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Violencia política de género cobra su primera víctima

Por la Redacción

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) condenó enérgicamente el secuestro y la ejecución de Aidé Nava González, precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía del municipio de Ahuacuotzingo, en el estado de Guerrero.
 
Alrededor de las 22 horas de este martes 10 de marzo fue localizada sin vida la precandidata, en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, cerca del lugar donde un día antes fue secuestrada por sujetos armados.
 
De acuerdo con medios locales, la mujer fue encontrada decapitada y al parecer con signos de tortura, y con una manta que amenazaba a los políticos “que no se alinearan”. 
 
En un comunicado, Inmujeres declaró que el asesinato “constituye un acto de barbarie que no puede tener cabida en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho. Exigimos una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de estos lamentables hechos, que permita conocer la identidad de quienes lo perpetraron, averiguar el paradero de sus autores, y ejercer una pronta y expedita acción penal en su contra”.
 
La instancia dijo que este hecho obliga a que las autoridades establezcan mecanismos de seguridad, que impidan que estos sucesos de violencia política se repitan.
 
De igual forma, Inmujeres llamó a las autoridades estatales y municipales para que durante el proceso electoral en curso se garantice la seguridad y protección de quienes contienden por un puesto de elección popular, particularmente de las mujeres.
 
Ayer el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, condenó el crimen y en redes sociales aseguró que se debe garantizar seguridad total a todos los candidatos en este proceso electoral, así como a los ciudadanos y participantes del mismo.
 
Cabe recordar que en marzo de 2013 el Senado reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para incluir el delito de “violencia política de género”.
 
Tal delito se definió como “agresiones cometidas por una o varias personas, directamente o por terceros, para causar daño físico, sicológico o sexual en contra de una o varias mujeres, con el objetivo de impedirles el acceso o desempeño de un cargo de representación política”.
 
No obstante, la propuesta no fue ratificada en la Cámara de Diputados.
 
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