La justicia es algo más que un meritorio rasgo de la personalidad, es una meritoria dimensión de las relaciones sociales. Una práctica o sistema social, así como determinadas interacciones sociales, puede ser justa o injusta. Es una obligación que tenemos respecto de toda persona a vivir sin violencia.
Los derechos de unos interactúan con las obligaciones de otros. La justicia se encuentra ligada al destino de los grupos sociales, pobres, huérfanos, viudas y oprimidos, según el Antiguo Testamento, que también menciona «… corra el juicio sobre las aguas y la justicia como impetuoso arroyo», y eso es lo que desearíamos, pero hay que reconocer que no hemos honrado los derechos legítimos de los seres humanos.
Las obligaciones y los derechos son de esta manera, las dos caras de la misma moneda. Para ser justa, una sociedad debería integrar a todas sus personas desvalidas, vulnerables, marginadas, dándoles una voz y una participación justa en los beneficios de la comunidad.
Como contraste, Platón al hablar en La República o el Estado de la justicia social, no tuvo en cuenta a las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Según Platón, una sociedad es justa cuando son los sabios los que ostentan la autoridad y cuando los demás obedecen.
Tampoco John Locke, en su Segundo Tratado sobre Gobierno Civil, un clásico, concede una atención especial a los miembros marginales de la sociedad, afirmando que una sociedad es justa cuando cada persona es libre de perseguir la buena vida tal y como le parezca adecuado, siempre que todos los demás disfruten de la misma libertad para ello.
En todo esto, los derechos humanos tienen una importancia vital, la idea se centra en algo a lo que la persona tiene derecho meramente por ser lo que es, un ser humano o humana.
Emil Brunner, teólogo suizo en su obra Justicia y el Orden Social, es muy juicioso: «Admitamos que fue el punto de vista cristiano respecto a la vida, combinado con el estoico, el que creó la idea de esa dignidad idéntica que poseen todos los seres humanos»
No cabe duda que la justicia es un componente indispensable de la prosperidad en las relaciones sociales de la persona. Y, sí, «México tiene hambre y sed de justicia», es en todo el territorio, no sólo en Ciudad Juárez sino en el Estado de México, Sonora y Distrito Federal, entidades que se encuentran en los primeros lugares de homicidios de mujeres; seguidos de Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Puebla, según datos de la PGR con fuente del INEGI.
En este documento, se señala que la mayoría de los casos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez están resueltos. Estas cifras no son coincidentes con las que refiere la Procuraduría de Chihuahua ni con los informes de la ex Fiscal Especial para el caso, María López Urbina.
Incluso la doctora Roccatti, como nueva Fiscal Especial tampoco coincide con las cifras señaladas por el Presidente Fox. Además, el concepto de «caso resuelto» debería sustituirse por consignados ante un juez, ya que tampoco se concluye un caso si no hay sentencia, y reparación del daño.
La falta de coincidencia de las cifras es debida, de manera fundamental a que cada entidad los clasifica de manera distinta; lo que para unos es crimen pasional para otros es violencia doméstica, así como que en las muertes violentes se hallan muertes por homicidio, suicidios y accidentes.
Es de lamentar que en el país es difícil evaluar a fondo el comportamiento de la criminalidad, ya que las estadísticas que existen no reflejan el fenómeno en toda su magnitud, además del problema del subregistro, de la confusión en los nombres, entre otros.
Las trasgresiones perpetradas a las normas y leyes, por un individuo o grupo de individuos en contra de cualquier otro integrante de la sociedad, son consideradas como un acto que violenta los derechos básicos propios de cualquier nivel de acción de la esfera social y, por tanto, articulan la violencia social.
La delincuencia es por demás un aspecto de la violencia social que aqueja de manera creciente a nuestra sociedad. Por esto la población mexicana demanda un alto a la impunidad, el esclarecimiento de la verdad y una mayor atención en la seguridad pública por parte de las autoridades del gobierno de la República, así como de las locales.
2005/LS/SJ
