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Violencia obstétrica no es problema de “buenos y malos”: GIRE

Por Anaiz Zamora Márquez
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La criminalización del personal de salud es la respuesta más fácil a la violencia obstétrica, pero no es la correcta, lo que se requiere es un enfoque de Derechos Humanos (DH) que permita a las mujeres víctimas acceder a la justicia, y además exigir las medidas administrativas necesarias para la no repetición de los hechos y la reparación del daño.
 
Con esa tesis central, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) presentó ayer en el Museo Jumex, en esta capital, su informe “Violencia obstétrica. Un enfoque de Derechos Humanos”, en el cual se describe la situación actual en México respecto a este delito, con base en información de los últimos tres años.
 
En la publicación se destaca que en México, siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años han tenido al menos una hija o hijo vivo, lo que se traduce en que 72 por ciento de las mexicanas en ese rango de edad ha necesitado, al menos una vez en su vida, atención médica durante el embarazo, parto y puerperio, “y por sólo ese hecho han estado expuestas a sufrir un evento de violencia obstétrica”.
 
Regina Tamés, directora de GIRE, explicó al público presente (entre quienes había legisladoras y legisladores, así como Ricardo Juan García Cavazos, director del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva) que la violencia obstétrica consiste en cualquier acción u omisión, por parte del personal de salud, que cause daño físico o psicológico a la mujer.
 
Pero también se expresa en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, en trato cruel e inhumano o degradante, en el abuso de medicalización, y en el menoscabo de la capacidad de las mujeres de decidir libremente y con información sobre sus procesos reproductivos.
 
Agregó que este tipo de violencia comenzó cuando se institucionalizaron los partos y se dejó de lado el papel de las parteras en la atención del embarazo, lo que ocurrió como parte de una estrategia de reducción de la muerte materna, que si bien ha tenido ciertas ventajas generó un ambiente propicio para estas violaciones a DH.
 
 “Y lo más importante es que se borra el protagonismo que tenía la mujer para pasarlo a manos de profesionales de salud, muchas veces empáticos, pero muchas veces no”, advirtió Tamés.

La activista sostuvo que en México existe una ausencia del Estado de generar políticas públicas que puedan cambiar esa realidad, por lo que el informe –primero en México que aborda la problemática– sistematiza información, y contrasta testimonios de mujeres con datos que han aportado distintas instituciones, además de que contiene recomendaciones para los diferentes actores de gobierno.

Enfatizó que la respuesta a la violencia obstétrica no le corresponde sólo a un sector o poder del Estado, y es necesaria una respuesta más “holística” y que vaya más allá de la criminalización del personal de salud.
 
“Para enfrentar esta problemática se debe dejar de tener la visión de quiénes son los malos y quiénes son los buenos”, dijo la también abogada al destacar que se debe asegurar que las mujeres cuenten con la información que requieren para decidir qué tipo de parto desean, y que los médicos se las brinden.
 
Asimismo, el sistema sanitario debe remediar las fallas estructurales que impiden que las mujeres puedan acceder a su derecho a la salud (como carencia de personal o de instalaciones adecuadas), hasta la forma en cómo se capacita a los médicos.

La senadora por el PRI Diva Hadamira Gastélum llamó a las y los diputados presentes a “destrabar” la iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada en la Cámara alta, pero que se mantiene “congelada” en la Comisión de Igualdad de Género de San Lázaro.
 
“Porque es urgente que al menos en la Ley de Acceso se defina con nombre y apellido la violencia obstétrica”, demandó la senadora, al señalar que hay un “serio problema y falta de respeto” a los DH de las mujeres.
 
El informe de GIRE plantea que la partería es una alternativa para la atención de los alumbramientos, y analiza las experiencias en países como Venezuela y Argentina al incluir la violencia obstétrica en sus respectivas leyes.

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