Organizaciones civiles pidieron al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, que antes de que concluya la actual administración cumpla con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en los dos casos de violación sexual cometida por militares contra dos indígenas tlapanecas.
En una carta pública, un grupo de asociaciones ciudadanas demandaron que a la brevedad se cumplan las sentencias sobre la violación sexual de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron atacadas por militares en 2002 en el estado de Guerrero.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan advirtió que a casi dos años de que el máximo tribunal de América emitiera estas resoluciones, hay pocos avances y ambas sentencias permanecen incumplidas en sus aspectos más sustantivos.
Inés y Valentina son dos indígenas que en hechos por separado, en 2002, fueron víctimas de violación sexual por parte de militares. Ante la impunidad judicial, decidieron llevar su denuncia hasta la CoIDH, organismo que en octubre de 2010 condenó al Estado mexicano.
Una de las demandas de las indígenas fue que sus casos se investigaran en el fuero civil y no en el militar, y aunque en septiembre pasado sus expedientes fueron turnados a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), hasta ahora no hay responsables tras las rejas.
En un informe por separado, Tlachinollan indicó que «lo importante a destacar es que a la fecha la Fevimtra no ha consignado los expedientes ante la justicia federal, pese a que hay elementos de prueba suficientes para ello? la impunidad militar hoy persiste».
En este contexto, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) enviaron una carta al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, para reiterar la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por Felipe Calderón.
De acuerdo con la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Organización Mundial contra la Tortura, Washington Office on Latin America y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aún falta mucho por cumplir.
Los grupos civiles recordaron que en dos actos públicos ?el 15 de diciembre de 2011 en el DF para Valentina, y el 6 de marzo de este año en Guerrero para Inés?, Poiré se comprometió a cumplir con las resoluciones del alto tribunal regional.
Pero han transcurrido casi dos años desde que fueron emitidas las sentencias y en el cumplimiento de las resoluciones en materia de salud, educación, reparaciones comunitarias e indemnizaciones, prevalecen graves rezagos vinculados a cuestiones administrativas.
Las organizaciones reconocieron la importancia de que las investigaciones pasaran del fuero militar al civil, pero indicaron que hasta la fecha no hay indicios de que los responsables serán consignados a la brevedad.
«A más de 10 años de los hechos, los expedientes ni siquiera han sido presentados ante una autoridad judicial», criticaron.
Observaron que en los últimos meses se han realizado mesas de trabajo entre autoridades y organizaciones defensoras de DH en Chilpancingo, Guerrero, para definir cómo se cumplirán los puntos de las sentencias, pero han tenido pocos avances.
Precisaron que este 17 de julio se tiene programada una nueva reunión con autoridades federales y estatales, para acordar el cumplimiento de los puntos de la sentencia del caso de Inés Fernández. Se espera que salgan acciones concretas que acaben con la incertidumbre para ambas mujeres.
«La secretaría que usted encabeza (Segob) tiene una última oportunidad de dejar un legado respetable en materia de Derechos Humanos mediante el cumplimiento pleno de las sentencias de la Corte Interamericana», recalcaron las agrupaciones.
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