Inicio Usan derechos reproductivos como “moneda de cambio”

Usan derechos reproductivos como “moneda de cambio”

Por Anaiz Zamora Márquez

La prohibición del aborto en México va más allá de las restricciones legales, pues para acceder al derecho a decidir las mujeres también se enfrentan a la falta de educación sexual, de autonomía sobre sus cuerpos, a los estigmas sociales, la desinformación y las decisiones políticas que ignoran sus derechos.  

En ello coincidieron expertas y defensoras de Derechos Humanos (DH) de las mujeres, quienes participaron ayer en el foro “Por el derecho a decidir”, realizado en la antigua sede del Senado y de cara al Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemora el próximo 28 de septiembre.

Elsa Conde Rodríguez, ex diputada federal e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, expuso la forma en la cual en los congresos locales los derechos de las mujeres se han convertido en una “negociación política” entre los partidos, que han hecho eco de las peticiones de la Iglesia católica.
 
Recordó que entre 2008 y 2010, y tras la despenalización del aborto en el Distrito Federal, se reformaron 16 constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción o fecundación”.
 
Conde Rodríguez observó que las reformas respondieron a una iniciativa generalmente promovida por algún obispo del estado en turno, quien dialogaba con los legisladores e incluso con los gobernadores, dando como resultado que todas las fracciones parlamentarias legislaran contra los DH de las mujeres.

El recuento de la feminista señala que 10 gobernadores priistas (Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán), y seis panistas (Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro y San Luis Potosí) apoyaron las iniciativas y entre los 466 legisladores que aprobaron las reformas hay diputados de todas las bancadas.

Pese a las recomendaciones internacionales en la materia, “no se ha podido discutir el tema de aborto con información veraz y suficiente, y lo que hemos visto es que este tipo de reformas se han aprobado a cambio de avalar las cuentas públicas, es decir lo que se discute en el trasfondo público es el presupuesto y no los derechos de las mujeres”, criticó Elsa Conde.

Rebeca Ramos Duarte, coordinadora de Políticas Públicas del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), expuso que durante 2014 los casos que ha acompañado su organización en materia de aborto son de niñas de hasta 11 años de edad que fueron violentadas sexualmente, y que acudieron a los servicios médicos a solicitar la interrupción legal del embarazo, pero les fue negada la atención.
 
Explicó que pese a que esta es la causal (violación sexual) permitida en todo el país, existen obstáculos que la hacen inaccesible, tales como el requisito de presentar la denuncia penal o la negativa de los médicos a realizar la práctica, y quienes en muchos casos han denunciado a las mujeres.
 
Mayra Zamaniego, de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, dijo que el acceso al aborto seguro también se ve limitado por las condiciones de desigualdad social, la falta de educación sexual integral, el desconocimiento del cuerpo, y un limitado acceso a servicios de salud y métodos anticonceptivos que afrontan muchas mexicanas.

Puso como ejemplo el caso de Guerrero, una de las entidades con más causales de interrupción legal del embarazo, pero también de los estados donde se registran más hospitalizaciones por abortos inseguros.

Zamaniego abundó que la desigualdad social juega un papel primordial en materia de acceso al aborto seguro, al precisar que las mujeres en condición de pobreza tienen 2.5 por ciento más posibilidades de tener un aborto en condiciones inseguras, en contraste con las mujeres con más de 13 años de estudios (es decir con nivel universitario), que tienen 93.5 por ciento menos posibilidades de tener una interrupción insegura.
 
A esto se suma que las indígenas tienen cinco veces más probabilidades de abortar de forma insegura, y las mujeres de 15 a 24 años, el doble de posibilidad que las mujeres de otro rango de edad.
 
“Al hacer un cruce de estos datos, nos damos cuenta de que una mujer que es indígena, que vive en un contexto de pobreza, joven y sin acceso a educación, tiene nueve veces más posibilidades de arriesgar su vida al realizarse un aborto”, abundó la activista.

A este contexto de desigualdad, se suma el hecho de que a nivel cultural “la realización plena de una mujer está vinculada con la maternidad”, lo que lleva a que cuando una mujer interrumpe su embarazo rompe este “paradigma social”.

Zamaniego enfatizó que es necesaria y urgente la realización de una campaña de información a nivel nacional para dar a conocer las causales por las que se puede interrumpir un embarazo, ya que se ha visto que “sin fundamento científico, los médicos les dicen a las mujeres que pueden morir en estos procedimientos”, advirtió. 
 
15/AZM/RMB

Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles.Acepto Leer más

Skip to content