de organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPH); Las Libres, de Guanajuato, y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (Colem), entre otras, el Inmujeres se vio obligado a revisar la norma.
 
Mientras el instituto realizó un estudio jurídico para reformar el reglamento, algunas diputadas federales analizaban una posible modificación a la Ley General. Al final, el Ejecutivo federal se adelantó y lo que hoy se tiene es un nuevo reglamento.
 
Al día siguiente de la publicación, el 26 de noviembre, las legisladoras recalcaron que aún planean una modificación a la ley, para garantizar que un grupo de expertas investigue si existe violencia de género cuando se pida la AVG para un territorio determinado.
 
La diputada del PRD y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, dijo que es urgente que el Estado garantice el respeto a los derechos femeninos, y prevenga el feminicidio con la implementación de la AVG, además que criticó que los gobernadores se alíen para evitar que funcione este mecanismo.
 
Al respecto, la diputada del PAN Carmen Lucía Pérez Camarena expresó que ante la situación de violencia contra las mujeres es urgente actualizar el marco normativo vigente, y sin mencionar el reglamento reformado destacó que hay que exigir que las leyes se apliquen de manera irrestricta en todas las entidades del país.
 
Además señaló que si bien las autoridades de los tres órdenes de gobierno se han mostrado activas para sensibilizar a la sociedad y crear instituciones para atender a las víctimas de violencia en el ámbito familiar, aún quedan pendientes por resolver.
 
Por separado, en conferencia de prensa el jueves 28 de noviembre, Luz Estrada, coordinadora del OCNF; Alejandra Nuño, directora de la CMDPH; Verónica Cruz, directora de Las Libres, y Martha Figueroa, representante del Colem, acusaron que la reforma lejos de ser un avance es una “simulación”.
 
Destacaron que con el nuevo reglamento se legalizan los obstáculos para decretar la AVG, porque fortalece la discrecionalidad de las autoridades debido a que ahora no estarán obligadas a informar a las organizaciones peticionarias sobre el proceso.
 
Asimismo señalaron que ahora se deja en el desamparo a miles de mujeres que a diario son víctimas de delitos como la trata, la violación y el feminicidio.
 
Estrada refirió que aunque el reglamento plantea que toda solicitud de alerta que cumpla con los requisitos formales será aceptada para iniciar una investigación, esto no es suficiente para garantizar su adecuada implementación, ya que la investigación la realizará un grupo de trabajo donde participan representantes de las instituciones.
 
En este sentido, dijeron que es preocupante que la nueva norma establezca la integración de un grupo interinstitucional y multidisciplinario conformado por seis instancias, de las cuales tres dependen del gobierno federal o estatal (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Inmujeres nacional y su versión local).
 
Las activistas consideraron una contradicción que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declare públicamente que buscará mejorar las leyes para generar procesos más eficaces en la AVG, cuando en la práctica publicó un reglamento que hace ineficaz el funcionamiento de dicho mecanismo.
 
Además agregaron que esta reforma es contraria a las últimas recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el Examen Periódico Universal (EPU), que se realizó en octubre pasado, y en el que se enfatizó que el Estado debe responder a los desafíos que impiden la aplicación eficaz de la alerta.
 
CASO EDOMEX
 
Por otra parte, el Observatorio recordó que a principios de noviembre el Juez Noveno de Distrito determinó que se incumplió el amparo ganado por el OCNF y la CMDPH, organizaciones que afirman que en el Estado de México existe violencia exacerbada contra las mujeres.
 
Las agrupaciones señalaron que por tercera ocasión se ordenó al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que analice conforme a derecho la solicitud de AVG presentada por la sociedad civil en 2010.
 
La autoridad tiene un plazo de 30 días para analizar nuevamente la solicitud, la cual no podrá considerarse improcedente hasta que no se lleve a cabo la investigación de los hechos afirmados por las organizaciones solicitantes.
 
Ante un reglamento que, consideran, es un “fraude” las activistas pidieron al Senado que se sume a la propuesta de reforma integral a la Ley General, impulsada por la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Las defensoras buscan una ley que permita modificar el reglamento recién aprobado.
 
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