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Vivimos nueva versión de guerra sucia, a 39 años de Tlatelolco

Por Redaccion

Hoy, como hace 39 años, cuando ocurrió la masacre de estudiantes y población civil el 2 de octubre de 1968 a manos del Ejército Mexicano, nuestro país vive una nueva versión de la guerra sucia contra opositores políticos y luchadoras y luchadores sociales.

Han transcurrido casi 40 años de uno de los acontecimientos del pasado negro de nuestra historia, dice en un comunicado el Centro de Comunicación Social (Cencos), con motivo del aniversario de la masacre del 2 de octubre, pero en nuestro país la política de terror que instauró el régimen priísta durante 70 años se perpetuó con los gobiernos panistas.

Actualmente se observan escenas y actos represivos que se pensaría habrían desaparecido con la “transición a la democracia” en un ambiente en el que se criminaliza a los movimientos sociales.

La tarde del 2 de octubre de 1968 miles de estudiantes salieron a la calle a protestar contra el autoritarismo gubernamental, que se hacía presente en persecuciones, secuestros, torturas y asesinatos contra quienes le mostraban públicamente su rechazo al régimen de Gustavo Díaz Ordaz, quien respondió enviando al Ejército y toda la estructura policiaca del gobierno reprimir y asesinar a quienes osaron manifestarle su repudio.

El reclamo de justicia sigue vigente hasta el momento ya que los responsables de la masacre gozan de total impunidad. Varios a quienes se señala como principales autores murieron sin que se ejerciera justicia por sus actos, dice Cencos.

Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación del gabinete de Díaz Ordaz y uno de los principales señalados como autor intelectual de la matanza, fue exonerado de genocidio por los hechos del 2 de octubre de 1968 por un magistrado el pasado 12 de julio de 2007, dando un portazo a familiares de las víctimas, ciudadanas y ciudadanos que reclaman justicia por la masacre de estudiantes y población civil en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

En su fallo, el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano reconoce que existió genocidio organizado y perpetrado por las autoridades de la época, sin embargo, los tribunales mexicanos no se han atrevido a ejercer la justicia sobre los responsables, como Echeverría Álvarez

El Estado tiene una cuenta pendiente con los familiares de las víctimas de la matanza del 2 de octubre de 1968, ya que por más de tres décadas no se les ha dado indemnización alguna por reparación del daño, daños y perjuicios o daño moral.

Reconocer el genocidio abre la puerta para que se exija al gobierno mexicano la reparación del daño efectuado contra la sociedad civil, como ha sido el caso de algunas naciones que padecieron igualmente crímenes de lesa humanidad, en mayor o menor escala que en México, en las que se reconoce el daño a la sociedad por el genocidio perpetrado a manos del gobierno en turno.

Al parecer la justicia mexicana sigue la línea de lo acontecido en Chile con el fallecido exdictador Augusto Pinochet Ugarte, a quien en varias ocasiones se le presentó ante los jueces, se le mantuvo bajo arraigo, se le practicaron exámenes psicológicos para enfrentar a la justicia y no se le imputaron cargos por las masacres durante la dictadura que encabezó de 1973 a 1981. El exdictador murió sin purgar una sola condena por las miles de muertes que se perpetraron bajo sus órdenes.

GRUPOS REPRESORES

Como en esa lamentable fecha del 2 de octubre de 1968, en el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa se reproducen las viejas prácticas del priismo que se acentuaron especialmente en el último año de gobierno del también panista Vicente Fox Quesada, continúa el texto de Cencos.

En los siete años de gobierno de los mandatos de los presidentes de Acción Nacional se han registrado al menos 100 desapariciones forzadas.

Detenciones arbitrarias, torturas, cateos ilegales, órdenes de aprehensión sin fundamento jurídico y violaciones sexuales, son las prácticas que autoridades federales y estatales han empleado contra las y los manifestantes, luchadoras y luchadores sociales que alzan su voz contra las injusticias y violaciones de derechos humanos que cometen las distintas autoridades y órdenes de gobierno del país.

