Cerca del 63 por ciento de la población rural vive con menos de mil sesenta pesos al mes, lo cual la ubica en una línea de pobreza patrimonial que impide acceder satisfactoriamente a niveles de alimentación, vestido, salud y educación, afirmó Javier Cabrera Adame, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con un boletín de la institución.
Este dato, dijo, revela que en el año 2006, los niveles de ingreso en el campo disminuyeron, mientras que el mismo indicador alcanzó a cuatro por ciento más de esa población, con respecto a 2004.
Al presentar el Taller La cuestión social en el campo mexicano: México ante el 2008, organizado por el Seminario Universitario de la Cuestión Social, Rolando Cordera, titular del mismo, expuso que este encuentro tiene como objetivo conocer opiniones ante la situación nacional de los grupos agrícolas.
En la sede de la Facultad de Economía, donde los trabajos fueron inaugurados por el secretario general de la entidad, José Antonio Ibarra, refirió que se trata de conocer si las políticas públicas para ese sector, desplegadas por el Estado, han sido las más adecuadas, y sobre todo en la perspectiva de la globalización.
Durante su participación, Javier Cabrera ?acompañado por los académicos Carlos Tello y Luis de la Calle? precisó que los recursos destinados a desarrollo económico pasaron de 17.5 por ciento en 1981 a 4.3 en 2006. Específicamente en el sector agropecuario la variación en ese periodo fue de 3.3 del Producto Interno Bruto (PIB) a 0.6 por ciento.
Desde los años ochenta, abundó, el abandono generalizado de las políticas públicas de fomento agropecuario ha causado dependencia alimentaria en prácticamente la mayor parte de los productos que se consumen en el país, principalmente en los granos básicos, afirmó.
Así, detalló, en el año 2006, el 34 por ciento del consumo nacional de los principales granos y oleaginosas fue de origen extranjero.
Señaló que el campo mexicano presenta un conjunto de graves problemas, algunos de ellos de carácter estructural como el atraso tecnológico, el extendido minifundio y la dependencia del temporal en vastas regiones del territorio nacional, la apertura comercial y un descuido por parte del Estado.
En alguna época, dijo, México fue autosuficiente en materia alimentaria. Sin embargo, aclaró, la sujeción no se originó con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues las importaciones de volúmenes importantes de granos básicos datan de varios años atrás, a 1994.
Javier Cabrera abundó que hubo un descenso en la superficie sembrada de un millón de hectáreas, con lo cual el potencial productivo se mermó, al pasar en 1990 de 14.3 a 13.3 en 2006.
«Ante este panorama, el reciente desabasto de maíz y aumento del precio de la tortilla, no se puede considerar un simple desequilibrio coyuntural, y plantea la necesidad de la intervención estatal con estrategias que permitan al país entrar en una etapa de crecimiento y desarrollo sostenido», expresó.
Por su parte, Héctor Robles, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, de la Cámara de Diputados, expuso que hay 29.9 millones de habitantes del sector rural, de los cuales la mitad vive en municipios de alta y muy alta marginalidad.
En esas áreas rurales, abundó, el PIB per cápita es de 2 mil 310 dólares anuales, mientras que en los urbanos es de 13 mil dólares.
Aseveró que para satisfacer las necesidades básicas de agua, luz, drenaje o educación, tales demarcaciones requerirían 20 años, mientras que los urbanos 11.4; los primeros necesitarían 48.9 años para superar el hacinamiento y 36.6 para tener pisos de tierra.
Indicó que hay 5.3 millones de integrantes de la Población Económicamente Activa del sector primario, pero en los municipios más rurales del país hay 7.8 millones de trabajadores.
Por su parte, José Valencia, del Instituto de Estudios Campesinos, externó que nos encontramos ante el paradigma de la pobreza en un callejón si salida, «estamos en el estira y afloja de pocos recursos ante tantas y crecientes necesidades.»
A su vez, John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), defendió la tesis de que en el sector rural no se gasta o invierte poco, sino mal. Así, los recursos se canalizan en forma poco efectiva y desigual.
Explicó que, de acuerdo con una encuesta, la mitad de los beneficiarios de Procampo no sabían que podían cambiar de cultivo sin perder beneficios, tras señalar que la situación del campo en el norte es mejor que la del sur.
07/GG/CV
