Con la exigencia de que las investigaciones sobre agresiones a periodistas sean del orden federal, que se castigue a los responsables de los asesinatos ocurridos en el estado y se homologue la Ley de Acceso a la Información Pública con la aprobada por el Congreso de la Unión, concluyó la Segunda Convención Estatal de Periodistas, cuyo lema fue «un gremio unidos es un gremio fuerte».
La exdiputada federal Beatriz Mojica Morga, ponente en la convención, celebrada en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, recomendó a las y los periodistas estar unidos para defender sus derechos y exigir al Estado las garantías para su labor.
Ejemplificó que la unidad beneficia al gremio periodístico, como el caso de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, fundada en Morelia, Michoacán, en noviembre de 2005, en donde fueron convocados por CIMAC más de 100 periodistas del mundo.
«Gracias a la alerta que se dio entre las de la Red, el día en que los judiciales detuvieron a Lydia Cacho en Cancún, no desapareció durante las 15 horas. La entregaron en Puebla, sin que sufriera mayores agresiones. Y su proceso fue vigilado, todo ello, porque las periodistas se movilizaron», resaltó.
Durante la clausura de los trabajos de dos días, el secretario general de la Delegación XVII (con sede en esta capital), Pedro Arzeta García, leyó los resolutivos: en primer lugar la demanda de que las agresiones a periodistas que van desde la amenazas telefónicas hasta los asesinatos, que del 97 a la fecha, suman cuatro y una desaparición, sean investigadas por el gobierno federal, pues las y los participantes coincidieron en la desconfianza en las autoridades del estado.
Debido a que la Ley de Acceso a la Información Pública en el estado no cumple con los criterios ya aprobados en el Congreso de la Unión ni la de otras entidades, pues deja en la discrecionalidad la actuación de las y los servidores públicos, las decenas de asistentes exigieron que la sociedad de Guerrero cuente con información veraz y oportuna sobre la actividad pública, para lo cual la ley local se debe homologar a la ley federal, recién aprobada por la Cámara de Diputados.
Por su parte, la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF) Balbina Flores Martínez también convocó a realizar acciones de prevención para evitar mayores agresiones, sobre todo asesinatos de periodistas. Recordó que México es el país más riesgoso para el ejercicio periodístico, después de Irak, una nación envuelta en conflicto bélico por la invasión norteamericana) y Guerrero ocupa el cuarto lugar nacional en asesinatos de periodistas, con cuatro y un desaparecido.
Por su parte, el presidente de la Fundación Manuel Buendía, Omar Raúl Martínez, lamentó que la advertencia de Buendía sobre la gravedad del narcotráfico se cumpliera 23 años después. Refirió que de acuerdo al seguimiento que esa asociación, al igual que la Revista Mexicana de Comunicación realizan, más del 50 por ciento de las agresiones a periodistas provienen del poder público contra las y los reporteros de medios impresos.
Al igual que la exdiputada federal Mojica y de la representante de RSF, el también catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán recomendó a las y los periodistas «ser preventivos, no sólo reactivos», ya que dijo que dadas las condiciones de riesgo en el ejercicio reporteril debe haber unión y tomarse medidas de prevención. Asimismo sugirió realizar más periodismo de investigación, no sólo «las declaracionitis, el corre ve y dile, ni seguir con la práctica de tribunal (en la que incurren algunos medios) para reivindicar la actividad profesional periodística».
Por su parte, la corresponsal reiteró la urgencia para que se respeten los derechos laborales las y los periodistas, sobre todo de las mujeres, que representan el 40 por ciento en los medios de comunicación en Chilpancingo. Por los salarios raquíticos, deben trabajar en más de dos periódicos y cuando están criando, deben cargar con sus criaturas a las redacciones por no contar con guarderías para su cuidado. Asimismo, como trabajadora de Radio Universidad Autónoma de Guerrero, recordó que el cuatro de mayo, la emisora cumplirá 25 años y por aún no contar con el permiso correspondiente, es considerada «pirata» por el gobierno federal.
Cabe mencionar que la Segunda Convención Estatal de Periodistas fue inaugurada por el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado, Juan Alarcón Hernández, quien recibió el respaldo ante los embates del gobernador
Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, al nombrar a funcionarios de su administración como consejeros de ese organismo, acción que ha sido criticada por diputados locales y diversos sectores sociales.
A la convención financiada por el Fondo de Apoyo a Periodistas (que fue creada durante el gobierno del exgobernador José Francisco Ruiz Massieu, quien envió una iniciativa al respecto para modificar la Constitución local) asistieron invitados de las siete regiones del estado, además de Toluca y Oaxaca.
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