Desde el 28 de junio, día del golpe de Estado en Honduras, se han registrado en total 4 mil 234 violaciones a los derechos humanos de las hondureñas y los hondureños; entre ellas, 21 muertes con visos políticos, de las cuales dos fueron de mujeres.
Así lo indica el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en su segundo informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el golpe de Estado en Honduras titulado «Cifras y rostros de la represión», publicado el 22 de octubre.
El informe describe las circunstancias de la muerte de 19 de las 21 víctimas; dos de ellas: Wendy Elizabeth Ávila, de 24 años, y Olga Usiris Ucles, de 35 años, fallecieron tras haber inhalado gases lacrimógenos utilizados por las fuerzas militares durante las manifestaciones contra el golpe de Estado. A ninguna se le realizó la autopsia de ley para determinar la causa de la muerte.
«Cifras y Rostros de la Represión» informa que, además, hubo tres atentados contra personas y 108 amenazas de muerte. Asimismo, las fuerzas del gobierno de facto han violado el derecho a la integridad personal en de 818 personas, 21 de ellas con lesiones graves. El Cofadeh registró 3 mil 33 detenciones ilegales y 114 presos políticos. La libertad de expresión se violó en 56 casos.
El Cofadeh califica las acciones del gobierno de facto como «una maquinaria dispuesta a intimidar y aniquilar la resistencia contra el golpe» y señala que la violencia, generalizada los primeros días después del golpe, se transformó en una violencia selectiva dirigida a periodistas y dirigentes de la resistencia, «sin olvidar la intimidación judicial como herramienta empleada para desmovilizar a las y los opositores».
Esta violencia sistemática ha afectado especialmente a la niñez y la juventud. Según el informe, la represión contra ellas y ellos parece tener connotaciones estratégicas. Muchos de las y los jóvenes detenidos y maltratados por razones políticas pertenecen a las organizaciones que se han unido contra el golpe.
La población en general enfrenta los efectos psicológicos, físicos y morales provocan la violencia desmedida, los allanamientos masivos en comunidades y barrios, los permanentes vuelos de helicópteros de guerra y el patrullaje de policías y militares en comandos y pelotones que provocan una sensación de guerra.
El Cofadeh afirma que la cifra de niñas y niños víctimas sigue en aumento y destaca el caso de una niña de siete meses de edad que resultó intoxicada con una bomba lacrimógena lanzada a su vivienda. Otros métodos de intimidación utilizados, particularmente contra las y los jóvenes, son interrogatorios ilegales, golpes, y atentados que han dejado a varios menores de edad heridos y a uno de ellos muerto «en circunstancias que revelan el patrón de típico de la autoría paramilitar».
La coordinadora general del Cofadeh, Bertha Oliva de Nativí, afirma: «en el país vivimos en situación de emergencia nacional», y hace un llamado a la comunidad internacional «para que permanezca vigilante y observadora para asumir el desafío de ver juzgados a los perpetuadores de crímenes de lesa humanidad.»
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