El grupo parlamentario del partido Alternativa presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría de justicia del Estado de Puebla para que informe si ya inició una investigación de oficio contra el empresario Kamel Nacif por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con pornografía y prostitución infantil.
Al presentar al pleno el documento de dicha fracción, la diputada Elsa Conde Rodríguez, recordó el exhorto presentado en 2005 por las diputadas federales de la LIX Legislatura, Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Beatriz Mojica Morga, para que se realizara esa investigación.
En el 2005, la periodista y activista social Lydia Cacho publicó su libro «Los demonios del Edén» en el que se descubre el caso de una red de pederastia y pornografía infantil. En el libro se señala como responsable de dichos actos a Jean Sucar Kuri, quien actualmente enfrenta un proceso penal en Cancún..
En ese sentido, la legisladora hizo un reconocimiento a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aprobaron una nueva investigación del caso para llegar al fondo de la denuncia presentada por la periodista.
El debate que se dio en la corte, es sin duda, una buena noticia en la lucha contra el abuso de autoridad y la impunidad, «es insostenible que aún con todo lo leído y, sobre todo, escuchado, siga habiendo personas que en ningún momento han sido objeto de una investigación por lo hechos denunciados», puntualizó.
Ese es el caso del empresario Kamel Nacif, de quien se han conocido públicamente grabaciones telefónicas sostenidas con gobernadores, empresarios y políticos del país y de las cuales se puede inferir que existen elementos suficientes para considerar que este empresario tiene vínculos y/o intereses directos con redes de pornografía y prostitución infantil.
Hemos conocido un comunicado del señor Kamel Nacif, en el que destaca su arrepentimiento por su «lenguaje soez» y se reconoce sólo «culpable de sus palabras». Sin embargo, no es su «lenguaje agreste», lo que merece nuestra atención.
Lo que queremos que quede claro es su vinculación o no, con una red de pederastia y pornografía infantil y sus vínculos con el poder.
En Alternativa compartimos la visión del Magistrado José Ramón Cosío, quien recientemente se pronunció por no tomar en cuenta las grabaciones obtenidas de manera ilícita como pruebas válidas para el desahogo de un proceso judicial, no obstante ésas grabaciones deben ser un punto de partida para que se inicien las investigaciones judiciales.
La cortina de escándalo que ha acompañado estos hechos, no nos ha permitido descubrir con toda claridad, lo que está de fondo: la explotación y el comercio sexual con menores de edad.
Por ello «es nuestra obligación, como legisladores, tutelar un bien mayor: la integridad física, emocional y sexual de las niñas y los niños, que dada su situación de vulnerabilidad son presas de las redes de delincuencia organizada en nuestro país», abunda el comunicado.
El respeto y la aplicación de las convenciones y tratados internacionales que México ha signado y ratificado deben ser respaldados con investigaciones judiciales, para desentrañar la participación o no, de cualquier persona directa o indirectamente involucrada en actos de corrupción y explotación sexual infantil.
El Senado aprobó en la Legislatura pasada una ley para prevenir la trata de personas y ahora será nuestra tarea agilizar su aprobación, pues esta ley es un importante instrumento contra la explotación sexual comercial y cuenta con el aval de la sociedad civil organizada.
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