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Urgen a México informe sobre recomendaciones de la CEDAW

Por Anaiz Zamora Márquez

El Estado mexicano aún no cumple con su obligación de informar al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), sobre las políticas emprendidas para frenar las desapariciones de mujeres, lograr la armonización legislativa y el actuar del personal médico que atiende a niñas y mujeres en materia de aborto.
 
En su informe más reciente, publicado en agosto de 2012, el Comité de la CEDAW solicitó que a más tardar en dos años (julio de 2014), México le entregara por escrito información sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones, lo que no ha ocurrido hasta ahora.
 
Por ello, el pasado 25 de noviembre –Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres– el Comité de la CEDAW envió al Estado mexicano un “recordatorio” para que le presentara la información solicitada hace más de dos años.
 
En la misiva disponible en inglés y firmada por Barbara Bailey, relatora de seguimiento del Comité de la CEDAW, se sostiene que pese a que la información debía ser entregada en julio pasado “hasta la fecha no se ha recibido”.
 
En ese sentido, la relatora agradece al gobierno mexicano enviar “la aclaración al respecto del estado actual de la respuesta y sobre cuándo se enviará la información solicitada”.
 
La información que solicita el Comité de la CEDAW responde al párrafo 19 inciso b, que pide al Estado mexicano “desarrollar un registro oficial sistemático de las desapariciones forzosas a fin de poder evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas; examinar los códigos penales locales para tipificar como delito las desapariciones forzosas; simplificar los procedimientos existentes para activar el Protocolo Alba y la Alerta Amber (…) y normalizar los protocolos de búsqueda policial”.
 
También se pide información sobre el cumplimiento del párrafo 33 inciso a, donde se recomendó armonizar “las leyes federales y estatales relativas al aborto, a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal”.
 
Y del cumplimiento de la recomendación contenida en el párrafo 33 inciso b, que pide informar “a los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales que las enmiendas constitucionales locales no han derogado los motivos para interrumpir un embarazo de forma legal y les comunique también las responsabilidades que les incumben”.
 
Ante la misiva enviada por la relatora, organizaciones civiles y defensoras de Derechos Humanos (DH), como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), emitieron un pronunciamiento para reiterar su exigencia de que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones, pues “la importancia de la información que debe suministrar no es menos y se trata de temas trascendentales”.
 
El documento firmado por grupos como Asociadas por lo Justo (Jass, por sus siglas en inglés) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) sostiene que México “tiene una deuda en el respeto y garantía de los DH para todas las personas”, lo cual se agrava con las mujeres.
 
Al reconocer la “buena práctica de solicitar prematuramente información sobre temas prioritarios” del Comité de la CEDAW, el grupo de organizaciones civiles urgió al Estado a suministrar la información solicitada y garantizar la participación adecuada en todos los procesos que tengan que ver con la definición, implementación y evaluación de políticas relacionas con el respeto y garantía de los DH.
 
Es de recordar que ésta no es la primera ocasión en la que se exhorta a México a cumplir con dicha obligación. En octubre pasado, la sociedad civil también llamó al gobierno federal a dar a conocer la información mediante una carta enviada al embajador y subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan José Gómez Robledo.
 
En julio de 2016 el Estado mexicano deberá presentar su octavo informe periódico al Comité de la CEDAW.
 
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