Este 25 de noviembre se conmemoraron 30 años de luchas y acciones internacionales para eliminar la violencia contra las mujeres.
Esta fecha fue creada en el marco del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en Bogotá, Colombia, en 1981, y desde entonces ha permitido nombrar diversos tipos de violencia contra las mujeres y exigir su sanción en los marcos legislativos.
Pese a estos avances, la violencia sexual contra las mujeres sigue siendo una constante, recrudecida por la conflictividad social que se vive en la región.
En Guatemala se han registrado casos de violación sexual contra las mujeres durante los desalojos de la población campesina en fincas del Valle del Polochic, departamento de Alta Verapaz, y como resultado de la represión contra mujeres líderes que participan en movimientos sociales contra la instalación de megaproyectos mineros en diferentes regiones del país.
A estos se suman los casos de niñas y jóvenes violadas por sus maestros, sus familiares y conocidos en las comunidades, quienes además las obligan a abortar para evadir responsabilidades, según planteó una educadora indígena que conoce esta situación.
Estos casos quedan en el silencio principalmente por dos razones. La primera es de tipo legal, ya que el aborto procurado y el aborto con o sin consentimiento forman parte de los delitos contra la vida y la integridad de la persona, sancionado con prisión de seis meses a seis años, según el Código Penal de Guatemala.
La segunda, y muy poderosa, es la sanción moral. La sociedad no tolera a las mujeres embarazadas sin un hombre al lado que asuma la paternidad del hijo o hija que esperan, sin importar que su estado sea fruto de una violación.
En general ellas son señaladas «de habérselo buscado por no cuidarse y darse a respetar». Mientras sus victimarios serán vistos «como muy hombres por su capacidad de seducción y de hacer hijos».
Entonces muchas se enfrentan a la vergüenza, al rechazo de sus familias, al matrimonio forzado, al destierro, a la precariedad económica, al abandono y a poner en riesgo sus vidas al abortar en condiciones precarias, en lugares públicos, sin asistencia médica e incluso por métodos violentos que llegan a causarles la muerte.
Otras más pierden la vida a manos de las parejas que las embarazaron.
La mayoría de medios de comunicación manejan la violencia sexual y los casos de aborto ?que suman alrededor de 60 mil al año, según Dora Amalia Taracena, integrante de Convergencia Cívico Política de Mujeres?, desde el sensacionalismo y el amarillismo al culpar a las mujeres de estas situaciones, dejando de lado la responsabilidad que tiene la misma sociedad por su mentalidad machista, al considerar a las mujeres como objetos, y al Estado por su falta de protección a las ciudadanas.
Los medios no vinculan estas violaciones a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres como expresión de la violencia de género, estructural y generalizada, existente.
El pensamiento religioso sigue sopesando incluso en el personal de los servicios de salud, que antepone sus convicciones enviando a confesarse o a «aguantarse las consecuencias» a las mujeres víctimas de violación o que llegan desangrándose por un aborto, antes que brindarles atención especializada y el acceso a la anticoncepción de emergencia.
«Las posibilidades de despenalizar el aborto están relativamente lejanas, sobre todo por las influencias del Opus Dei», evidencia Dora Amalia Taracena, cuya organización está preparando el lanzamiento de un Observatorio de Violencia Sexual y Femicidio.
«El Estado es el garante de la vida y de una vida libre de violencia para las mujeres, por eso es responsable de promover políticas públicas de desarrollo para las mujeres, la creación de protocolos y mecanismos de atención y de la implementación de leyes como la Ley de Promoción y Desarrollo de las Mujeres, que contempla el eje de derechos sexuales y reproductivos», recalca Norma Herrera, del Programa de No Violencia contra las Mujeres de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg).
Entre estas líneas de acción también es clave la educación. Por eso, algunas organizaciones impulsan programas de formación en salud sexual y reproductiva a mujeres líderes como estrategia en la prevención y atención de casos de violencia sexual y aborto porque:
«Es a las líderes ?ya sean comadronas, educadoras, integrantes de juntas directivas y promotoras de salud? a quienes las mujeres buscan en estos casos, porque les tienen confianza más que a su misma familia. Entonces, si ellas están sensibilizadas y bien informadas podrán orientarlas mejor.
«Aunque también las instituciones del Estado deben dar más educación sexual sobre cómo funciona el cuerpo de una mujer, porque a veces ni sabemos cómo es que se queda una embarazada. También deben informar sobre qué es una violación y qué hacer en estos casos», señala Adelma Pastor, maya Kiche? trabajadora en la organización de mujeres indígenas Voz de la Resistencia.
La institucionalidad de las mujeres, fruto de años de lucha del movimiento feminista, ha insistido en la implementación de la educación sexual en el sistema educativo nacional, la cual ya está aplicándose en una fase piloto.
A nivel legal también hay camino por seguir recorriendo. La Coordinadora 25 de Noviembre, instancia de coordinación entre organizaciones feministas y de mujeres, en un comunicado evidenció que: «?ante la amenaza que constituye un recurso de inconstitucionalidad contra la ley (contra el Femicidio y otras Formas de Violencia), y la falta de resolución de la Corte, reiteramos que estas herramientas legales e institucionales con las que hoy contamos son fundamentales para el avance de las mujeres y la protección a su vida, seguridad y derechos».
La Coordinadora exigió a la Corte de Constitucionalidad «?resolver a favor de las mujeres declarando sin lugar el recurso de inconstitucionalidad presentado hace tres meses por los abogados de Quetzaltenango, cuyo término legal para presentar la resolución ya venció. La Corte no puede darle la espalda a las mujeres».
En la actual coyuntura, ante las puertas del cambio de gobierno, existe preocupación entre las activistas ante la posibilidad de retrocesos en el enfoque de DH que se ha trabajado con las autoridades de salud y educación, que ya han tomado conciencia de la gravedad del fenómeno de la violencia sexual, y por eso han incorporado la educación sexual para niñas, niños y jóvenes en las escuelas públicas.
Un escenario que favorezca esos retrocesos limitaría, aún más, el derecho de las mujeres a decidir de forma libre e informada sobre sus cuerpos y su sexualidad, así como el acceso a información sobre métodos de planificación familiar.
De manera que se acentuarían las realidades de vulnerabilidad, riesgo e injusticia que acechan a niñas, jóvenes y mujeres, sobre todo indígenas y del área rural.
*Corresponsal en Guatemala.
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