La Asociación civil Indignación señaló hoy irregularidades y violaciones a los derechos humanos de las y los menores que se encuentran recluidos en la Escuela Social de Menores Infractores de Mérida, Yucatán.
A un año de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 10/2002 al gobierno del estado para investigar las irregularidades en la institución, hasta ahora ni el gobierno estatal, ni la Procuraduría de Defensa del Menor, ni el DIF estatal la han considerado, acusó el grupo en un comunicado.
El grupo civil acusó a las autoridades de desinterés para asignar más presupuesto a los derechos humanos, crear albergues para menores objeto de violencia intrafamiliar, desamparados y víctimas del delito, pues hasta ahora permanecen hacinados en el mismo lugar.
Exhortó a los legisladores a que tipifiquen como delito la tortura, práctica que no está tipificada en Yucatán, estado ubicado en el sureste de México, lo que ha propiciado que los tratos crueles hacia algunos de los menores internos queden impunes.
A este respecto, lamentaron que las autoridades estatales no hayan querido investigar las irregularidades en esta institución para menores infractores.
Indicaron que no tienen conocimiento de que las autoridades estén investigando la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados en la violación de los derechos de las y los menores, a pesar de que lo saben.
Pidieron al gobierno estatal cumplir cabal y plenamente los puntos emitidos en la recomendación (siete) que se refieren entre otras cosas, a garantizar la creación de espacios adecuados para albergar a las niñas y niños por separado de acuerdo a las características por las que fueron recluidos.
Al titular del séptimo juzgado en materia de defensa social lo exhortaron a cumplir con su obligación de garantizar que juzgue los delitos conforme a derecho y que las y los menores tengan acceso a la justicia.
UNA HISTORIA SIN FIN
En julio del 2001, Indignación presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos un documento en el cual daba testimonios de personal que labora en la Escuela Social que denunciaban las vejaciones incluidos los abusos sexuales a las y los menores.
En agosto de ese mismo año, la CNDH realizó una visita de supervisión a la escuela y constató las versiones de los empleados, lo que trajo como consecuencia el despido de la directora Rocío Martel.
En abril de 2002 la CNDH emitió la recomendación 10/2002 donde determinó la existencia de graves violaciones a los derechos humanos de las y los niños internos en esa institución y solicitó al gobernador del estado, en ese entonces, Víctor Cervera Pacheco, cumplir con los siete puntos emitidos en la recomendación.
A una año de la recomendación las y los menores internos en la Escuela Social de Menores Infractores continúan siendo víctimas de tratos crueles, castigos inhumanos y degradantes e incluso abuso sexual.
2003/LGL/MEL
| |
disponible para periodistas y medios de comunicación impresos y electrónicos por favor citen la fuente El servicio informativo se realiza gracias al apoyo |
