Siete de cada diez votos dijeron NO. Fue el veredicto final. En Tlaxcala le dijeron NO a las ambiciones de la esposa del gobernador para ocupar la silla que su marido dejará vacante. Cualquiera diría que a las buenas entendedoras pocas palabras. Pero no siempre es así.
En una entrevista que le hiciera Ivonne Melgar del periódico Reforma (noviembre 15 de 2004) Maricarmen Ramírez señaló como responsables de su derrota a los integrantes de la alta cúpula de su partido (PRD), empezando por Leonel Godoy, presidente, y terminando con Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral de ese instituto político. «Actuaron en mi contra -declaró- por intereses de grupo, de su grupo». Acto seguido, afirmó que también jugó el factor de la misoginia y la cultura machista en las feministas. «En el fondo -dijo- sus argumentos son machistas cuando decían que yo llegaba sólo por ser la esposa del gobernador. Ellas no reconocen que otra mujer pueda llegar».
Finalmente aseveró que como senadora buscará una reforma que evite un retroceso al siglo XVI, porque a su juicio eso es lo que pretenden quienes impugnan las aspiraciones de las esposas de mandatarios. Con las nuevas reglas, manifestó, evitará que otras primeras damas se queden sin sus derechos políticos.
Vamos entendiéndonos. Yo no soy política ni pertenezco o simpatizo con el PRD. Así que su primer señalamiento lo pasaré por alto. Pero me parece de una simpleza brutal afirmar que las feministas no apoyaron su candidatura por machistas. No pongo en duda que pudiera haber recibido o leído comentarios cargados de machismo; pero medir con el mismo rasero a todas las que nos opusimos a sus intenciones sucesorias me parece miope (por decirlo de manera amable). O no lee bien o no quiere leer bien.
Como yo me asumo feminista y tomando en cuenta que es posible que en mis artículos anteriores al respecto no haya sido lo suficientemente clara, me permitiré explicar nue-va-men-te por qué creo que no deben suceder a un gobernante (llámese gobernador, presidente municipal, diputado o senador) en el mandato inmediato siguiente no sólo las esposas, tampoco -en su caso- los esposos, ni los familiares directos, consanguíneos o políticos.
Opino que lo nuestro no es una democracia plena y mucho menos consolidada. Es más, en algunos estados de la República la democracia no es sino una aspiración. Por lo tanto no se pueden aceptar actos similares a los que se viven en democracias consolidadas.
En México, y ella debiera saberlo muy bien, cuando un hombre sube al poder, sube también su esposa, sus hijos/as, sus hermanos/as, entre otros familiares que automáticamente adquieren fuero, es decir, se vuelven intocables ante la ley y gozan de privilegios que nadie más goza. Esta particular situación frecuentemente rinde frutos económicos y un sin fin de beneficios políticos, y si alguien lo duda pregúntenle por ejemplo a la familia Hank Rohn, aunque en realidad podrían preguntarle a cualquier familiar de cualquier gobernante.
En este escenario aspirar a suceder a un gobernante es jugar con los dados cargados. Porque incluso suponiendo -sin conceder- que no se utilizará un centavo de recursos públicos, hay todo un aparato de estado que, a querer o no, apoyará y ayudará al familiar aspirante. Privilegio, por supuesto, del que no gozará ningún otro contendiente. Y eso no se llama machismo, se llama falta de equidad.
Yo de ninguna manera aspiro a un retroceso al siglo XVI, ni opino que una mujer no deba llegar al poder ¡por favor! Pero si por algo luchamos las feministas es por la E-QUI-DAD y buscar el poder cuando se tienen ventajas puede ser calificado de muchas maneras menos de equitativo.
Vamos entendiéndonos. No se trata de que una mujer no llegue al poder. Se trata de que una mujer o un hombre no llegue al poder utilizando privilegios que brindan el matrimonio o la consanguinidad con el mandatario, mismos que el resto de las o los contendientes ni tienen ni tendrán durante el proceso electoral. Punto. No es una cuestión de género, es un asunto de equidad.
Por último y con respecto a la intención de Maricarmen de intentar reformas que eviten que otras primeras damas se queden sin sus derechos políticos. ¿Por qué no ir más lejos? Por qué no buscar reformas que eliminen la figura de primeras damas. O bien que tipifiquen el cargo como uno más de la administración pública, con sueldo, presupuesto público y, desde luego, la posibilidad de escrutinio a esos recursos. Si alguna reforma necesitamos es una que termine con los privilegios, no que los valide. ¿Ahora sí fui clara?
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*Articulista y periodista de Quintana Roo
2004/CL/LR
