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Urgen más mujeres en cargos públicos

Por Anayeli García Martínez

El 17 de octubre de 1953 el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó la reforma constitucional a los artículos 34 y 115, con lo que se garantizó a las mujeres –tras largos años de lucha del movimiento sufragista– su derecho a votar y ser votadas a nivel federal.

A 58 años de distancia las mexicanas siguen marginadas del ámbito público, las leyes no garantizan su participación política, y la democracia sigue incompleta al no respetar los derechos de más de la mitad de la población, aseguran las expertas Blanca Olivia Peña Molina y Pilar Hernández Martínez.

Según el Padrón Electoral, hasta el 7 de octubre pasado del total de ciudadanos el 51.68 por ciento son mujeres y el 48.32 por ciento varones.

Las politólogas y expertas en género y derecho electoral consideran que si bien el derecho al voto significó un avance en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, hoy en día no se ha consolidado la democracia participativa.

HISTORIA

Antes de la reforma constitucional de 1953, en 1947 el entonces presidente Miguel Alemán otorgó a las mujeres el derecho a votar y ser votadas, pero únicamente en los municipios.

Tras la modificación legal de Ruiz Cortines, las mujeres comenzaron a participar en el ámbito político. En 1954 Aurora Jiménez de Palacios se convirtió en la primera diputada federal, y en 1964 María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia fueron electas senadoras.

En tiempos más recientes, en 1988 Rosario Ibarra fue la primera mujer que se postuló como candidata a la Presidencia de la República, después le siguieron Cecilia Soto y Marcela Lombardo en 1994, y Patricia Mercado en 2006.

POCA PRESENCIA FEMENINA

En la segunda década del siglo XXI la participación de las mujeres en México aún es mínima. Datos oficiales revelan que hoy sólo hay tres por ciento de gobernadoras, 3.4 por ciento de alcaldesas y 23.2 por ciento de diputadas locales. En el Congreso federal las curules femeninas no llegan ni siquiera al 30 por ciento de representatividad.

La experta en género y derecho electoral Blanca Olivia Peña Molina, advierte que hay una gran diferencia entre las normas que estipulan los derechos político-electorales de las mujeres y la legislación que debe garantizar que esos derechos se ejerzan plenamente.

Peña Molina asegura que no es suficiente con instaurar el derecho al sufragio o con establecer preceptos legales a favor de la participación política de las mexicanas, sino que también haya mecanismos que reglamenten esa presencia en cargos públicos y sancionen a los partidos o instancias municipales, estatales y federales que transgredan tales garantías.

Actualmente las cuotas de género son la principal herramienta para garantizar la presencia femenina en los cargos de elección popular como diputaciones y senadurías, sin embargo las leyes federales y estatales en la materia son desiguales y no dan certidumbre jurídica a las mujeres.

Olivia Peña, quien fue consejera electoral en Baja California Sur, crítica que a pesar de la cuota de género las mujeres sigan siendo marginadas en el ámbito político, ya que los partidos no las incluyen en sus plataformas.

Añade: “Los derechos políticos no se restringen a votar y ser electa, se deben entender en un contexto más amplio, no sólo en cargos de elección, también en todas las funciones públicas del país”.

LAS CUOTAS

Pilar Hernández Martínez, experta en derecho electoral e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura que una mayor presencia de mujeres en la oferta electoral posibilitaría un mayor grado de legitimidad del sistema democrático.

En el libro “Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad”, advierte que en materia electoral los avances se han dado de manera paulatina desde 1996 cuando se instauraron las cuotas de género en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

En ese año se estipuló una cuota mínima de 30 por ciento de candidaturas femeninas a cargos de elección popular. Actualmente, el Cofipe establece una cuota de 40 por ciento y señala que los partidos deben “procurar la paridad (igualdad)” de mujeres y hombres en las postulaciones.

En 1995 (antes de la llamada Ley de Cuotas) la representación de mujeres en San Lázaro era sólo de 14 por ciento; en 2000 pasó apenas a 16 por ciento, y en 2003 aumentó a 24.9 por ciento, pero en 2006 cayó a 22.6 por ciento.

En 2009 la presencia femenina en la Cámara baja volvió a elevarse a 28 por ciento, pero tras el escándalo por la licencia al cargo que solicitaron 11 diputadas federales para ceder la curul a suplentes varones, los espacios de mujeres disminuyeron a 25.8 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

Pilar Hernández explica que la experiencia de 2009 con las suplencias mostró la necesidad de una reforma electoral para que las fórmulas de candidatas y candidatos sean del mismo sexo, lo que a decir de la especialista mantendría el equilibrio y la representación democrática.

Agrega que es necesario adoptar reformas al interior de los partidos para que postulen a las mujeres y no evadan las cuotas de género. Al mismo tiempo, abunda, se debe desarrollar una política pública que construya una cultura ciudadana a favor de las mexicanas.

“En virtud de que las mujeres representamos más de la mitad de los electores, es deseable que también formemos parte del gobierno”, lo que también se traduce en mayor grado de consolidación democrática, concluye la experta.

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