La empresa Yale Security México, dedicada a fabricar cerraduras, pretende pagar a 12 trabajadoras y un trabajador únicamente el 30 por ciento de la liquidación total que les corresponde luego de que la compañía los despidiera por votar por un sindicato independiente.
Por estas circunstancias las y el trabajador mantienen desde el viernes pasado un plantón a las afueras de la empresa donde intentaron impedir, con el fin de garantizar el pago total de su liquidación, que camiones de carga saquen maquinaría del lugar para trasladarla a Guadalajara, ciudad donde será la nueva sede de la compañía pues fue comprada recientemente por Assa Abloy, una empresa de origen danés.
Mientras se encuentran a las afueras de Yale Security, las 12 trabajadoras y el trabajador han sido amedrentadas por elementos de la Policía Bancaria Industrial (PBI) quienes, a decir de ellas mismas, las han amenazado con armas de fuego, además, uno de los trailer que salía del lugar y que cargaba maquinaría de la empresa estuvo a punto de embestirlas, empujando al único empleado que se encuentra en dicho plantón.
Las y el trabajador que actualmente se están manifestando forman parte de un grupo de más de 100 empleadas y empleados que despidió la empresa, donde la mayoría son mujeres, por haber votado por un sindicato independiente ante la inconformidad que sentían por la forma en que se estaba manejando la cuarta sección de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sindicato que hasta ahora los ha representado bajo un contrato colectivo.
CONDICIONES PRECARIAS
De acuerdo con María Trinidad Delgado Navarro, quien fuera durante dos años almacenista del área de químicos, el sindicato que los representaba, el Obrero de las Industrias del Hierro, Metales y Manufacturas, tenía a sus agremiados en condiciones precarias.
Según Delgado Navarro, dentro de la empresa se trabaja con químicos, cianuros, cromatos que son prohibidos, metales, solventes como el bromuro, el percloro y otros químicos. Sin embargo, las mascarillas de protección, que también se utilizan dentro del área de pulido donde el polvo del proceso de pulido de las perillas es absorbido por las y los trabajadores, es extremadamente deficiente.
Incluso, con la maquinaria que utilizan las trabajadoras los accidentes que sufren son de tal magnitud que llegan a peder alguna extremidad como sucedió a una de las manifestantes quien hace algunos años perdió una parte de sus dos dedos de la mano derecha. La empresa sólo la indemnizó con 8 mil pesos.
Además, dice Delgado Navarro, en los accidentes más leves la compañía no enviaba a sus empleadas y empleados al Seguro Social, a pesar de contar con éste servicio, esto, dice la trabajadora, «para no tener antecedentes de accidentes».
Asimismo, indicó, antes de que fueran despedidas, la empresa obligo a las y los empleados a firman una carta en la que señalaba que cualquier accidente sufrido era responsabilidad del trabajador y no de la empresa «por lo que nos daba mucho miedo accidentarnos».
NUEVO SINDICATO
Estas condiciones, orillaron a las y los empleados a organizarse para votar por un sindicato independiente queperteneciera al Frente Auténtico del Trabajo (FAT), entonces, dice Delgado Navarro, al menos un 70 por ciento de las y los obreros apoyaron la iniciativa. Pero la misma empresa trato de desprestigiar al FAT.
Y aunque se permitió que hubiera votaciones, dice la trabajadora, la autoridad empresarial vigiló el proceso de votación por lo que la empresa dio cuenta de quiénes estaban votando y tenía una lista de los nombres de las y los trabajadores que elegían el sindicato independiente.
Entonces, dice Delgado Navarro, una de las campañas de la empresa era que si votaban por un sindicato independiente serían despedidos y aunque no lo hicieron de inmediato la compañía aumentó la cantidad de producción de 6 mil a 15 mil perillas diarias por lo que la empresa manejaba a su conveniencia el pago del tiempo laboral.
Así, dice la trabajadora, comenzaron las represiones y dejaron de otorgar los permisos correspondientes a los que tenían derecho las y los trabajadores, particularmente ellas pues representan la mayoría de la fuerza laboral de la empresa.
Cuando se llenaron las arcas de producción, las cuales eran trasladadas a la empresa Phillips en Naucalpan, comenzaron los despidos masivos con el argumento de que la organización pasaba por una mala racha económica, por lo que el primer grupo que salió de la empresa no fue liquidado en su totalidad sino con el 70 por ciento, cantidad que aceptaron.
Al siguiente grupo que fue liquidado, donde estaban 42 mujeres que habían votado por el sindicato independiente y en donde se encuentran las 12 trabajadoras y el trabajador, sólo le fue ofrecido el 30 por ciento de su pago total.
REINSTALACIÓN O LIQUIDACIÓN JUSTA
Con el dinero que la empresa ofrece, dice Delgado Navarro, están violando los derechos laborales, por lo con este plantón las y el trabajador están buscando que la empresa las reinstale a su puesto de trabajo o les liquide el 100 por ciento de lo que les corresponde.
Y aunque el viernes pasado la organización aceptó hablar con ellas, el día de ayer no les permitió el acceso al lugar y se niega a sostener cualquier diálogo con Eduardo Díaz Reguera, el representante legal de las y los trabajadores y quien se ha mantenido a su lado durante el plantón.
Ante este panorama, las trabajadoras tienen miedo de ser agredidas por la policía como lo fueron durante las primeras horas del día lunes cuando personal de la PIB «nos apuntaron con pistolas. No se puede amenazar a la gente, estamos defendiendo nuestros derechos y no estamos desprestigiando a la empresa sólo estamos denunciado lo que esta pasando, nada más», dijo María Trinidad Delgado Navarro
No obstante el peligro que puede representar, coincidieron en señalar que «de aquí no nos vamos a quitar hasta que no nos den una solución».
En ese sentido, Díaz Reguera, el abogado de las y el empleado, señaló a esta agencia que fue hace tres semanas cuando la empresa obligó a las y los trabajadores, bajo amenazas, a firmar el despido y quienes no lo aceptaban eran enviados con los policías de vigilancia, que pertenecen a la PBI, y que se prestaron a los actos de intimidación de la empresa.
El jefe de dicho personal, Mauricio Vidal y quien a decir de las empleadas ha sido accesible con ellas, dijo al abogado que asumía toda la responsabilidad de los actos de su gente por lo que no daría el nombre de ninguno de ellos para que Díaz Reguera no levante una demanda en su contra.
Las trabajadoras y el trabajador despedidos son: María Trinidad Delgado Navarro, con 2 dos años de antigüedad; Alicia Ramírez León con 23 años; Elizabeth González, con 11 años; Celia Fuentes, con 16 años de antigüedad; Silvia Leonila Avilés, con 17 años; Isabel Escalante, con 10 años; Elvia Salazar con 18 años; Rosa Albina Cuatra con 10 años; Sandra Patricia Liria con 17 años; y Jesús Santiago con 15 años de antigüedad.
Y las liquidaciones netas oscilan entre los 30 mil y 160 mil pesos.
07/HV/GG
