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Víctimas de violación, 6 de cada 10 mujeres migrantes

Por Gladis Torres Ruiz

Las niñas y mujeres migrantes que viajan en tren o por zonas apartadas de México corren mayor peligro de sufrir violencia sexual a manos de bandas delictivas, traficantes de personas, otros migrantes o funcionarios corruptos, alertó la organización Amnistía Internacional (AI).

En su informe “Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México”, del 2010, AI señaló que muchas bandas delictivas utilizan la violencia sexual como parte del “precio” que exigen a las migrantes.

Agregó que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) nacionales e internacionales estiman que seis de cada 10 mujeres y niñas migrantes son víctimas de este flagelo.

En el documento, AI precisó que si bien todas y todos los migrantes que transitan por México corren peligro de sufrir abusos; las niñas, mujeres, y niños, en particular los no acompañados, son especialmente vulnerables.

Advirtió que sobre los abusos a migrantes existen muy pocos datos fiables, por lo que las organizaciones de Derechos Humanos, así como los refugios para migrantes gestionados por la Iglesia y los expertos en el tema han utilizado las encuestas a migrantes para documentar, cuantificar y sacar a la luz la escala de abusos sufridos durante el trayecto rumbo a Estados Unidos.

Tal es el caso del Albergue Belén, Posada de Migrante, en Saltillo, Coahuila, el cual documentó, entre 2007 y 2008, 42 casos de agresión o violencia sexual; tres mil 924 incidentes distintos de abusos, entre ellos mil 266 actos de intimidación (amenazas, insultos, disparos al aire), y 475 agresiones físicas (golpes y pedradas).

AI apuntó que ni el gobierno federal ni los estatales han emprendido ninguna iniciativa equiparable para reunir información sobre los abusos, y agregó que en 2006 entrevistó a 90 mujeres migrantes recluidas en la Estación Migratoria de Iztapalapa, de las que poco más de la mitad procedía de Centroamérica.

De ellas, “23 declararon haber sufrido algún tipo de violencia, incluida la sexual. Trece dijeron que el autor de la violencia era un funcionario del Estado”.

Sin embargo, AI aclaró que las cifras pueden subestimar notablemente el problema a causa de la reticencia de mujeres y niñas a hablar sobre la violencia sexual, especialmente cuando están detenidas, toda vez que muchas de ellas se ven disuadidas de denunciar por la presión para continuar su viaje y por la falta de acceso a un procedimiento efectivo de denuncia.

Las investigaciones llevadas a cabo por AI indican que los abusos contra las y los migrantes irregulares continúan teniendo una baja prioridad para muchas autoridades estatales y federales, especialmente si no hay indicios claros de la implicación directa de funcionarios.

“En muchos casos que a primera vista parecen obra exclusiva de bandas delictivas, existen indicios de que hay funcionarios implicados en cierto grado, ya sea directamente o mediante su complicidad o beneplácito”.

Las migrantes que han sido violadas sexualmente tienen que hacer frente no sólo al estigma asociado con ello, sino también al peligro de que si denuncian pueden ser expulsadas del país o de que si buscan tratamiento perderán la oportunidad de llegar a EU.

En general todas las mujeres migrantes irregulares corren grave peligro de ser objeto de trata y agresiones sexuales a manos de delincuentes, otros migrantes y funcionarios corruptos. Aunque de pocos casos queda constancia oficial y prácticamente ninguno llega a ser enjuiciado, concluyó AI.

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