Luego de que el pasado 21 de junio el Congreso de Nuevo León aprobó una iniciativa presentada el 3 de mayo de 2007 por los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) Enrique Barrios Rodríguez y Juan Manuel Villanueva Arjonque, que modifica los artículos 329 y 330 del Código Penal en materia de aborto, el Ejecutivo José Natividad González Parás ejerció su derecho al veto contra la reforma encauzada a aplicar mayores sanciones a quienes practiquen abortos.
El objetivo de la iniciativa –vetada a través del texto que el gobernador envío al Congreso Local el pasado 15 de julio– es el de incrementar sanciones a quienes practiquen un aborto, de tres a cinco años de prisión a quienes lo realicen con el consentimiento de la mujer. Actualmente, la pena es de uno a dos años y las únicas causales permitidas son en caso de violación y por peligro de muerte de la mujer.
En este momento, el Código Penal señala en el Artículo 327 que aborto es la muerte del producto de la concepción, en cualquier momento de la preñez. En consecuencia, el Artículo 328, indica: «Se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar».
Mientras que los artículos modificados por las y los panistas, es decir el 329 y 330, señalan respectivamente: Artículo 329: Al que hiciere abortar a una mujer, se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con el consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años, y si mediare violencia física o moral, se impondrán al autor de cuatro a nueve años de prisión.
Artículo 330: «si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al artículo anterior (329), se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión».
En contraste con la aprobación de esta iniciativa que se mantenía congelada desde 2007, una iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, presentada el 30 de septiembre de 2008 por el Partido Social Demócrata (PSD) continúa pendiente. El PAN es mayoría con un total de 22 de 42 legisladoras y legisladores del Congreso Local.
El veto de González Parás se da a casi 2 meses de que concluya la actual Legislatura, tiempo en el cual continuarán las pugnas que se han dado entre los dos poderes durante casi tres años. Sin embargo, con la entrante legislatura todo parece indicar que será diferente: el nuevo Congreso será mayoritariamente priista, lo mismo que la gubernatura, que quedará a cargo de Rodrigo Medina, con lo cual podrían tratar el veto a partir de septiembre, al parecer con su aceptación.
RESPUESTA INMEDIATA
Cabe destacar que la iniciativa panista contra los derechos sexuales y reproductivos tiene su origen en 2007, como respuesta a la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el DF, en abril del mismo año.
En ese momento, (como reportó Cimacnoticias el 3 mayo de 2007) el diputado panista Enrique Barrios argumentó que la iniciativa contra la ILE era porque «tenemos que hacer algo aquí en Nuevo León, no nada más ver que ya pasó en el Distrito Federal y esperar a que un día llegue acá». Señaló también la bancada panista que por ser mayoría no permitirían una propuesta en contra de la vida «solo por moda».
Las y los diputados panistas han advertido también que podrían retomar la propuesta de reforma constitucional para plasmar el derecho a la vida desde la concepción, iniciativa que se encuentra congelada en el Congreso desde diciembre de 1999.
09/GT/GG