SEGURIDAD CALDERONISTA

En el marco del plan de seguridad nacional del gobierno de Calderón Hinojosa, se han creado dos grupos que, con la justificación de la seguridad nacional, pueden ser cuerpos represores simulados que se utilizarían para espiar y reprimir a movimientos, luchadoras y luchadores sociales.

En estos se inscribe el grupo de elite denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF) perteneciente al Ejército Mexicano creado por decreto por el Ejecutivo y que está a las órdenes directas del presidente de la República y dependiente técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La creación del CFAF, que hizo su aparición pública en el desfile del 16 de septiembre con una brigada de mil 884 efectivos, pasó por encima del Congreso, en uso de las facultades otorgadas al presidente de la República por el artículo 89 constitucional fracción VI.

El argumento esgrimido por Calderón Hinojosa es reforzado por las facultades que como Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea le otorgan las leyes orgánicas de estas dependencias, pero estas leyes no son reglamentarias exclusivamente de la Constitución.

En tanto que en la comparecencia en el Congreso del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno de Calderón Hinojosa, se conoció la existencia de un grupo elite que se encuentra fuera de la reglamentación de la Ley de Seguridad Nacional: el Grupo Central de Atención a la Subversión.

Minimizando el hecho Ramírez Acuña señaló que “no tiene mayor relevancia el nombre. No tiene presupuesto ni orden jerárquico”, respondió a la prensa tras su comparecencia en San Lázaro.

El Grupo Central de Atención a la Subversión se inscribe en la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón que atenta contra las garantías individuales, como en los casos documentados de violaciones de militares a la población civil y las “víctimas colaterales” de la guerra contra el narcotráfico.

Trabajando en la total opacidad, la sociedad mexicana recientemente se enteró de la existencia del mencionado grupo antisubversivo, que más allá de las declaraciones, es una muestra de la “línea dura” de Ramírez Acuña contra los movimientos sociales, como los arrestos de dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuando la Segob se cerró al diálogo retomando los viejos modelos del sistema político mexicano de usar la justicia como forma de presión en contra de los movimientos sociales: detienen a líderes y obligan al movimiento a dedicar sus esfuerzos a la defensa de sus líderes, mientras el cumplimiento de sus demandas se posponen.

Al cumplirse 29 años de la matanza del 2 de octubre, a los 557 desaparecidos y los cientos de asesinados de ese lamentable día, de los que no se tiene información, se suman los 65 desaparecidos del sexenio foxista y 30 en los 10 meses de administración calderonista, además de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario y algunos en otras entidades, sobre todo de adherentes a la otra campaña, según datos del Comité Eureka.

En el caso de México, como el de otras naciones que padecieron crímenes de lesa humanidad, es necesario que se dé un proceso de reconciliación nacional para que pueda ser reparado el daño, sin embargo, con la actual política de seguridad donde se criminalizan los movimientos sociales -donde un narcotraficante tiene más garantías para salir de prisión que un luchador o luchadora social– con nuevos mecanismos de represión es imposible que se lleve a cabo.

FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN

Ante este panorama, la sociedad civil se organizó en el Frente Nacional Contra la Represión, réplica del movimiento de hace tres décadas que se dio en similitud de circunstancias, “ante la nueva fase de una guerra sucia contra los luchadores sociales y para evitar otro baño de sangre desde los aparatos represivos del Estado”, dijo la luchadora social y fundadora del Comité Eureka y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra.

Cencos exige que se imparta justicia para todas las mexicanas y mexicanos, como lo establece la Constitución y los Tratados Internacionales, al igual que se atiendan las demandas de luchadoras y luchadores sociales y no se utilice la represión así como la política de oídos sordos como método gubernamental para “solucionar conflictos” en lugar de respetar las garantías individuales.

Esta época es un saldo pendiente en el que el derecho a la verdad no ha sido respetado, tanto para aclarar los hechos como para juzgar a los responsables, desafortunadamente, todo indica que la historia regresa con tintes autoritarios violentando los derechos humanos.

07/GG

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