El maltrato y la discriminación hacia las trabajadoras sexuales en México siguen siendo una constante que mina su calidad de vida y obstaculiza la lucha en contra del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Así lo señalaron, en comunicado de prensa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (Censida), en conjunto con la Coalición Mexicana de Trabajo Sexual en Acción, en vísperas del Día Internacional de la Trabajadora Sexual, que se conmemora hoy en memoria de las 150 trabajadoras sexuales que en 1975 ocuparon la iglesia de St. Nizier, en Lyón, Francia, para protestar por la violencia que sufrían.
Las detenciones arbitrarias, la negación de servicios médicos, la aplicación de pruebas de detección sin consentimiento informado y la violación de la confidencialidad, entre otras violaciones recurrentes a sus derechos, son conductas recurrentes que infringen las garantías de esta población, de sus familias e incluso, de sus clientes.
La discriminación en contra de las trabajadoras sexuales obstruye la prevención de la transmisión del VIH/SIDA e ITS, por lo que esta actividad requiere protección como los delitos como los abusos de autoridad y trata de personas con fines de explotación sexual, manifestó la Coalición Mexicana de Trabajo Sexual en Acción junto con la CNDH, Conapred y Censida.
Por ello, las instituciones de defensa de derechos humanos y en contra de la discriminación, que impulsan el reconocimiento del 2 de junio como Día Internacional de la Trabajadora Sexual refirieron que incorporar a las trabajadoras sexuales en la elaboración de políticas públicas destinadas a reglamentar y proteger sus derechos fortalecería «la respuesta ante el VIH/SIDA».
La discriminación y la explotación por parte de las autoridades son perjudiciales para prevenir la propagación del virus, afirmaron. Y recalcaron que México ha suscrito instrumentos internacionales en la materia, que establecen que «los programas de prevención deben basarse en el respeto de los derechos humanos y la dignidad, y el reconocimiento de que las personas son capaces de actuar responsablemente en lo que respecta a su propia salud y la de los demás».
«Las estrategias y programas que se basan en la coerción hieren la dignidad humana y violan el principio de respeto de la autonomía individual. Además, la experiencia indica que tales políticas coercitivas son contraproducentes desde el punto de vista de la salud pública», dijeron.
De igual modo, mencionaron que las zonas de tolerancia y las tarjetas de control sanitario no garantizan la protección de la salud de las trabajadoras sexuales, ni de sus clientes, sino que impulsan la corrupción, la extorsión, formas de esclavitud y otras violaciones a los derechos humanos.
Cabe mencionar, que según la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana NOM-010-SSA2-1993, modificada en 1999, especifica que ninguna autoridad puede exigir pruebas de detección del virus sin que presente una orden judicial, pues estos procedimientos, además de violar sus derechos, son «esfuerzos inútiles de prevención del VIH/SIDA».
La prevalencia promedio de las trabajadoras sexuales es menor al 0.5 por ciento; no obstante, se les señala como causa de la epidemia, cuando dicha responsabilidad es compartida con sus clientes. Cabe señalar que desde los inicios de la epidemia las trabajadoras sexuales han colaborado para prevenir la infección, y conforman uno de los grupos epidemiológicos que primero declinó su tasa de casos nuevos, de acuerdo con estudios de la Secretaría de Salud (SS).
09/GCJ/GG
