Las autoridades de Camboya ejercen una sistemática violencia contra las personas que ejercen el trabajo sexual, por ello la organización Human Rights Watch (HRW) urgió a este país asiático a actuar inmediatamente para que se respeten los Derechos Humanos (DH), y se suspendan las leyes que facilitan abusos y hostigamiento.
En un comunicado, la organización internacional, dio a conocer que la policía camboyana arresta a personas que ejercen el trabajo sexual en redadas rutinarias en las calles y parques de Phnom Penh, capital de Camboya, una actividad que es reforzada por la Ley sobre Supresión de Tráfico Humano y Explotación Sexual de 2008.
Después de realizar más de 90 entrevistas y conversaciones con mujeres y personas transgénero que ejercen el trabajo sexual en esa ciudad, esta organización elaboró el informe Off the Streets: Arbitrary Detention and Other Abuses against Sex Workers in Cambodia (Fuera de la calle: Detenciones arbitrarias y otros abusos contra las personas que ejercen el trabajo sexual en Camboya).
En este documento, se describe cómo estas personas son víctimas de una amplia variedad de abusos, incluyendo palizas, extorsiones y violaciones por parte de las autoridades. De acuerdo con la información recabada, algunos de los episodios de violencia son oportunistas, mientras que otros son usuales durante represiones y redadas periódicas de la policía y las autoridades de la localidad.
LEY JUSTIFICA ACOSO
De acuerdo con el informe publicado ayer, la policía abusa de las personas que ejercen el trabajo sexual pues varias de las víctimas describieron a HRW la forma en que la policía las golpea, roba o viola, mientras se encuentran recluidas en los centros de detención.
Acciones como ésta, son facilitadas por una ley camboyana de 2008 contra el tráfico humano y la explotación sexual, la cual declaró ilegal cualquier forma de trata de personas, incluido el trabajo forzoso. Con esta ley, que también combate la prostitución, la policía justifica el acoso hacia las personas que ejercen el trabajo sexual.
HRW instó a que el gobierno de Camboya consulte con los grupos de personas que ejercen el trabajo sexual, agencias de Naciones Unidas y organizaciones especializadas en la defensa de los DH, la trata y la salud para revisar y evaluar el impacto que tienen las disposiciones de la ley de 2008, antes de implementar dichas disposiciones.
En Phnom Penh, las autoridades transfieren a las personas que ejercen el trabajo sexual, a la Oficina de Asuntos Sociales del municipio, y de ahí a organizaciones no gubernamentales, o a Prey Speu, el Centro de Asuntos Sociales del Gobierno.
Las condiciones en Prey Speu son extremas. Personas que ejercen el trabajo sexual, personas con adicciones, sin hogar y niños de la calle retenidos en el centro, han reportado cómo los miembros del personal de Prey Speu golpean, violan y maltratan a los detenidos, incluidas las niñas y niños.
Ante esta situación, y tras las campañas de defensa de grupos de activistas camboyanos y organizaciones internacionales, en 2009 y 2010, la Oficina de Asuntos Sociales del municipio empezó a enviar a la mayoría de las personas que ejercen el trabajo sexual detenidas en redadas a centros bajo la custodia de organizaciones no gubernamentales, en vez de Prey Speu.
Sin embargo, desde mayo de 2010, al menos ocho personas que ejercen el trabajo sexual han sido detenidas ahí. Las personas arrestadas en junio de 2010 en Prey Speu fueron encerradas en sus celdas y sólo pudieron abandonarlas dos veces al día para poder bañarse en un estanque de agua sucia, o ir al baño, acompañadas de un guardia.
ACCIONES CONTRA HOSTIGAMIENTO
El informe de HRW finaliza con un llamado al gobierno camboyano para que cierre permanentemente los centros de Asuntos Sociales como Prey Speu, donde las personas son ilegalmente retenidas.
Lo anterior porque esta no es la primera vez que se documentan los abusos de estos centros. En el informe de enero de 2010, Skin on the Cable (Piel sobre el cable), HRW documentó los abusos en centros de detención de Camboya contra personas que consumen drogas.
Otra de las recomendaciones de esta organización fue que el gobierno de ese país también establezca una comisión especial que investigue estos abusos de forma exhaustiva e independiente, para así asegurarse de que los autores rindan cuentas, ya que hasta ahora, la policía, y otras autoridades, han eludido la responsabilidad por estos abusos.
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