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Viudas de mineros no avalarán peritaje de Secretaría del Trabajo

Por Lourdes Godínez Leal

Elvira Martínez y María Lourdes Zapata, dos de las 65 viudas de los trabajadores de la mina de Pasta de Conchos, pidieron hoy a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) una estrategia de rescate de los cuerpos de los mineros que permanecen sepultados en la mina desde hace 16 meses, al tiempo que se deslindaron de los resultados del peritaje que realiza la dependencia para “conocer el estado de la mina”.

En rueda de prensa, las viudas dijeron que no avalarán los resultados de este peritaje porque las condiciones de la mina están más que conocidas, todo mundo sabe que no cumplían con los requisitos de seguridad para los trabajadores.

Elvira Martínez señaló que, el 12 de abril pasado, los familiares de los mineros sostuvieron una reunión con el secretario del Trabajo, Javier Lozano, donde acordaron: que las familias participarían directamente en todo el proceso del peritaje; reanudar el mantenimiento de la mina para continuar con el rescate de los cuerpos, además propusieron la participación de expertos de la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM) lo cual hasta hoy ha sido ignorado por las autoridades.

No obstante, y pese al compromiso hecho por el titular de la Secretaría del Trabajo, hasta ahora la FITIM sólo está contemplada como “invitada” pero no para participar directamente en el peritaje, dijeron.

Y agregaron que la STyPS ya les ha manifestado que “no tiene facultades para reabrir la mina”.

Asimismo, tanto Zapata como Martínez dijeron que no están de acuerdo con la propuesta de especialistas de la STyPS porque pese a que tienen altos grados académicos, no son expertos en minas.

Según la Pastoral Laboral, encabezada por Cristina Auerbach, el grupo que participa en este peritaje, que inició el 15 de mayo y concluye el 15 de junio, está compuesto por académicos y otros especialistas que no saben del tema.

Por lo anterior, manifestaron su desconfianza por los resultados, porque, dijeron, ya sabemos cómo estaba operando la mina, pero sobre todo por la “falta de transparencia” con que se ha manejado el asunto.

Entrevistada por Cimacnoticias, Elvira Martínez dijo que algunas de las viudas ya han “bajado la guardia”, algunas por motivos de trabajo y otras por el desgaste emocional. De las 65, quedan entre 25 y 30 en pie de lucha.

A la fecha, únicamente han podido rescatar dos cuerpos, uno en junio y otro en diciembre de 2006.

Sobre los apoyos económicos ofrecidos por las autoridades, Elvira Martínez comentó que al principio la empresa les dio 750 mil pesos (que ella no aceptó), el gobierno del Estado les otorgó becas a las y los niños y la empresa creó un fideicomiso, aparte se les estaba pagando el sueldo triple (por los tres turnos que sus esposos trabajaban).

Sin embargo, dijo que a principios de mayo de este año se les quitó este último apoyo porque la empresa argumentó que “las mujeres ya estaban en posición de tramitar una pensión e indemnización”.

Elvira Martínez, explicó que desde marzo de 2006, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les “facilitó” actas de defunción para que iniciaran sus trámites de indemnización y pensión y, aunque en un principio muchas se negaron, hasta ahora 53 mujeres y sus familias las han aceptado.

“En febrero de 2007, a un año de la explosión, el gobierno del estado inició una serie de visitas a las familias para decirles que había que iniciar los trámites de la pensión porque se iban a perder y pues entonces nos han obligado”, enfatizó.

Al respecto, Manuel Fuentes, representante legal de algunas de las familias de los mineros, señaló en entrevista que las autoridades del estado de Coahuila “están violando la ley, engañando a la gente y llevando a cabo un procedimiento para dar carpetazo al asunto y simular que las mujeres ya están tramitando su pensión”.

Pero hasta la fecha, dijo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no está pagando en absoluto pensión a ninguna de ellas.

El abogado explicó que, de acuerdo a la Ley, “cuando ocurre un siniestro de este tipo es necesario que se siga un procedimiento legal”. Primero tiene que haber una declaración de ausencia por parte de un juez y este trámite por lo general dura tres años.

Una vez hecho esto, tiene que haber una declaración de presunción de muerte. Ya cuando se da esta situación, entonces sí se puede expedir el acta de defunción.

Pero el punto, advirtió, es que las actas que se ofrecieron a las familias son totalmente ilegales, irregulares, que más bien pareciera que son actas de defunción de la mina por los términos empleados por los médicos para “aclarar” las causas de la muerte de los mineros.

Por lo pronto, explicó el abogado, algunas de las 53 mujeres que están tramitando su pensión en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través de él, han revocado un poder de parte, desconociendo a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

“Actualmente se están desahogando una serie de audiencias para determinar la responsabilidad de la empresa sobre el tema, porque se está señalando que hubo agravante de negligencia. Entonces, en este momento hay desahogo de testimoniales y periciales y yo calculo que como va el asunto, con amparo y demás, tardaría un año el trámite correspondiente, pero es la fecha en que no se le paga a las viudas las pensiones”.

Y mientras, Elvira Martínez continúa diciendo, como hace 16 meses: “lo único que queremos es que nos entreguen los cuerpos para poderlos sepultar en un lugar donde podamos llevarles flores o poderle decir yo a mis hijos que ahí está su padre”.

07/LGL/GG/CV

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