Falta solamente la adhesión de cinco países al Estatuto de Roma para alcanzar las 60 naciones que ser requieren para la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional que podrá juzgar a genocidas y otros criminales de guerra.
En el caso de México, será hasta noviembre cuando se ratifique la firma de dicho Estatuto de acuerdo al consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo.
Apenas la semana pasada, la eurodiputada italiana Emma Bonino apeló al Senado mexicano a ratificar el Estatuto de Roma para que nuestro país forme parte de las 60 naciones fundadoras de esa instancia y así el derecho de postular candidatos para los 19 puestos vacantes de jueces y magistrados que integrarán ese tribunal.
El obstáculo a la ratificación por México es la reforma al artículo 21 de la Constitución, que se refiere a la soberanía del poder judicial en México.
Cabe recordar que en dicha Corte no habrá retroactividad, por lo que no podrán ser juzgados genocidas y responsables de masacres anteriores al año 2002.
«Pero es un avance porque limita al poder», afirmó Bonino, poco antes de partir a Londres, en su infatigable campaña por que los países ratifiquen dicho Protocolo, aunque naciones como Libia, Estados Unidos, India, China se niegan a hacerlo.
Un total de 139 naciones firmaron en Roma en 1998 la fundación de la Corte Penal Internacional, que no será sustitutiva del Tribunal Penal para la exYugoslavia y el Tribunal sobre crímenes en Ruanda, dependientes ambos, del Consejo de Seguridad de la ONU.
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