Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez aumentan cada día, durante octubre pasado se cometieron 47 asesinatos, cifra histórica que supera la de septiembre, cuando se contabilizaron 44 víctimas, informó Imelda Marrufo Nava, directora de la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez.
Durante su participación en el II Encuentro ¿Cumple México con la CEDAW?, que se realizó en la casa de las Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la activista afirmó que en Chihuahua, las mujeres viven en un estado de emergencia, sobre todo por la impunidad que priva en los crímenes cometidos.
La activista señaló que las cifras anteriores se desprenden de un seguimiento hemerográfico que realiza la Red y actualiza todos los días. Subrayó que dos de los asesinatos cometidos en octubre pasado tienen las características de feminicidio.
Entre las víctimas también se encuentran tres obreras de la maquiladora Eagle-Ottawa que murieron debido a las heridas que sufrieron después de que el camión de transporte de personal en el que viajaban, fuera atacado a balazos por un comando armado en la carretera Juárez-Porvenir, el pasado 27 de octubre.
Recordó que a escasos días de que se cumpla un año de la sentencia que el Estado mexicano recibió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el caso «Campo Algodonero», no se le ha dado cabal cumplimiento, lo que abonará a erradicar la violencia contra las mujeres, ya que no sólo alcanza al gobierno de Chihuahua sino al Estado Mexicano.
Marrufo Nava, afirmó que nunca antes había sido tan peligroso para las mujeres vivir en el estado de Chihuahua, a lo que se suma la pobreza extrema en la que vive la mayoría, por falta de oportunidades de trabajo.
En 2008 se documentaron 87 mujeres asesinadas; para 2009, 164, mientras que de enero al 3 de noviembre de 2010, la cifra es de 271 víctimas de homicidios dolosos cometidos contra mujeres.
Agregó que por la falta de recursos las niñas y niños de Juárez abandonan la escuela y para «solucionar», esta problemática el gobierno les ofrece becas con la condición de que comprueben «que ni su mamá o papá tienen nexos con el crimen organizado», lo cual es inconcebible, una medida totalmente discriminatoria, consideró.
En entrevista por separado la diputada Teresa Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio, sostuvo que no son muy alentadores los reportes que tienen del cumplimiento de la sentencia de la CoIDH.
A casi un año de que se emitió la condena, los gobiernos local, estatal y federal, continúan hablando de distribución de competencias, «que finalmente son de incompetencias», ya que cada quien se declara incompetente para dar cumplimiento al dictamen, subrayó la legisladora.
Adelantó que es por ello que un grupo de legisladoras integrantes de la Comisión que preside, viajarán a Ciudad Juárez el 29 de noviembre, para desde la entidad lanzar un llamado al gobierno de México para que cumpla con la sentencia, para poder avanzar en la prevención, erradicación y eliminación de la violencia de género.
Esto es urgente, dijo, porque en Ciudad Juárez no hay ley, ni estado, sólo violencia; un balance lamentablemente desalentador, «tal parece que hay carta de naturalidad a la violencia feminicida».
La diputada Teresa Incháustegui consideró que todos los Estados deberían de adoptar al menos 10 de los 26 resolutivos de la CoIDH, entre ellos: Contar con un Registro de Feminicidio, porque precisamente un aspecto que refleja discriminación, es la invisibilidad.
Respecto a las comparecencias que los procuradores de seis estados de la República rindieron hace un par de meses en San Lázaro, y en las que se comprometieron a que en un plazo de un mes adoptar 10 de estos resolutivos, informó que hasta el momento los funcionarios no han reportado avances.
Los procuradores son los del Estado de México, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Veracruz.
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