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Voluntad del Congreso oaxaqueño para abatir discriminación

Por Soledad Jarquín Edgar

Oaxaca podría ser el primer estado de la República Mexicana en cumplir con la recomendación 19 que la Comisión sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) hizo en 1992 para eliminar el “crimen por honor”, indicó la directora general del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Norma Reyes Terán.

Lo anterior, luego de que este jueves, el Congreso local enviara a comisiones la propuesta de reforma al artículo 293 del Código Penal para el Estado de Oaxaca en el que se propone que el ilícito de tipo penal de homicidio y lesiones “por honor” se sancione de conformidad con las reglas para el homicidio.

La funcionaria indicó que desde 2001, el IMO había solicitado la derogación de esta ley, pero fue hasta este 2 de marzo cuando la 59 legislatura envió la propuesta para su análisis y será el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer cuando podrían aprobarse las reformas.

De manera entusiasta la titular del IMO consideró que las cosas “van por buen camino” y reconoció la voluntad política del presidente del Congreso local, Bulmaro Rito Salinas, quien desde que se hizo el planteamiento consideró conveniente realizar las reformas necesarias “para no seguir tutelando el honor de los hombres por encima de la vida de las mujeres”.

Reyes Terán dijo que equipos jurídicos de la 59 Legislatura y del IMO analizan también otras modificaciones a las leyes y reglamentos locales para armonizar instrumentos internacionales con relación a los derechos de las mujeres, tales como el rapto, turismo sexual infantil, abuso sexual infantil y otros que se darán a conocer más adelante.

Marco legal de violencia intrafamiliar

Por otra parte, señaló que el IMO y otras instancias del Ejecutivo revisan el marco legal de la Ley de Violencia Intrafamiliar, en la que se propone una nueva denominación, una ley de medidas de protección integral para las mujeres víctimas de violencia de género.

De esta forma, sostuvo Reyes Terán, se corregiría todo aquello que el marco legal actual no ha permitido como asegurar las medidas de protección, especialización del personal, juzgados y agencias del Ministerio Público, eliminación de la conciliación como vía de resolución, y homogenizar los criterios para la prevención y atención.

Recordó que en el país, el 60 por ciento de los casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas ocurren después de que ella ha interpuesto una denuncia por violencia, lo que pone de manifiesto la necesidad de considerar de manera seria y responsable la protección de hacia ellas.

La propuesta también incluye ejes temáticos en educación, salud, justicia, trabajo, fiscalización y comunicación.

Involucra a las dependencias del gobierno estatal, tales como la Secretaría de Administración que instalaría espacios de atención a la violencia que sufren las trabajadoras o el área de fiscalización que tendría que supervisar la Contraloría. El área responsable de esta política de género estaría en manos de la Secretaría General de Gobierno como responsable de la gobernabilidad y la paz de estado.

Reyes Terán reconoció que el éxito de esta ley contra la violencia intrafamiliar depende en gran medida de los recursos, para lo cual dijo se ha propuesto al Congreso Federal la creación de un fondo de aportaciones para los estados y municipios que permitirían garantizar una vida sin violencia a las mujeres del país.

Sostuvo que el Congreso Federal debe establecer una ley que permita la creación de un sistema nacional responsable de enfrentar la violencia contra las mujeres, lo que favorecería homogeneizar códigos penales y marcos legales de todo el país.

Por último, la titular del IMO indicó que si a escala nacional no se da una respuesta al problema de la violencia contra las mujeres, tampoco se podrá resolver el crimen organizado ni la inseguridad pública.

Anunció que de manera paralela a la revisión de leyes y reglamentos que se realizan en Oaxaca, se iniciará una campaña de un año para “transformar la percepción histórica, política, social y cultural que dificulta el reconocimiento de la violencia contra las mujeres, una violencia que no es asunto de cuatro paredes, sino que tiene que ver con la justicia, los derechos humanos y la democracia”.

06/SJ/LR

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