En medio de un clima difícil para el ejercicio del periodismo, que incluye el asesinato de 34 periodistas y la desaparición de otros 7 en los últimos 7 años, así como con 84 expedientes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por denuncias de agravios, ataques y agresiones a informadores y medios de comunicación, diversas organizaciones exigen al Estado mexicano que a la brevedad el Relator Especial para la Libertad de Expresión haga una visita oficial a México.
Lo anterior, para que el Estado mexicano cumpla con el compromiso adquirido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en julio pasado, en el marco de su 128 Periodo Ordinario de Sesiones, petición que en reiteradas ocasiones las organizaciones han hecho a la cancillería sin que hasta el momento tengan una respuesta concreta.
Entre las organizaciones que demandan lo anterior a través de un comunicado están: Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc-México), Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Fundación Manuel Buendía (FMB), Libertad de Información-México AC (Limac), Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, Reporteros Sin Fronteras y una extensa lista de firmantes que en lo personal se suman a ella.
Destaca el comunicado el hecho más reciente de ataque contra la libertad de expresión y de las y los profesionales de la comunicación: el despido de la periodista y conductora radial Carmen Aristegui, «crítica de los poderes fácticos y constituidos», a quien la «dirección de Televisa Radio», se negó a renovarle el contrato al comenzar 2008, «porque el modelo editorial practicado a lo largo de cinco años era incompatible con el modelo que la propia empresaha determinado», según argumento de la empresa.
Por varios años, dicen las y los firmantes, el noticiario de Carmen Aristegui fungió como una opción informativa social al cubrir temas de toral interés público que otros espacios de comunicación similares no dieron a conocer.
«Las organizaciones firmantes lamentamos la salida del aire de la periodista y de su noticiario, el cual visibilizó problemáticas sociales que quedarán fuera de espacios noticiosos de tan amplia cobertura, pues con ello se cierran áreas para la pluralidad informativa, una tendencia que venimos observando en los medios electrónicos desde el caso del Canal 40», recuerda el texto.
Los medios de comunicación son las vías mediante las cuales se materializa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, por ello deben cumplir fundamentalmente con el fin social de mantener informada a la población de manera plural a fin de que ésta pueda obtener información y tomar decisiones para mejorar la participación y el desarrollo social.
De ahí que los medios de comunicación deben funcionar de cara a la sociedad, transparentando y fundamentando sus decisiones. El comunicado que dieron a conocer las empresas Prisa y Televisa –consideran– no sustenta suficientemente la salida de la periodista Carmen Aristegui. La sociedad mexicana requiere de una explicación más detallada de frente a una incipiente democracia que demanda pluralidad en la información y visibilidad a temas sociales de interés público.
«Este caso refleja las consecuencias de aquelloque hemos denunciado durante años, en el sentido que entraña los efectos de la concentración mediática sobre el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión. En ausencia de una legislación en materia de medios electrónicos que garantice tales derechos, es responsabilidad del Estado mexicano actuar a través de sus instituciones y proveer de una legislación que dé mayor protección a la libertad de expresión como es la cláusula de conciencia», aseguran las y los firmantes.
Lo acontecido en estos días constituye una acción que vulnera el ejercicio democrático y del derecho a la libertad de expresión en el país, aunado a los graves hechos de homicidios, desapariciones, hostigamientos y diferentes formas de agresiones contra periodistas y medios de comunicación y la consecuente falta de investigación.
A esto se suman otros hechos que limitan la libertad de expresión en México, tales como las demandas penales y civiles injustificadas contra periodistas y medios, el uso abusivo de controles del Estado como el control hacendario y la falta de criterios equitativos en la asignación de la publicidad oficial.
Y todo ello, concluye el comunicado, «es consecuencia de marcos normativos tanto en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, como de libertad de prensa, los cuales admiten este tipo de abusos y permiten que los poderes económicos y políticos estén por encima de las libertades».
LOS 84 EXPEDIENTES
Sobre los 84 expedientes abiertos por la CNDH por queja de agravios a periodistas en el ejercicio de su profesión, relacionados con presuntas violaciones a sus derechos fundamentales, asegura el organismo que sobresalen en ellos, por su especial gravedad, el homicidio, las lesiones y la desaparición forzada de personas, en tanto que por su frecuencia sobresalen las intimidaciones y amenazas, incluso de muerte, hechas por la vía telefónica y por correos electrónicos o de manera personal, atentados a las oficinas, vigilancia en domicilios privados y de medios de comunicación, espionaje telefónico y robo de materiales.
Además, afirma en un boletín, documentó 88 casos que se hicieron públicos en diversos medios informativos y que podrían constituir violaciones a garantías fundamentales de comunicadores.
Afirma la CNDH que para la atención de las quejas hizo 61 visitas in situ, en diversos estados de la República Mexicana y en el Distrito Federal, «con el fin de conocer de cerca los actos cometidos en agravio de profesionales de la información».
Los casos atendidos, dice la CNDH, «revelan que las agresiones a periodistas se han multiplicado y son ahora más violentas. Además, existen nuevos actores que agravian a los comunicadores, entre ellos los miembros del crimen organizado, lo que contribuye a la persistencia de un clima generalizado de temor entre los integrantes del medio, lo que provoca autocensura y acentúa la caracterización del periodismo como una profesión de alto riesgo».
Particularmente grave –considera la CNDH– es que en este año en nuestro país hayan desaparecido tres periodistas y otros cuatro hayan sido asesinados, lo mismo que tres trabajadores de distribución de un periódico, con lo que suman 35 los muertos y seis los desparecidos desde 2000.
Afirma además que, «no obstante la gravedad de estos hechos, la CNDH ha comprobado que no hay una decidida voluntad de las autoridades para investigarlos efectivamente y sancionar a sus responsables materiales e intelectuales, lo que genera impunidad para crímenes de este tipo».
Es indispensable, agrega la Comisión, que «quienes participan en los medios de comunicación en cualquiera de sus formas, fuentes o etapas, tengan asegurados sus derechos, exigencia que se hace más necesaria en tiempos en que se incrementan los casos de diversas formas de amenaza, censura o represión por la autoridad y por poderes fácticos». Y para ello, el Estado mexicano no puede renunciar a su papel de garante del Estado de derecho, sino que debe investigar de manera efectiva los hechos que ocasionaron el asesinato de estos periodistas, y sancionar a los responsables».
08/GG/CV
